Carlos Miguélez Monroy (*)
La responsabilidad por asesinatos indiscriminados y torturas de contratistas de empresas militares “privadas” recae en el gobierno que las subcontrata. Así lo sostuvieron los abogados defensores de la empresa militar Academi, antes Blackwater, ante el tribunal estadounidense que dirimía en caso. Se le atribuía a la empresa el asesinato en 2007 de 17 personas inocentes. Entre los muertos de la masacre de la Plaza Nisur, en Bagdad, había mujeres y niños, lo que avivó un debate ya abierto por otras violaciones graves de derechos humanos que implicaban a contratistas de empresas militares.
La empresa militar, al servicio del gobierno de Estados Unidos, y sus demandantes, se niegan a desvelar los términos del acuerdo al que acaban de llegar. En su país, los familiares de las víctimas se enfrentaron a la inmunidad que la llamada Orden 17 les concedió hasta 2009 a los contratistas militares en el cumplimiento de su trabajo en Irak. Esta inmunidad se suma a un sistema jurídico y judicial con limitaciones que cuestionarían su eficacia y su independencia por haberse creado de forma precipitada en un contexto de ocupación extranjera. Las familias de las víctimas se vieron obligadas a buscar un foro donde pudiera prosperar su demanda. Por eso la llevaron a un tribunal estadounidense.
Como los hechos se produjeron en otro país con su propio sistema de justicia, en teoría, y las víctimas tienen una nacionalidad distinta, queda muy debilitado el vínculo entre la corte estadounidense y los hechos que alega la demanda. Por eso tenía pocas probabilidades de prosperar, como ha sucedido con demandantes extranjeros que invocan el Alien Tort Claims Act de 1789 para demandar a empresas multinacionales por violaciones de derechos humanos.
Responsabilizar al gobierno por la matanza, como lo ha hecho Academi, encierra cinismo por parte de una empresa de mercenarios con una cuestionable autoridad moral por su forma de actuar en el terreno, de ganar sus contratos y de presupuestar sus “necesidades”. Sin embargo reabre un debate fundamental para el derecho internacional de los conflictos armados: la responsabilidad del Estado por la conducta de contratistas de empresas a las que subcontrata en contextos de guerra y de ocupación militar.
Blackwater, después Xe Services y ahora Academi por un proceso de lavado de cara y de fragmentación para llevar distintas filiales de la empresa a paraísos fiscales, también alcanzó un acuerdo con los familiares de cuatro contratistas asesinados en Faluya en 2004. En Internet aún circulan videos de los cuerpos golpeados, arrastrados, quemados y colgados de un puente. Las familias de las víctimas acusan a la empresa de negligencia y de no haber ofrecido suficientes medidas de seguridad a los contratistas en uno de los enclaves más peligrosos de la llamada “insurgencia” iraquí. Parte de la opinión pública no simpatiza con las familias al considerar que los sueldos de sus fallecidos justifican los riesgos que corren en entornos como el de Faluya. Por eso hay congresistas que se preguntan si las subcontratas realmente abaratan gastos militares con semejantes sueldos. También se plantean la posible responsabilidad que tiene el gobierno a la hora de conceder contratos a empresas que no ofrecen condiciones mínimas de seguridad a sus empleados, tengan el sueldo que tengan.
El Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la CIA se han gastado miles de millones de dólares del erario para contratar los servicios de estas empresas en Afganistán y en Irak, entornos de conflicto armado y de ocupación militar. Distintas investigaciones del Congreso de Estados Unidos han denunciado que muchos de esos contratos se obtuvieron en concursos públicos con poca transparencia a los que solía presentarse una empresa, casi siempre las mismas. También han presentado informes que demuestran cómo las empresas contratadas inflaban los presupuestos para sus servicios y que defraudaron al gobierno por miles de millones de dólares.
Esta cara de la invasión y la ocupación en nombre de la lucha contra el terrorismo muestra no sólo la impunidad de las empresas militares paraestatales, sino también la corrupción en el sistema político de democracias avanzadas. Con la peligrosa dependencia que han desarrollado de ellas, han beneficiado a personas con contactos en el gobierno y con intereses privados. No por ello dejan de actuar en nombre del gobierno que las subcontrata, lo que las convierte en empresas paraestatales.
(*) Periodista, coordinador del CCS
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