Arzobispado de Huancayo en contra de una tercera ampliación del PAMA a Doe Run
P
orque “afectaría salud y vida de pobladores”
En carta dirigida a principales autoridades del Gobierno y público en general (ver documento), el Arzobispado de Huancayo se pronunció en contra de la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya –como lo anunció la Junta de Acreedores de Doe Run Perú y el Ministerio de Energía y Minas– si antes no cumple con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Según el pronunciamiento, la empresa Doe Run Perú pidió en dos oportunidades la ampliación del PAMA, pero no cumplieron con sus obligaciones y por ello “nos indigna que con estos antecedentes, solicite nuevamente al Estado peruano una ampliación de 30 meses más”, lo cual “volvería a afectar gravemente la vida y salud de la población”.
“Ante la solicitud de una tercera ampliación del PAMA no podemos callar porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integración”, señala la carta.
COLECTIVO SOLICITÓ REVISAR PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA REACTIVACIÓN DEL COMPLEJO METALÚRGICO
La semana pasada, un colectivo de organizaciones dedicadas a la defensa del ambiente y los derechos humanos, envió al Congreso de la República una carta para solicitar la observación del proyecto de ley 636/2011-CR, que pretende ampliar por tercera vez el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del complejo metalúrgico de La Oroya, operado por Doe Run Perú. (Ver documento)
Según el documento, dirigido al Presidente del Congreso, Daniel Abugattás, y al Presidente de la Comisión de Energía y Minas, Martin Rivas, el proyecto de ley busca dar “una amplia flexibilidad para que el complejo metalúrgico La Oroya renueve sus actividades” sin contemplar las “medidas para la protección a la salud y al ambiente que pueden verse afectadas”.
La carta fue firmada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). SPDA.
