Parte 1. Más de US$ 4 millones solo en bienes inmuebles y 59 vehículos para el transporte de sus miembros y el uso en sus cementerios. El Sodalicio de Vida Cristiana, creado por Luis Figari, experimentó un saludable crecimiento en sus pocos años de vida. Ahora se entiende por qué el conflicto por expulsar a su fundador va más allá de la moral.
Millones. Aquí se ubica el inmueble sodálite más caro.
Laura Grados. Útero.Pe
El Sodalitium Christianae Vitae (SCV) fue fundado en 1971 en Perú por el laico Luis Fernando Figari, hoy acusado de abuso sexual, físico y psicológico contra los jóvenes miembros de su organización a lo largo de aproximadamente 30 años. El caso se ventila, de oficio, en el Ministerio Público.
El escándalo que ha puesto en el ojo de la tormenta a la organización llegó a su punto máximo con la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que ha sido el combustible perfecto para la detonación de una serie de sucesos en el interior no solo del Sodalicio, sino de toda la Iglesia Católica peruana.
Esta publicación ya ha documentado las disputas entre el Arzobispado de Lima, la Conferencia Episcopal, las cabezas actuales del SCV y el círculo íntimo del propio Luis Fernando Figari. Todos, excepto los últimos, tratando de limpiarse del polvo que se levantó tras las denuncias públicas de abusos.
Así las cosas, desde finales de octubre, cuando el cardenal Juan Luis Cipriani hizo un amago de advertencia, solicitando públicamente al SCV la expulsión de su líder fundador, ha pasado más de un mes y la organización, que goza de derecho canónico, no se ha pronunciado al respecto.
Figari continúa viviendo en Roma en situación de “retiro”, mientras que el Sodalicio definió la conformación de la Comisión ad hoc para atender las denuncias.
Sin embargo, existe otro asunto que preocupa más a los sodálites y se trata de la investigación que por tres meses la 26 Fiscalía Procesal Penal, a cargo de María Peralta, llevará a cabo. Esto supone, en boca de ellos mismos, tener encima al Ministerio Público solicitando documentación que hubiesen preferido nunca tener que compartir.
El negocio y el concordato
Resulta que tras 44 años de su creación (8 de diciembre de 1971) la organización ha experimentado no solo un notable crecimiento entre acólitos –además de Perú en varios otros países latinoamericanos–, sino una expansión económica sostenida en el tiempo.
Para nadie es un secreto que el SCV se enfocó en apuntar como público objetivo, principalmente, a los sectores socioeconómicos A y B. Hijos de padres empresarios o altos mandos en empresas. Muchachos con posibilidades de aportar un poco más que la oración.
El SCV goza de derecho pontificio. ¿Eso qué significa? El término es fundamental.
El artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta (IR) trata sobre la aplicación de una exoneración del IR a ciertas organizaciones. En este caso nos referiremos a las que son de corte religioso sin distinción de credo. Pueden ser católicos, cristianos protestantes, judíos, musulmanes, budistas, etc.
Todos ellos están exonerados del IR siempre que el excedente obtenido, producto del alquiler o venta de un bien o servicio de su congregación, sea reinvertido en actividades religiosas.
Pero para el caso particular de la Iglesia Católica en nuestro país, durante el gobierno dictatorial (1975-1980) del general Francisco Morales Bermúdez, el Estado peruano firmó un acuerdo con la Santa Sede, denominado Concordato.
En este documento, entre otras cosas, se hacen especificaciones acerca de la situación tributaria de las organizaciones católicas.
Así pues, tenemos que la Iglesia Católica posee una especie de inmunidad tributaria a nivel constitucional. Los ingresos que genere no se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta cualquiera sea el destino de estos.
Aprodea, eje principal
La Asociación Promotora del Apostolado (Aprodea) está inscrita como Institución Religiosa y se registró en 1978.
El domicilio fiscal está ubicado en la calle Pedro de Osma 434, en Barranco. El presidente de esta institución es Alfredo Martin Ferreyros, mientras que los apoderados son Jaime Trelles Thorne y Andrés Tapia Arbulú.
Aprodea funciona como el eje principal para el Sodalicio. A su nombre, según una búsqueda en los Registros Públicos (Sunarp), se encuentran cinco predios, entre los cuales figura un terreno rústico en Puente Piedra, en donde funciona el cementerio Jardines del Buen Retiro.
Además posee dos inmuebles en La Molina, uno en El Sol, comprado en el 2005 por una suma total de 480 mil dólares, y otro en la urbanización Club Campestre Las Lagunas, adquirido por un nada despreciable monto de 1.7 millones de dólares en el 2013. Este último presenta un área de más de dos mil 224 metros cuadrados.
