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2. Consideramos que este conflicto social de desprecio a la vida y las comunidades étnicas, que acabó en un baño de sangre, es de responsabilidad de la administración de Gobierno, por su intolerancia y autoritarismo, porque bajo el supuesto de restablecer el “principio de autoridad”, decidieron utilizar como carne de cañón a policías inexpertos, como si los problemas sociales y económicos seculares que sufren los peruanos humildes, pudieran solucionarse mediante la represión.
3. También son responsables los Congresistas que no asumieron su responsabilidad, para optar por la derogatoria de las normas que generaron la protesta durante 52 días, además, tenían resoluciones y dictámenes del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Comisión respectiva del Congreso, demandando su inconstitucionalidad.
4. El vocero de la célula parlamentaria aprista, Aurelio Pastor Valdivieso, reconoció públicamente que tenía conocimiento que los nativos tenían experiencia militar, y que estaban armados y dispuestos a todo, entonces queda demostrado que las propias autoridades políticas y policiales, no le dieron la importancia debida a la inteligencia preventiva y estratégica, al contrario, en forma maquiavélica generaron condiciones para justificar la intervención, enviando policías sin experiencia que fueron masacrados.
5. La ministra del Interior sostuvo que los policías fueron masacrados cuando dialogaban, pero, a quienes les correspondía esa responsabilidad es a los funcionarios del Legislativo y Ejecutivo, porque es un conflicto que implica adoptar decisiones de carácter legislativo y político, por eso, sostenemos con énfasis que ella y otros políticos son los responsables de la masacre de los policías secuestrados, por sus declaraciones provocadoras y de desprecio a las comunidades étnicas de la Selva, cuando la razón y circunstancias recomendaban asumir una posición dialogante para calmar los ánimos caldeados.
También ha dicho que los policías murieron “cumpliendo su deber”, pero, es inhumano obligarlos a cumplir con su servicio en condiciones de explotación social y económica, sin embargo, ahora las autoridades políticas se rasgan las vestiduras y derraman lágrimas, manifestando que velarán por sus deudos, pero, todo es una farsa, porque hace años no se cumple ni siquiera con reintegrar el fondo de seguro de vida ni otros derechos, a los colegas discapacitados y viudas de nuestros mártires.
6. La impresentable Ministra del Interior Cabanillas Bustamante, ahora pretende aparecer como defensora de los policías, pero, sus antecesores y esta administración de Gobierno, son los responsables de las condiciones inhumas y desfavorables en la que desarrollamos nuestras obligaciones constitucionales, inclusive, su animadversión y carácter antilaboral contra la Familia Policial se ha expresado en las siguientes medidas:
a. Refrendó con el Presidente Alan García Pérez, los ministros Yehude Simon y Carranza Ugarte, el Decreto de Urgencia N° 062-2009 alegando que la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 213-90-EF, no resultan aplicables al personal militar y policial, decisión ilegal y arbitraria, que atenta contra nuestra situación socioeconómica, más aún, cuando esta norma fue aprobada durante su primer gobierno, con la finalidad de recuperar nuestra capacidad adquisitiva y nivelar nuestros sueldos y pensiones, respecto a otros sectores laborales de la administración pública.
b. También la Ministra Cabanillas, promovió e hizo aprobar un régimen disciplinario abusivo que atenta contra los derechos humanos y los principios constitucionales, llegando al extremo de ordenar al ex – director de la PNP Walter Remicio Maguiño, expedir un memorándum para intimidar a los policías en Actividad con el fin de impedir que hagan valer sus derechos constitucionales por la vía administrativa y judicial.
7. La Familia Policial está siendo vejada y maltratada en forma permanente por la administración de Gobierno, porque elimina derechos a los policías en actividad, retiro, viudas y discapacitados, no cumple con las normas vigentes como el D.S. N° 213-90-EF, no pagan vestuario y devengados, mantienen las condiciones de salud y de trabajo en el peor nivel de su historia, envían a policías como carne de cañón y se burlan cuando reclaman un poco de agua como en el caso POMAC, situación que se repite cuando abandonaron a nuestros colegas que fueron masacrados en Uchiza en el año 1989, o cuando sus dirigentes agitaron a las masas durante la huelga del 5 de febrero, donde murieron cientos de compatriotas, incluso encarcelaron y persiguieron a nuestros dirigentes.
La ausencia de diálogo demuestra el carácter antidemocrático de la administración gubernamental, porque los policías también hemos sido burlados en las promesas de diálogo mediante actas suscritas, que hasta la fecha no han sido honradas.
8. Finalmente, ante los luctuosos sucesos de Bagua, EXIGIMOS LA RENUNCIA O LA CENSURA del Presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon Munaro, el Presidente el Congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén, el Ministro de Defensa Antero Flores Aráoz, la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas Bustamante y el Director de la PNP José Sánchez Farfán, quienes han perdido representatividad y autoridad moral.
9. Por último, estamos seguros que se alzarán algunas voces contra nuestra Federación, alegando que somos agitadores, pero, cumplimos con informar a la opinión pública nacional e internacional, que existe un gran malestar que va creciendo en el interior de las filas institucionales, por eso, advertimos que será de entera responsabilidad del Ejecutivo y el Legislativo, si la Familia Policial asume acciones de lucha contundentes, porque está demostrado históricamente que sólo mediante las huelgas policiales, hemos conquistado o hemos hechos respetar nuestros derechos ante distintas gestiones gubernamentales .
Consejo ejecutivo Nacional FENAPOL
