Acusaciones de terrorismo contra ambientalistas de Majaz son falsas
La 5ta Fiscalía Penal de Piura desestima denuncia por terrorismo y tortura contra ambientalistas
La 5ta Fiscalía Provincial Penal de Piura a cargo del Fiscal José Ortiz Arévalo archivó la investigación iniciada a 35 personas entre autoridades, dirigentes y defensores de derechos humanos y ambientales por la denuncia formulada por el autodenominado Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas (FUCSC), por terrorismo, tortura y otros.
Mediante resolución N.º 171-2008 Ministerio Público emitida el pasado 17 de octubre, luego de analizar las declaraciones de los acusados, los testimonios de 9 testigos de la parte denunciante, 333 recortes periodísticos de diarios locales, 3 DVD de programas televisivos, correos electrónicos y 151 documentos, así como la documentación sustentatoria presentada por la defensa, Ortiz resolvió no haber lugar a formalizar la denuncia penal por comisión de delito de terrorismo y tortura contra miembros de diversas ONG, autoridades y dirigentes de Piura.
La resolución fiscal detalla que los hechos a los que se refiere la denuncia, como acciones terroristas, tienen como causa el enfrentamiento de dos grupos con posiciones encontradas respecto de la presencia y funcionamiento de la empresa minera Río Blanco Copper S.A., lo que no acredita la existencia de terrorismo, además de no haberse comprobado relación entre los denunciados y dichos hechos.
Ante lo burdo de la denuncia, resolvió su archivamiento definitivo de la denuncia en cuanto a este delito.
La resolución también decide archivar el caso de tortura, por cuanto no se han acreditado los supuestos actos de tortura, pero además, porque para la comisión de este delito el autor debe ser un funcionario público.
Respecto de los demás delitos materia de la denuncia, el fiscal determinó que no es competente sobre los mismos y derivará dichos actuados al fiscal provincial de Huancabamba para su evaluación, una vez consentida la resolución.
Con esta actuación fiscal queda claro hasta qué punto puede llegar la voracidad de inescrupulosos inversionistas, que para pisotear la voluntad de la población no tienen reparo en difamar con acusaciones de terrorismo a los pobladores que defienden sus derechos.
El caso debe ser otro motivo más para investigar y revisar las concesiones otorgadas a las empresas, que tal vez tendrían las mismas características que las ocurridas con la petromafia del prófugo Rómulo León, pues el Perú debe invitar a inversionistas decentes, no a hampones como estos.
La resolución fiscal detalla que los hechos a los que se refiere la denuncia, como acciones terroristas, tienen como causa el enfrentamiento de dos grupos con posiciones encontradas respecto de la presencia y funcionamiento de la empresa minera Río Blanco Copper S.A., lo que no acredita la existencia de terrorismo, además de no haberse comprobado relación entre los denunciados y dichos hechos.
Ante lo burdo de la denuncia, resolvió su archivamiento definitivo de la denuncia en cuanto a este delito.
La resolución también decide archivar el caso de tortura, por cuanto no se han acreditado los supuestos actos de tortura, pero además, porque para la comisión de este delito el autor debe ser un funcionario público.
Respecto de los demás delitos materia de la denuncia, el fiscal determinó que no es competente sobre los mismos y derivará dichos actuados al fiscal provincial de Huancabamba para su evaluación, una vez consentida la resolución.
Con esta actuación fiscal queda claro hasta qué punto puede llegar la voracidad de inescrupulosos inversionistas, que para pisotear la voluntad de la población no tienen reparo en difamar con acusaciones de terrorismo a los pobladores que defienden sus derechos.
El caso debe ser otro motivo más para investigar y revisar las concesiones otorgadas a las empresas, que tal vez tendrían las mismas características que las ocurridas con la petromafia del prófugo Rómulo León, pues el Perú debe invitar a inversionistas decentes, no a hampones como estos.
