Rolando Vaccari Ortiz (*)
Vigilados por más de un centenar de policías armados hasta los dientes.
Administrador judicial Ing. César Chavesta es respaldado por una acción de Amparo en el 5º Juzgado Constitucional de Lima, por tanto la resolución del juez Dennys Rivero de la Cruz es ilegal.
Los accionistas-trabajadores son los verdaderos dueños de Andahuasi. Los grupos Wong y Bustamante solamente han utilizado maniobras indebidas con el poder económico, para conseguir sus fines en la Corte Superior de Huaura.
Andahuasi se proyecta como la mejor empresa azucarera del Perú y no requiere de empresarios que recurren a jueces prevaricadores proclives al engaño, la estafa y la corrupción.
Como un río de lava hirviente, un compacto grupo de trabajadores de la Empresa Azucarera Andahuasi se movilizó en la mañana de ayer miércoles 24 desde el cruce de la Panamericana Norte Km 151 con la avenida Tupac Amaru hacia el centro de la ciudad de Huacho y luego de efectuar mítines relámpago frente a las oficinas de la Presidencia Regional y la plaza de Armas, enrumbó por la avenida Echenique hasta la Corte Superior de Justicia de Huaura.
A su paso, recibían las palmas de los vecinos de Huacho, de los establecimientos de mecánica automotriz y de los transeúntes que a esa hora se dirigían a las sucursales bancarias y cajas de ahorro que funcionan en el centro de la ciudad.
La movilización avanzaba en perfecto orden, con un escalón donde se encontraban las esposas e hijas de los trabajadores de Andahuasi, coreando lemas y agitando el puño.
En ambas acera también avanzaba un centenar de agentes de la PNP portando sus armas de reglamento, escudos de acrílico y las infaltables escopetas diseñadas por los filibusteros de la ciencia para lanzar gases lacrimógenos contra los trabajadores en lucha.
Despertó el león
La empresa azucarera Andahuasi, ubicada en el valle de Huaura-Sayán, se ha convertido en un nuevo polvorín, debido a que el doctor Dennys Rivera de la Cruz, titular del Primer Juzgado Civil de Huaura dispuso que la administración de la empresa pase al grupo Wong. El abogado de Andahuasi, Dr. Jorge Quiñones, advirtió que el juez Rivera de la Cruz ha emitido la resolución Nº 122, que ordena al administrador judicial de Andahuasi, César Chavesta, la entrega de su cargo al ex gerente Carlos Rivas.
“Esta resolución es ilegal, porque el administrador judicial Ing. César Chavesta ha sido respaldado por una acción de amparo en el 5º Juzgado Constitucional de Lima hasta que la Corte Suprema resuelva el proceso laboral entre el Sindicato de Trabajadores y la empresa”, dijo.
El doctor Quiñones reiteró que la medida dictada por el juez Dennys Rivera es irregular, porque la resolución cautelar emitida por el 5º Juzgado Constitucional de Lima mantiene la vigencia del administrador Chavesta, “hasta que la Corte Suprema de Justicia diga la última palabra”. Como se ha venido informando, el nombramiento del ingeniero Cesar Chavesta como administrador judicial de la cooperativa significó el cese del Directorio y del gerente de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi.
Los trabajadores de Andahuasi han solicitado la reivindicación de sus derechos como accionistas en los fueros judicial y administrativo. El abogado de los trabajadores dijo que sus apoderados han realizado ante el Poder Judicial diversos pedidos de nulidad de la transferencia de acciones de la empresa azucarera adquiridos en forma fraudulenta por los grupos Wong y Bustamante.
“Estos pedidos deben traer como consecuencia la reivindicación de los accionistas trabajadores, que son los verdaderos dueños de Andahuasi. Los grupos Wong y Bustamante han utilizado maniobras indebidas y han inducido a error con su poder económico, para conseguir sus fines en la Corte Superior de Huaura”, afirmó el doctor Jorge Quiñones.
El abogado de los trabajadores-accionistas advirtió que van a pedir la intervención de la Oficina de Control de la Magistratura para que investigue al juez Dennys Rivera, “porque la resolución Nº 122, está parcializada”.
“Ya conocemos las intenciones que tiene el grupo Wong de conseguir a como dé lugar la administración de la empresa Andahuasi. En el plazo de ley vamos a interponer el recurso de apelación y esperaremos que la Sala Superior de la Corte de Huaura revoque esta resolución”, sostuvo. Los trabajadores están decididos a impedir con acciones legales que el grupo Wong tome la empresa Andahuasi.
“Vamos a impugnar esa resolución prevaricadora y llegar hasta las últimas instancias”
“También vamos a emplazar a la OCMA y pedir una reunión con el presidente del Poder Judicial, para que retire a este mal juez y nombre a un magistrado que se identifique con la justicia y reconozca que la petición de los trabajadores-accionistas de Andahuasi es justa”. El abogado de la empresa azucarera dijo que el éxito económico de Andahuasi ha demostrado la unidad y capacidad de sus trabajadores para administrar su empresa.