En 1987 el SCV obtuvo, por donación, un terreno en la calle 2 de la manzana V en Monterrico, San Borja. Su construcción, que constó de un estacionamiento para 17 automóviles, cinco rampas, 13 jardines, cinco patios, seis salas, dos capillas, dos confesionarios, entre otros detalles, culminó en 1997 por un valor que ascendió a más de medio millón de soles (S/. 537,235).
Aprodea registra también 26 vehículos a su nombre que, a juzgar por las características de cada uno, están destinados para uso particular y otros tantos para carga o transporte de pasajeros. ¿La razón? El traslado de personal eclesiástico y lo necesario para cubrir la demanda de los cementerios del SCV.
Los cementerios
Parque del Recuerdo y Jardines del Buen Retiro fueron inscritos como instituciones religiosas. Ambos tienen como representante legal a Juan Carlos Len Álvarez, un antiguo miembro del Sodalicio y uno de los brazos empresariales de la organización. Es hermano de Gonzalo Len, hombre de suma confianza de Luis Fernando Figari.
Obtener un nicho para cuatro personas en uno de estos cementerios no baja de los cinco mil dólares, que se pueden pagar en cómodas cuotas mensuales por un periodo determinado.
La ventaja de estas dos empresas manejadas por Len Álvarez es que, al ser inscritas como instituciones religiosas, están exentas de pagar impuestos, como ya lo habíamos explicado tras la firma del Concordato.
Solo Parque del Recuerdo registra 15 vehículos a su nombre, en varios de ellos comparte propiedad con Jardines del Buen Retiro.
Las asociaciones
Según lo explica el especialista en derecho tributario Mario Alva Matteucci, el literal b) del artículo 19 de la Ley del IR determina un supuesto de exoneración para las rentas que son generadas específicamente por las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.
En el caso del SCV, existen tres asociaciones vinculadas. La primera, Solidaridad en Marcha, está representada por José Ambrozic, uno de los hombres de confianza de Figari. Ambrozic es actualmente vicario general del Sodalicio.
Esta organización –sin fines de lucro– registra un inmueble y 18 vehículos a su nombre, según consta en los documentos encontrados en la Sunarp.
La segunda es básicamente una especie de imprenta. Registrado como asociación, el Centro Cultural de Investigación y Publicaciones Vida y Espiritualidad es presidido por Carlos Neuenschwander Sahurie, natural de Arequipa y miembro activo del Sodalicio, es sobrino del actual congresista pepecista Juan Carlos Eguren.
La tercera es la Asociación para el Fomento de la Educación, la Cultura, el Deporte y Otros, representada legalmente por su presidente, Mario César Constantino Rivarola Morán, quien llegó al Sodalicio de la mano de Luis Figari. Rivarola Morán es visto, en el interior de esa organización, como el visionario en cuanto al manejo del dinero. Esa es, digamos, su principal misión.
Las asociaciones están exoneradas del pago de Impuesto a la Renta, siempre que el excedente producto del alquiler o venta de algún bien o servicio sea reinvertido en los fines religiosos o para los que han sido fundadas.
Figari versus millones
Hasta el momento, entonces, los rostros visibles en las entidades creadas alrededor del Sodalicio se centran en José Ambrozic, Juan Carlos Len, César Rivarola y Carlos Neuenschwander.
Estos cuatro personajes tienen bajo su administración los principales bienes de la organización, que podríamos resumir en seis inmuebles que, juntos, comparando con los precios actuales del mercado, suman más de cuatro millones de dólares, además de 59 vehículos para la movilidad de sus miembros y funcionamiento de los cementerios/empresa.
Hoy el Sodalicio continúa en el ojo de la tormenta. En su interior se lleva a cabo una dura batalla entre quienes quieren expulsar al acusado de violación sexual, Luis Figari, y quienes saben que es casi improbable, puesto que se trata de su líder fundador, sin contar con la férrea defensa que el investigado hace sobre sí mismo.
Lo que Figari fundó, más allá de una organización dedicada a la oración y a la formación de los “soldados de María”, fue un conglomerado de asociaciones e instituciones que concentran un creciente poder económico no solo en el interior de la Iglesia Católica sino a nivel nacional.
De ahí la enorme disyuntiva de si expulsar al líder fundador o no.
La clave
El Concordato entre el Estado peruano y el Vaticano, firmado durante la dictadura de Francisco Morales Bermúdez, exime del pago de Impuesto a la Renta a las actividades económicas de las organizaciones religiosas de la Iglesia Católica en el Perú, sin importar el fin de los excedentes que generen.
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