La Católica acusa a Cipriani de apetito económico
El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Marcial Rubio, salió al frente de las pretensiones del cardenal Juan Luis Cipriani acusándolo de apetencias económicas por ser su verdadero objetivo la toma de posesión de los bienes totales de la universidad.
Explicó que Cipriani esgrime dos estrategias, una es lanzarse sobre los bienes (heredados) de José de la Riva Agüero y el otro es obtener el poder político dentro de la universidado a través de la reforma de estatutos.
Recordó que con la sentencia del Tribunal Constitucional en marzo de 2010, que falló en contra la PUCP, el Arzobispado logró que un extracto de la sentencia se agregara a las partidas registrales de los inmuebles de la universidad, con lo cual no solo tienen injerencia sobre los bienes donados por su principal benefactor, sino sobre los adquiridos con posterioridad.
Subrayó que con ello Cipriani “Quiere apoderarse de los bienes de la universidad”.
Rubio señaló que un consejo de la Asamblea Universitaria decidirá en 30 días si se modifica el estatuto de la universidad, y descartó que su reglamento interno permita al cardenal elegir al rector de una terna, como él dice.
Por su parte, Cipriani fustigó al rector cuestionando su honestidad solicitándole ser más “honesto” y aclarar que los estatutos no lo avalan para tener injerencia en la universidad y negó que el asunto se relacione a un afán económico.
“El ladrón cree que todos son de su condición. Yo no creo que estemos hablando aquí de millones, estamos hablando de acatar una transparencia que toda entidad tiene”, dijo y negó que pretendan quitar a la universidad la libertad de cátedra.
Contra el ministro
Cipriani arremetió también contra el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, indicando las autoridades universitarias de la PUCP buscarán influir en el fallo del Tribunal Constitucional. “Ahora están usando el poder político, porque el actual ministro de Justicia viene de sus canteras, para cambiar una fallo judicial”, declaró en RPP.
La CGTP a favor de la PUCP
De otro lado, la CGTP respaldó a las autoridades de la PUCP y demandó al Vaticano y al cardenal Juan Luis Cipriani “respetar las leyes nacionales”. “Nuestra central considera que, de prosperar las pretensiones del arzobispo de Lima, se debilitaría aún más la educación nacional cuyo colapso se profundizó durante la dictadura de Alberto Fujimori, gobierno respaldado por el mencionado sacerdote”, manifestaron en un comunicado.
Cipriani insistió que la PUCP debe acatar los cambios ordenados por la Congregación para la Educación Católica del Vaticano y alega que la propia universidad envió sus estatutos para esta revisión.
Sobre el retiro de la denominación “Pontificia” del nombre de la universidad, Rubio señaló que eso es potestad de la Santa Sede y que si así lo hace se allanarán a ello. La principal preocupación de la PUCP es que, a través del fallo del TC, la Iglesia podrá tener el control en las decisiones de todos sus inmuebles, que incluyen el terreno de Plaza San Miguel.
La Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede señala que la universidad debe regirse por un documento firmado por el Papa Juan Pablo II en 1990 y le da atribuciones extremas a Cipriani como “Gran Canciller”.
El Vaticano considera que Cipriani tendrá desde ahora la potestad de proponer a Roma el nombre del rector, de una terna salida de la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno, que goza de autonomía de acuerdo con la Ley Universitaria.
“El Episcopado tiene derecho a participar en la vida universitaria a través del Gran Canciller”, señala el documento de la Santa Sede y dispone que el rector electo otorga su “profesión de fe” a Cipriani antes de ejercer el cargo.
Este documento es interpretado por la PUCP como intento de sometimiento absoluto a Cipriani.
La universidad debe someterse a las leyes peruanas y a la Constitución “Ex Corde Ecclesiae” de 1990, según la cual los profesores “deben respetar la doctrina y la moral católica en su investigación y enseñanza”, según lo indicado en el documento del Vaticano, que precisa que los cambios deben hacerse “necesaria e ineludiblemente”.
Luis Gaspar, juez del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima, dijo que las observaciones “no afectan la autonomía” del centro superior y que sólo se trata de garantizar respeto a la identidad cristiana y los cánones de la Iglesia Católica.
En tanto, la Asamblea Universitaria se reunió y respaldó el estatuto actual de la PUCP que tiene “el consenso de su comunidad universitaria” y reafirmó la preservación de su autonomía universitaria y “el derecho a la propiedad privada de sus bienes, de acuerdo con la Constitución y la legislación peruana”.
La Asamblea Universitaria precisa que los bienes de esta casa no son de la Iglesia ni regidos por el Derecho Canónico, sino por las leyes peruanas y respaldó al rector Marcial Rubio reafirmando su identidad católica y formó una comisión para estudiar la propuesta de reforma del Vaticano.
Rubio anunció que el pronunciamiento será en 30 días y recordó que “sólo la Asamblea Universitaria puede modificar el Estatuto, no el Vaticano ni el Cardenal Cipriani, y la universidad cree que solo la Asamblea se encarga de elegir al rector.
“El cardenal Cipriani busca presionar para apoderarse de la universidad y no lo logrará, pues el centro del conflicto es el patrimonio: mil millones de soles están en juego, es un tema de dinero y de poder. El arzobispo está en guerra con la universidad desde hace 12 años, pero las propiedades son de la universidad y no bienes eclesiásticos”, dijo Rubio a La República.
En su testamento. José de la Riva Agüero y Osma estableció en 1938 una junta para administrar sus bienes con participación cardenalicia. El principal beneficiado fue la U. Católica, que en 1964 se convirtió en propietario del campus de 43 hectáreas que incluye el centro Plaza San Miguel.
Cabe señalar que la siniestra secta del Opus Dei, a la cual pertenece el cardenal Juan Luis Cipriani, es muy conocida por su ambición económica y manipulación en el sector educación, con lo cual hicieron mucho daño y parasitaron a la educación española durante el franquismo, al favorecer a miembros de la secta en lugar de profesores por su capacidad académica. En España se les conoce como “la Santa Mafia”.
Recientemente un sacerdote de la secta del Opus Dei fue acusado de violación contra un monaguillo menor de edad. Lo grave es que el depravado ya tenía dos antecedentes de agresión sexual contra menores, y la secta, en lugar de expulsarlo o excomulgarlo, lo mantuvo en sus filas, lo cual constituiría delito de encubrimiento según las leyes peruanas. Extrañamente, la prensa no toca el caso de este presunto encubrimiento al cura por parte del Opus Dei (ver Opus Dei habría encubierto a presunto cura violador de su secta).