“Ahora, gracias a la administración judicial, la cooperativa Andahuasi se proyecta como la mejor empresa azucarera del Perú y no requiere la intervención de empresarios que recurren al engaño, la estafa y la corrupción a favor de sus propios intereses”, dijo Quiñones. En marzo del año en curso se resolverían dos apelaciones interpuestas por los trabajadores-accionistas de la empresa agraria Andahuasi ante el Poder Judicial. El sindicato no descarta llevar el caso a fueros internacionales, a fin de hacer prevalecer su propiedad sobre 7 mil hectáreas de cultivo de caña, en el kilómetro 41.5 de la carretera Huaura-Sayán.
“A fines de marzo debe darse el recurso de casación en la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Con respecto a la apelación que se ha interpuesto ante el Juzgado de Huaura, que emitió una resolución que ordena entregar la administración judicial al ex gerente Carlos Rivas, posiblemente se resuelva también en marzo”, detalló Jorge Quiñones, abogado de los accionistas trabajadores. Como es de público conocimiento, en junio de 2010 se designó como administrador judicial de la empresa azucarera, al ingeniero César Chavesta, pero en octubre la titular del Primer Juzgado Civil de Huaura, Eva Sánchez, canceló esta administración, ante lo cual los trabajadores apelaron.
“En enero de 2011 se confirma la resolución, es decir, se le da razón a la jueza, pero el sindicato interpone un recurso impugnatorio contra la sentencia de la segunda instancia. Es así como el recurso de casación se encuentra pendiente de resolver en la Suprema”, dijo. Por otro lado, está en curso la apelación que han hecho ante la reciente resolución del juez del Primer Juzgado Civil de Huaura, Dennys Rivera, quien ordenó entregar la administración judicial de la compañía a Carlos Rivas. Esta resolución no procede debido a que la designación judicial del ingeniero César Chavesta está protegida por una medida cautelar, que indica que mientras en la vía civil no se resuelvan todos los procesos ante la Suprema, Chavesta mantiene la administración judicial. Quiñones dijo confiar en que los dos procesos tengan resultados positivos para sus patrocinados, debido a que consideran fraudulenta la venta de acciones a los grupos Wong y Bustamante, al igual que los esfuerzos para otorgar la administración judicial de Andahuasi al ex gerente Rivas.
El apoderado general de la azucarera Andahuasi, Carlos Rodríguez, sostuvo que la empresa tiene como capital social 227 millones de nuevos soles, equivalente a 227 millones de acciones, pero ese no es su verdadero capital, ya que con una revaluación de activos se alcanzaría entre 500 millones y 600 millones de nuevos soles. Andahuasi tiene dos mil trabajadores en total.
En el Congreso de la República
De otro lado, el legislador Humberto Lay, titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, opinó que la imagen del Congreso se ha visto afectada por no imponerle una sanción más severa al oficialista Omar Chehade por el caso Andahuasi. El ex segundo vicepresidente se salvó del desafuero e inhabilitación.
Lay informó que su grupo legislativo viene trabajando en siete nuevos casos. Evitó dar detalles para no entorpecer las investigaciones. Detalló que en la actual legislatura, la Comisión de Ética ha recibido veinte casos, de los cuales se han sancionado tres (Chehade, Celia Anicama y Eulogio Amado Romero) y diez fueron descartados. El congresista Lay dijo que la mayoría de estas denuncias son por irregularidades previas a la asunción del cargo de los parlamentarios implicados.
En la 3ª Fiscalía de Lima
La Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios se encuentra investigando, desde el 12 de diciembre pasado el caso Andahuasi, producido por la reunión entre un grupo de generales de la Policía Nacional y civiles en el restaurante Las Brujas de Cachiche.
En esta fiscalía, son investigados Miguel Chehade, León Barandiarán y los generales que participaron de la reunión.
La investigación es independiente del pronunciamiento que emita en los próximos días la Fiscal de Nación acerca del parlamentario Omar Chehade, cuyo expediente fue devuelto al Ministerio Público, luego que el Congreso de la República archivara su caso.
En su carta de renuncia a la segunda vicepresidencia de la República, el aún congresista Omar Chehade Moya, señaló que ante los hechos acontecidos en octubre pasado (en referencia a la cena en las Brujas de Cachiche y la visita de Miguel Chehade y Miguel León Barandiarán al general PNP Guillermo Arteta en el cuartel del Potao) se había desatado una campaña contra él, que lo había llevado a alejarse del cargo.
“Se desató por cierto sector una injusta y desmedida campaña mediática y política en mi contra que afectó en los últimos meses a mi familia y a mi persona (por lo que) he reflexionado y en aras de no causar perjuicio a la buena imagen del gobierno y de seguir construyendo una mejor gobernabilidad constitucional he decidido renunciar de manera irrevocable”, escribió soltando un par de lágrimas de cocodrilo.
Anteriormente había aceptado que su reunión con generales de la Policía, donde se trató el tema de la azucarera Andahuasi, había sido un error político, esta vez ha atribuido su decisión de renunciar a la segunda vicepresidencia de la República a una supuesta campaña mediática y política contra él. En la carta dirigida a Daniel Abugattás, titular del Congreso de la República reiteró su compromiso de colaborar con el Gobierno desde su cargo como congresista.
(*) Redacción
LA PRIMERA, Edición LIMA PROVINCIAS
