El Gobierno amplió en 30 días calendario, a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, el estado de emergencia nacional, debido a la crisis a causa de la pandemia del COVID-19.
La medida se oficializó con Decreto Supremo N.º 149-2021-PCM, publicado anoche en edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
Durante la vigencia de la norma queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política.
Asimismo, que el personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas velará por el irrestricto cumplimiento de las disposiciones emitidas en el marco del estado de emergencia nacional, conforme a la normativa vigente.
Hasta el 5 de setiembre de 2021, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, según el Nivel de Alerta por Provincia y Departamento, conforme al siguiente detalle:
Nivel de alerta moderado: De lunes a domingo desde las 0:00 horas hasta las 4:00 horas.
Nivel de alerta alto: De lunes a domingo desde las 0:00 horas hasta las 4:00 horas.
Nivel de alerta muy alto: De lunes a domingo desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente.
Nivel de alerta extremo: De lunes a sábado desde las 21:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente; y, los domingos desde las 4:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente.
Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud y otros considerados dentro de la norma.
Se dispone también que en el plazo máximo de 10 días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto supremo, el Ministerio de Salud presentará a la PCM la propuesta de nuevas medidas que debe seguir la ciudadanía ante las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19.
