Caretas debió rectificar
Por Carlos Ferrero
Fui de los pocos que protestaron públicamente cuando en el Gobierno del General Velasco se clausuró Caretas. Además, durante 30 años he tenido espacio en sus páginas, cuando muchos otros me lo negaban. Por esa razón me apena muchísimo el gravísimo error cometido por la revista con los casos de A. Toledo y J. Reátegui, altos dirigentes de mi Partido.
Por Carlos Ferrero
Fui de los pocos que protestaron públicamente cuando en el Gobierno del General Velasco se clausuró Caretas. Además, durante 30 años he tenido espacio en sus páginas, cuando muchos otros me lo negaban. Por esa razón me apena muchísimo el gravísimo error cometido por la revista con los casos de A. Toledo y J. Reátegui, altos dirigentes de mi Partido.
Caretas sabía que estamos en campaña y que ambos son candidatos que van por delante. Caretas sabía que vincular a cualquier político con temas de narcotráfico le quitaría votos y que esto favorecía directamente al candidato del Gobierno, que es Castañeda. Por tanto, la revista, necesariamente, tenía que ser consciente del daño que causaría con la carátula y textos que publicaba.
Sin embargo, demostrado que una foto de cualquier persona en acto público y en ejercicio de función no prueba nada; revelado también que el Reátegui mencionado no tiene ningún parentesco con Javier Reátegui; descubierto que el personaje en la foto del matrimonio es Modonesi y no Reátegui, a Caretas no le quedaba sino recular de inmediato, pedir disculpas, y en el número siguiente rectificar en la misma forma tan destacada como salió la nota inicial.
En cambio, por toda explicación, Marcos Zileri dijo que trabajaban con base en informaciones que estaban tratando de corroborar. Llegaron a inventar una excusa —sin duda absurda— al decir que actuaban de esa manera porque tenían la sospecha de que si Toledo ganaba la elección dejaría sin efecto la investigación a los Sanchez Paredes.
Enrique y su hijo Marco saben bien que, según el art. 132 del Código Penal, constituye delito de difamación atribuir a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o su reputación. ¿Vincular a Toledo y a Reátegui con el narcotráfico no es perjudicarlos?
Pero, además, Enrique Zileri es miembro directivo del Consejo de la Prensa Peruana, un conjunto de entusiastas defensores del cuestionado criterio de que los medios se autorregulan solos. En este caso ha actuado completamente contrario a los principios que dice defender. Porque ha acusado sin pruebas y de mala fe, afectando el honor de dos personas y de Perú Posible, en plena campaña electoral.
Según ya expresé alguna vez, si tuviese que escoger entre la anarquía de la libertad periodística y la censura de las dictaduras a la prensa, escogería la primera. Pero, como millones de personas, me niego a encerrarme en esa dicotomía. Requerimos que el poder de los medios no corra por ninguno de los dos extremos y que, más bien, sepan equilibrar libertad con responsabilidad.
El derecho al honor y a la buena reputación tiene que ser respetado tanto o más que el derecho a ser propietario o a transitar por donde uno quiera. Los periodistas que quieren ejercer su profesión conforme a valores, no pueden olvidar este principio fundamental.
Publicado en Hildebrandt en sus trece, N.º 43, 18 de Febrero 2011, Pág. 2
Sin embargo, demostrado que una foto de cualquier persona en acto público y en ejercicio de función no prueba nada; revelado también que el Reátegui mencionado no tiene ningún parentesco con Javier Reátegui; descubierto que el personaje en la foto del matrimonio es Modonesi y no Reátegui, a Caretas no le quedaba sino recular de inmediato, pedir disculpas, y en el número siguiente rectificar en la misma forma tan destacada como salió la nota inicial.
En cambio, por toda explicación, Marcos Zileri dijo que trabajaban con base en informaciones que estaban tratando de corroborar. Llegaron a inventar una excusa —sin duda absurda— al decir que actuaban de esa manera porque tenían la sospecha de que si Toledo ganaba la elección dejaría sin efecto la investigación a los Sanchez Paredes.
Enrique y su hijo Marco saben bien que, según el art. 132 del Código Penal, constituye delito de difamación atribuir a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o su reputación. ¿Vincular a Toledo y a Reátegui con el narcotráfico no es perjudicarlos?
Pero, además, Enrique Zileri es miembro directivo del Consejo de la Prensa Peruana, un conjunto de entusiastas defensores del cuestionado criterio de que los medios se autorregulan solos. En este caso ha actuado completamente contrario a los principios que dice defender. Porque ha acusado sin pruebas y de mala fe, afectando el honor de dos personas y de Perú Posible, en plena campaña electoral.
Según ya expresé alguna vez, si tuviese que escoger entre la anarquía de la libertad periodística y la censura de las dictaduras a la prensa, escogería la primera. Pero, como millones de personas, me niego a encerrarme en esa dicotomía. Requerimos que el poder de los medios no corra por ninguno de los dos extremos y que, más bien, sepan equilibrar libertad con responsabilidad.
El derecho al honor y a la buena reputación tiene que ser respetado tanto o más que el derecho a ser propietario o a transitar por donde uno quiera. Los periodistas que quieren ejercer su profesión conforme a valores, no pueden olvidar este principio fundamental.
Publicado en Hildebrandt en sus trece, N.º 43, 18 de Febrero 2011, Pág. 2
