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CARLOS FERRERO PIDE DECLAREN INCONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO POR NO HABER SIDO DEBATIDO EN EL CONGRESO
Por: Jéssica Zárate, El Chino
El gobierno aprista sigue sin subsanar el grave error cometido en agosto del 2006, cuando premeditadamente evitó que el TLC entre Perú y Chile sea revisado y debatido por el Congreso de la República tal y como lo exige el Artículo 56 de la Constitución. Hoy a pocos días de entrar en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio con el vecino país del Sur, se levantan voces discordantes desde el Parlamento y de algunos personajes políticos de gobiernos anteriores como Carlos Ferrero Costa, ex presidente del Consejo de Ministros en el período toledista, que calificó de un nuevo “caballazo” lo hecho por el presidente de la República, Alan García Pérez.
—Doctor Ferrero, ¿por qué cree usted que el gobierno de García Pérez hizo pasar el TLC Perú-Chile como un tratado ejecutivo cuando en realidad es un tratado normal?
—Yo creo que intentó pasarlo por el Congreso para que no se debata, para que no se conozca, a pesar que probablemente hubiera tenido los votos de los fujimoristas y apristas, pero no quería que se supiera el detalle de lo que se trataba y se fue de frente a la publicación.
—¿El copamiento chileno en nuestra economía nacional constituye una peligrosa política exterior por parte del gobierno aprista?
—Sí, es peligroso darle tantas ventajas comerciales, ¿para qué? Además, ya el Perú tenía un acuerdo comercial con Chile y tiene también un acuerdo comercial de inversiones, ya no era necesario, más aún cuando discute nuestros derechos marítimos.
—¿Cree entonces que el gobierno está aplicando una política entreguista?
—Yo no quiero calificar, ellos sostienen que lo comercial no tiene nada que ver con la política, esa es la tesis de García Pérez y del APRA, lo que se llama cuerdas separadas. En todos los países, la política y la economía están vinculadas. Por ejemplo, políticamente Estados Unidos no aceptó que los árabes tuvieran control sobre un puerto, políticamente los rusos le han puesto condición a Polonia para que deje entrar carne a su país y el asunto del gas también es un tema que se trabaja con la política. Cuando muchos peruanos con toda razón dicen que las empresas estratégicas no pueden ser extranjeras, están vinculando la política con la economía y así los países en general protegen sus intereses. En el caso de Chile, este Perú se ha abierto demasiado y le ha dado ventajas que no son recíprocas, por ejemplo en Chile no permiten bancos peruanos y sin embargo nosotros todo se lo hemos dado, por lo tanto hay una desigualdad que es perjudicial para el país.
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
—Se dice que la inversión chilena trae consigo crecimiento económico; sin embargo, también se afirma que el alto precio a pagar por esto sería la pérdida de nuestra soberanía y el convertirnos colonia de chile en los próximos 20 años. ¿Cómo explicar esta contradicción y cuál sería el equilibrio?
Claro, yo preferiría crecer un punto menos y el equilibrio estaría en que nosotros le demos a Chile lo que ellos nos dan. Si ellos quieren, por ejemplo, tener acá determinadas facilidades, que reconozcan pues que el pisco es peruano, si quieren tener transportes de cabotaje entonces que nos dejen tener allá barcos peruanos en la costa chilena, o sea que la cosa sea recíproca. No como ahora que damos todo y no recibimos nada.
—¿Cómo frenaríamos la inversión de capitales chilenos?
—La Constitución si bien dice que hay que tratar igual a lo nacional y lo extranjero, también señala que debe haber reciprocidad y no la hay, el proyecto Giampietri que pedía reciprocidad fue escondido por los apristas.
—¿Es procedente formular acusaciones constitucionales contra los ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores para que dejen sin efecto el decreto supremo que dispone la vigencia del TLC Perú-Chile?
Lo que se debe hacer es una acción de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional declare no válido por no haber sido revisado en el pleno del Congreso, pero esto es difícil ya que el TC está controlado por el gobierno. La salida del próximo gobierno debe volver a negociar este tratado dando un plazo de ley.
