Gobiernos Regionales rechazan Ley 29470
EN DEFENSA DE LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y LA DESCENTRALIZACIÓN
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), frente a la reciente promulgación de la Ley 29470, que modifica la Ley de Elecciones Regionales (Ley 27683), expresa a la ciudadanía lo siguiente:
EN DEFENSA DE LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y LA DESCENTRALIZACIÓN
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), frente a la reciente promulgación de la Ley 29470, que modifica la Ley de Elecciones Regionales (Ley 27683), expresa a la ciudadanía lo siguiente:
1. SE CAMBIAN LAS REGLAS DE JUEGO:
La ley 29470 cambia los procedimientos de elección de las autoridades regionales a tres meses de la convocatoria para elegirlas, y sin ningún tipo de consulta a la representación regional, directamente afectada por esta medida, atentando contra un sistema democrático estable y con reglas claras.
2. LA GOBERNABILIDAD Y LEGITIMIDAD SON PRODUCTO DE UNA GESTIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y HONESTA:
En un sólido sistema democrático la gobernabilidad y legitimidad de las autoridades regionales electas provienen en lo fundamental de su gestión eficiente, eficaz y honesta y NÓ de la proporción de votos con las que han sido elegidas, por lo que la segunda vuelta electoral creada por esta Ley para las elecciones regionales de 2010 cuando los candidatos no alcancen el 30% de los votos se sustenta en esa equivocada apreciación, más aún cuando los ciudadanos cuentan con el derecho de revocatoria para las autoridades regionales y municipales, el que no se aplica ni a Congresistas ni al Presidente de la República. Precisamente por su arbitrariedad, en ningún país de América Latina se efectúa la segunda vuelta para elegir a un gobierno subnacional.
3. LA SEGUNDA VUELTA IMPULSA LA FRAGMENTACIÓN POLÍTICA:
El argumento de que la segunda vuelta electoral evita la proliferación de organizaciones políticas es absolutamente falaz, pues por el contrario fomentará la participación de más organizaciones pequeñas que sin tener la fuerza necesaria tentarán llegar al segundo lugar para participar de la segunda vuelta con votos “endosados”.
4. LA LEY DEBILITA LA INSTITUCIONALIDAD REGIONAL:
La ley tiende a debilitar la dirección de los Gobiernos Regionales al permitir la existencia de Presidentes electos sin la adecuada mayoría en el Consejo Regional, abriéndose paso a la permanente inestabilidad política vía la vacancia arbitraria y la dualidad de poder. La elección del Consejo Regional mediante el sistema provincial y uninominal induce a ello y a la fragmentación de la representación.
5. LA LEY ES INCONSTITUCIONAL E IRRESPONSABLE:
La ley es inconstitucional al imponerles a los presidentes y vicepresidentes regionales una licencia de 120 días antes de las elecciones, disminuyendo, en la práctica, su tiempo de gestión de cuatro años que es un derecho consagrado en el artículo 191 de nuestra Constitución. Irresponsablemente la ley abre el camino a una crisis de gobernabilidad si es que el presidente, vicepresidente y consejeros ejercen su derecho de postular a la reelección.
6.- LA LEY ES ANTIJURÍDICA Y DISCRIMINATORIA:
La esencia jurídica de la ley es generar equidad e igualdad. Como es evidente, esta ley, es inequitativa y discriminatoria, por cuanto afecta sólo a los Gobiernos regionales y excluye a otras autoridades que tienen el mismo origen democrático–electoral.
POR TANTO:
1ro. POR EL BIEN DE LA DEMOCRACIA, LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD Y LA CONSTITUCIÓN LA LEY DEBE SER DEROGADA.-
Hacemos un llamado al Ejecutivo y al Congreso de la República para que esta ley se derogue. Consideramos que es innecesario y contraproducente introducir cambios en el proceso electoral en curso, más aún con medidas que generan condiciones de riesgo para la gobernabilidad de los gobiernos regionales, lo que afecta el proceso de descentralización.
