Jans Erik Cavero Cárdenas; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Una de las características típicas del Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho es el ejercicio de gobierno mediante exoneraciones de procesos de selección. Si Fujimori gobernó a través de decretos, manipulando a su antojo al Parlamento, Wilfredo Oscorima gobierna como quiere, desconociendo dolosamente el marco jurídico vigente y utilizando la exoneración de licitaciones para lograr dos propósitos: Demostrar supuesta eficiencia en la ejecución del gasto; y, favorecer a ciertos proveedores de bienes y/o servicios.
Una de las primeras exoneraciones amañadas se produjo en mayo 2011 con la compra de repuestos para maquinaria pesada del gobierno regional. El favorecido fue el compadre de Oscorima, Gilber de la Cruz, propietario de RYG ROCKAT EIRL, quien se adjudicó más de 70 mil soles por la venta de llantas para equipo pesado. En esta adquisición hubieron irregularidades escandalosas: No existe el contrato de compra–venta; la exoneración nunca se colgó en el SEACE; existe sobrevaluación de los bienes adquiridos; al momento de la adquisición no había causal para exonerar la compra; el plazo concedido por el Acuerdo de Consejo había fenecido.
Ahora bien, no sólo en bienes hubo direccionamiento. A inicios de junio, la sobrina de otro compadre de Oscorima, Rolando Solier, fue presuntamente favorecida por la Dirección Regional de Educación para coordinar un proyecto educativo de fortalecimiento pedagógico. Curiosamente la señora Solier falsificó documentos para hacerse de la buena pro y gozar de una remuneración de 5 mil soles mensual. En la actualidad, no se conoce ninguna acción contra él por parte de la procuraduría regional, aún cuando la señora Solier está “no habida” al igual que José Bautista Tomailla, abogado bamba que fue personero legal de Oscorima y luego Jefe de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Educación.
Transcurrieron meses y la gestión gubernamental de Oscorima, además de los presuntos actos de corrupción, que aún no se investigan, o que estando en investigación duermen el sueño de los justos, devino en ineficiente en la ejecución del presupuesto institucional. Hasta octubre del 2011, según el MEF, el Gobierno Regional de Ayacucho era uno de los coleros en cuanto a ejecución presupuestal. Para incrementar el ínfimo porcentaje que bordeaba entre el 30 y 35%, a los funcionarios no se les ocurrió mejor idea que apelar a exoneraciones, inventando -con el apoyo de un Consejo Regional “hipotecado”- causales de emergencia.
Se declaró en emergencia el sector vial y agrario de la región con el propósito de adquirir maquinaria pesada. En cuanto a lo primero, la exoneración fue por 20 millones de soles, siendo favorecida Ferreyros SA; respecto a lo segundo, los 6 millones de soles para la compra de 31 tractores agrícolas, presuntamente sobrevalorados, fueron adjudicados a la Empresa UNIMAQ, vinculada a Ferreyros, y a IPESA SAC.
Las exoneraciones continuaron en escalada: Se exoneraron la adquisición de materiales de construcción para el hospital regional derruido con el asentimiento del propio gobierno (S/. 321,248); la adquisición de materiales eléctricos, sanitarios, pisos, y otros para el mismo hospital (S/. 281,387); la adquisición de alimentos, productos y suministros veterinarios (S/. 1’821,143). En todos estos casos, no existe emergencia, desabastecimiento inminente, ni razones de seguridad u orden interno. Por esta razón, la OSCE ha determinado la improcedencia de la exoneración por los 20 millones, pues la ineficiencia en la gestión presupuestaria no es causal para una exoneración de proceso. Por cierto, a Oscorima le llega lo que expresa la OSCE, la propia Contraloría, y con mayor razón los actuados de la fiscalía anticorrupción.
En todo este entramado juega un papel preponderante el Consejo Regional, sumiso por naturaleza y subordinado por conveniencia. Curiosamente el compadre de Oscorima, Gilber de la Cruz, es sobrino del Consejero por Huamanga, y los demás consejeros tienen su propio juego. El incentivo que tiene el consejo para renunciar a su labor de fiscalización se puede resumir en 3 hipótesis: O reciben dinero de Oscorima, quien además tiene un proceso por lavado de activos; o canjean su voto a cambio de decidir cargos públicos en la administración regional; o “negocian” proyectos de inversión para sus provincias.
De otro modo, no se explica cómo un consejo de 13 legisladores, en el que 8 son supuestamente de Oposición, se ha prostituido. Por estas y otras consideraciones la revocación debería prosperar, aunque el procedimiento será difícil porque se requieren 90 mil firmas para su procedencia. No habiendo organización, liderazgo y ciertamente recursos económicos, este noble mecanismo de control ciudadano se diluye. Esperemos que los operadores de justicia actúen con la celeridad debida a fin de que Oscorima sea destituido del cargo, pues no merece dirigir los destinos de una región querida, reconocida, y necesitada.
