Drenaje Pluvial en Ayacucho
por Jans Erik Cavero Cárdenas; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Si bien los mayores casos de corrupción se encuentran en los procesos de selección para la ejecución de obras a través de terceros (empresas privadas), también existe corrupción en la ejecución de proyectos por administración directa. El caso del Drenaje Pluvial en Ayacucho, que aún está culminando su ejecución a cargo de la propia Municipalidad Provincial de Huamanga, podría ser catalogado como un caso emblemático de corrupción que amerita la intervención efectiva de las autoridades jurisdicciones para sancionar a los responsables directos.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, en un informe publicado en marzo de 2011, determinó la existencia de presuntos ilícitos penales cometidos por Germán Martinelli (ex alcalde), Vladimir Rodríguez Ayala (Jefe de Adquisiciones), Raúl Cuchuñaupa Cárdenas (Jefe de Logística), Aurelio Cisneros Gamboa (Jefe de Tesorería), Rafael Arango Bellido (Director de Administración y Finanzas), Yuri Marquina Bendezú (Jefe de Personal), Cayo Ventura Huertas (Responsable de remuneraciones), Andrés Quispe Palomino (cajero), Jorge Escalante Contreras (Gerente de proyecto), Alberto Matías Cervantes (inspector) y Rubén Cangana Gutiérrez (responsable del expediente técnico).
A estos servidores públicos se imputa la comisión presunta de los delitos de abuso de autoridad, colusión, peculado y contra la fe pública. ¿Cuántos de estos presuntos imputados tiene proceso judicial abierto?, ¿cuántos están en Yanamilla?, ¿a quiénes de esta lista ha denunciado la procuradora municipal?, ¿quiénes aún trabajan en el municipio? El caso es grave, pues el drenaje pluvial fue la respuesta al alud que cobró la vida de 9 ciudadanos ayacuchanos, víctimas de la naturaleza, pero también de la ineptitud e ineficacia para implementar políticas de defensa y gestión de riesgos.
Acaecido el lamentable suceso, el municipio decide actuar. El 29 de diciembre de 2009 la OPI declara viable el perfil (SNIP 89319) y posteriormente fue aprobado el expediente técnico, con un costo total de la obra, dividida en 3 zonas, de 59 millones de soles. El MEF transfirió al municipio provincial la suma de 10 millones de soles para el mejoramiento del sistema de drenaje pluvial y evitar de ese modo las consecuencias negativas de las precipitaciones pluviales en Huamanga.
Iniciado la ejecución, empezaron a surgir las irregularidades en las remuneraciones y adquisición de materiales. Sobre el primero, el pago a los obreros estaba por debajo del régimen de Construcción Civil; los beneficios sociales no estaban calculados de acuerdo a ley; el cuaderno de obra auxiliar no estaba legalizado; existían pagos indebidos por días no laborados; el reporte de tareo arrojó 325 trabajadores pero en las planillas aparecían 329; las planillas habrían sido firmadas por una misma persona; existían recibos por honorarios sin la retención del impuesto a la renta de cuarta.
Sobre lo segundo, por la causal de situación de emergencia Martinelli aprobó la exoneración de proceso para adquirir materiales y equipo por un monto de 1 millón. Esta exoneración permitió la adquisición de bienes sobrevaluados, según el informe de la Comisión de Fiscalización. Finalmente, es necesario señalar que el municipio destinó los 10 millones para un subproyecto de drenaje que no coincide con ninguna de las 3 zonas aprobadas por el expediente, es decir la municipalidad elaboró otro expediente técnico para ejecutar una obra de solo por 10 millones. ¿Qué se hizo con los 59 millones previstos en el expediente inicial?, ¿se presupuestó los 59 millones?, ¿por qué Martinelli se conformó con la obra de 10 millones?
Ciertamente la Comisión de Fiscalización del Congreso no hizo un análisis profundo sobre el drenaje pluvial porque intervino en plena ejecución. Peor aún, el informe de esta comisión fue aprobada en su seno pero no fue puesta en agenda para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso. Al igual que FORSUR, Bagua, y otros tantos casos investigados, existen informes que están durmiendo el sueño de los justos y que en el peor de los casos, estarían ya en los archivos del Parlamento.
Aún así, el contenido de este informe podría ser tomado por los órganos jurisdiccionales, que si no han intervenido ya, deberían hacerlo de oficio. Los indicios mostrados son más que suficientes para sospechar que hubo corrupción en la ejecución del drenaje pluvial. El informe es claro y contundente: Falta de planificación para elaborar y diseñar un proyecto de esta naturaleza; expediente técnico mal elaborado; remuneraciones a los obreros por debajo de lo estipulado; beneficios sociales mal calculados e impagos; posibles trabajadores fantasmas; suplantación de firmas; pagos indebidos; bienes sobrevaluados, etc.
Para terminar, haciendo un símil con el caso FORSUR, el artículo podría resumirse en la siguiente simetría: Ica – Ayacucho, Terremoto – Alud, Hernán Garrido Lecca – Germán Martinelli Chuchón, Rafael Arango Bellido – Edmundo Esquivel Vila, este último dizque “gerente público” a disposición de SERVIR que parece no servir para seleccionar gerentes pulcros e instaurar un nuevo modelo de servicio civil.