2do. FORTALECER DE MANERA UNITARIA EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.-
Demandamos un trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en busca de medidas orientadas a mejorar las condiciones que propicien una mejor gestión de los Gobiernos Regionales y Locales, entre ellas la descentralización fiscal que contribuirá a fortalecer el proceso de descentralización.
Hugo Ordóñez Salazar
Presidente
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
2. LA GOBERNABILIDAD Y LEGITIMIDAD SON PRODUCTO DE UNA GESTIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y HONESTA:
En un sólido sistema democrático la gobernabilidad y legitimidad de las autoridades regionales electas provienen en lo fundamental de su gestión eficiente, eficaz y honesta y NÓ de la proporción de votos con las que han sido elegidas, por lo que la segunda vuelta electoral creada por esta Ley para las elecciones regionales de 2010 cuando los candidatos no alcancen el 30% de los votos se sustenta en esa equivocada apreciación, más aún cuando los ciudadanos cuentan con el derecho de revocatoria para las autoridades regionales y municipales, el que no se aplica ni a Congresistas ni al Presidente de la República. Precisamente por su arbitrariedad, en ningún país de América Latina se efectúa la segunda vuelta para elegir a un gobierno subnacional.
3. LA SEGUNDA VUELTA IMPULSA LA FRAGMENTACIÓN POLÍTICA:
El argumento de que la segunda vuelta electoral evita la proliferación de organizaciones políticas es absolutamente falaz, pues por el contrario fomentará la participación de más organizaciones pequeñas que sin tener la fuerza necesaria tentarán llegar al segundo lugar para participar de la segunda vuelta con votos “endosados”.
4. LA LEY DEBILITA LA INSTITUCIONALIDAD REGIONAL:
La ley tiende a debilitar la dirección de los Gobiernos Regionales al permitir la existencia de Presidentes electos sin la adecuada mayoría en el Consejo Regional, abriéndose paso a la permanente inestabilidad política vía la vacancia arbitraria y la dualidad de poder. La elección del Consejo Regional mediante el sistema provincial y uninominal induce a ello y a la fragmentación de la representación.
5. LA LEY ES INCONSTITUCIONAL E IRRESPONSABLE:
La ley es inconstitucional al imponerles a los presidentes y vicepresidentes regionales una licencia de 120 días antes de las elecciones, disminuyendo, en la práctica, su tiempo de gestión de cuatro años que es un derecho consagrado en el artículo 191 de nuestra Constitución. Irresponsablemente la ley abre el camino a una crisis de gobernabilidad si es que el presidente, vicepresidente y consejeros ejercen su derecho de postular a la reelección.
6.- LA LEY ES ANTIJURÍDICA Y DISCRIMINATORIA:
La esencia jurídica de la ley es generar equidad e igualdad. Como es evidente, esta ley, es inequitativa y discriminatoria, por cuanto afecta sólo a los Gobiernos regionales y excluye a otras autoridades que tienen el mismo origen democrático–electoral.
POR TANTO:
1ro. POR EL BIEN DE LA DEMOCRACIA, LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD Y LA CONSTITUCIÓN LA LEY DEBE SER DEROGADA.-
Hacemos un llamado al Ejecutivo y al Congreso de la República para que esta ley se derogue. Consideramos que es innecesario y contraproducente introducir cambios en el proceso electoral en curso, más aún con medidas que generan condiciones de riesgo para la gobernabilidad de los gobiernos regionales, lo que afecta el proceso de descentralización.
2do. FORTALECER DE MANERA UNITARIA EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.-
Demandamos un trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en busca de medidas orientadas a mejorar las condiciones que propicien una mejor gestión de los Gobiernos Regionales y Locales, entre ellas la descentralización fiscal que contribuirá a fortalecer el proceso de descentralización.
Hugo Ordóñez Salazar
Presidente
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
