El 1 de setiembre de 2010, en la provincia de Cajamarca, departamento del mismo nombre, Marco Bonifacio Sánchez, director de los programas informativos “El Canillita” y “El Patíbulo” que se difunde por radio Turbo Mix Canal 19, fue condenado a dos años de pena privativa de libertad suspendida por el presunto delito de injuria en agravio de Marco Aurelio La Torre Sánchez, alcalde de Cajamarca.
El Tercer Juzgado Penal Liquidador Transitorio, en su resolución concluye que las palabras utilizadas por el periodista para criticar la inexperiencia y falta de conocimiento sobre la gestión pública de La Torre Sánchez han sido injuriosas. Ello concluyó el juez –según defensa del periodista— sin tomarse en cuenta que en lo expresado no existe la intención de dañar el honor del querellante, ni se han analizado las circunstancias en las que han sido vertidas, pues, las apreciaciones con contenido desfavorable fueron propaladas contra un funcionario público durante el cumplimiento de sus obligaciones.
Bonifacio Sánchez, ha criticado y calificado como terquedad e ignorancia acciones presuntamente irregulares en la función pública de La Torre Sánchez, tales como, la contratación de algunos funcionarios despedidos por la Municipalidad de Lima, el reiterado cobro indebido de arbitrios, así como, el haber contratado una empresa gasolinera con problemas judiciales para el depósito de la donación de petróleo que hizo ADUANAS Tumbes, combustible que luego, se presume, desapareció.
Asimismo, el periodista calificó como ilógica la imputación pública hecha por la autoridad, en una reunión del Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV- contra la empresa periodística en la que trabaja al acusar a su gerente Wilmer Huaripata Aguilar —presente en la reunión— de ser promotor de una “empresa chatarra”.
Bonifacio Sánchez, impugnó la sentencia y espera que en instancia superior se remedie el error judicial. Refiere, que la presente acción jurídica contra él, es una de las siete que le ha impuesto la autoridad política, con la intención de silenciar su voz, su posición crítica y de denuncia ante la opinión pública.
El periodista indica, que el 15 de setiembre se llevará a cabo una nueva audiencia de lectura de sentencia, esto en un segundo proceso. De ser condenatoria, teme por su libertad personal.
“La libertad de expresión debe ser garantizada no sólo para aquellas ideas o informaciones que pueden ser recibidas de manera favorable o consideradas inofensivas o indiferentes sino también para aquellas manifestaciones que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”, ha señalado la defensa legal del periodista.
"Aquellos mensajes relacionados con asuntos de interés público y acerca de funcionarios públicos, deben contar con especial protección. Las opiniones no pueden ser objeto de responsabilidades ulteriores”, precisa la jurisprudencia sobre delitos contra el honor que obra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bonifacio Sánchez, ha criticado y calificado como terquedad e ignorancia acciones presuntamente irregulares en la función pública de La Torre Sánchez, tales como, la contratación de algunos funcionarios despedidos por la Municipalidad de Lima, el reiterado cobro indebido de arbitrios, así como, el haber contratado una empresa gasolinera con problemas judiciales para el depósito de la donación de petróleo que hizo ADUANAS Tumbes, combustible que luego, se presume, desapareció.
Asimismo, el periodista calificó como ilógica la imputación pública hecha por la autoridad, en una reunión del Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV- contra la empresa periodística en la que trabaja al acusar a su gerente Wilmer Huaripata Aguilar —presente en la reunión— de ser promotor de una “empresa chatarra”.
Bonifacio Sánchez, impugnó la sentencia y espera que en instancia superior se remedie el error judicial. Refiere, que la presente acción jurídica contra él, es una de las siete que le ha impuesto la autoridad política, con la intención de silenciar su voz, su posición crítica y de denuncia ante la opinión pública.
El periodista indica, que el 15 de setiembre se llevará a cabo una nueva audiencia de lectura de sentencia, esto en un segundo proceso. De ser condenatoria, teme por su libertad personal.
“La libertad de expresión debe ser garantizada no sólo para aquellas ideas o informaciones que pueden ser recibidas de manera favorable o consideradas inofensivas o indiferentes sino también para aquellas manifestaciones que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”, ha señalado la defensa legal del periodista.
"Aquellos mensajes relacionados con asuntos de interés público y acerca de funcionarios públicos, deben contar con especial protección. Las opiniones no pueden ser objeto de responsabilidades ulteriores”, precisa la jurisprudencia sobre delitos contra el honor que obra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
