Pronunciamiento
El movimiento universitario Nuevo San Marcos ante la situación que vive nuestra Universidad cree necesario señalar lo siguiente:
1. La homologación de los sueldos de los docentes universitarios con los magistrados del Poder Judicial es un derecho consagrado en la ley Universitaria y el Estatuto de San Marcos, por lo que es de cumplimiento obligatorio. Exigimos al gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski que cumpla con la ley. Instamos por ello al actual gobierno universitario que encabeza el Rector Dr. Orestes Cachay a liderar un gran movimiento nacional por la homologación de los sueldos de los docentes gravemente atrasados en la actualidad. Las gestiones realizadas hasta ahora no han llevado sino a aumentos ínfimos que no nos ponen en el camino de la homologación.
2. De igual forma, hay necesidad de un aumento sustantivo del presupuesto universitario que proviene del tesoro público, que es responsabilidad del gobierno nacional, para empezar a salir de la pobreza actual. El aumento del presupuesto proveniente del tesoro público es la única forma de mantener el principio de la gratuidad de la enseñanza inherente a nuestro carácter de universidad nacional, tal como últimamente lo ha reclamado la Federación Universitaria de San Marcos. Este aumento debe darse en el marco del Programa de Mejoramiento a la Calidad Educativa que la ley universitaria vigente señala para las universidades públicas.
3. El gobierno nacional debe cumplir de inmediato con los docentes investigadores inscritos en REGINA, pagándoles el 50% de su haber como subvención, que les corresponde de acuerdo a la Ley Universitaria y al Estatuto de San Marcos. Asimismo, los docentes investigadores que cumplan con los criterios establecidos deben ser reconocidos como tales por la Universidad. La intervención de cualquier organismo externo en este proceso viola gravemente la autonomía.
4. El gobierno universitario del Rector Dr. Cachay debe empezar a cumplir de inmediato con lo que señala el Estatuto sobre los docentes mayores de setenta años. Esto implica la activación de la comisión para el nombramiento de los profesores extraordinarios expertos y la gestión ante el gobierno para conseguir una derrama para aquellos que pasen al retiro. La demora en este punto afecta gravemente a los docentes mayores y mantiene en la incertidumbre a la Universidad.
5. Es indispensable que la Universidad Pública proponga un nuevo régimen pensionario para los docentes universitarios que nos libere de las pensiones de hambre que se cobran en cualquier sistema en funcionamiento, sea la ONP o las AFP.
¡Que no se exija a la comunidad universitaria cumplir con la ley en algunos casos y soportar su violación en otros!
Lima, abril de 2017
