Flamante ley de consulta previa hará obligatorios acuerdos entre estado y pueblos indígenas u originarios
Primer Proyecto de Ley fue presentado por Acción Popular.
El día de hoy se ha publicado en El Peruano la Ley 29785-Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios que le da efectividad y desarrolla el Convenio OIT N° 169 suscrito por el Perú. El congresista Yonhy Lescano, autor del primer proyecto de ley sobre la materia durante el actual Parlamento, destacó que los acuerdos que se logren entre el Estado y estas comunidades serán vinculantes y exigibles administrativa y judicialmente conforme a su artículo 15|.
En caso no se alcance un acuerdo, corresponde al Estado adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo.
Lescano manifestó que es derecho inalienable de los pueblos indígenas a que la aplicación de medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente sobre la vida y cultura de estos pueblos, es decir, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida y su desarrollo, sean antecedidas de un proceso de diálogo entre sus instituciones representativas y el Estado.
“Los principios de oportunidad, interculturalidad, buena fe, flexibilidad, plazo razonable, ausencia de coacción o condicionamiento e información oportuna, entre otros, deben ser los pilares en la aplicación de cada etapa que comprenda todo proceso de consulta y de esta forma se respeten los derechos fundamentales de los pueblos indígenas u originarios”, manifestó el parlamentario.
La ley aprobada evitará que vuelvan a ocurrir lamentables conflictos y hechos de sangre como los luctuosos sucesos del denominado “Baguazo” perpetrados por el gobierno anterior que emitió decretos legislativos atropellando los derechos de los pueblos nativos de la Amazonía. Evitará también que se otorguen concesiones mineras o petroleras atropellando los derechos de los pueblos indígenas que habitan dichas zonas. Es el caso de la concesión del proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani/Kelluyo en Chucuito, Puno, que fue aprobado de espaldas al pueblo, y fue éste que con su legítima protesta el que evitó que se consumara. Con la ley aprobada se prevendrán estos conflictos.
