Diario La República expone al peligro a campesina que colaboró en detención de prófugos
Por Rocío Ferrel
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la prensa se encuentran en contrapunto para ver cuál de ellos perpetra más barbaridades. Ayer publicaron en forma irresponsable y temeraria detalles de la colaboración de una campesina con la Policía para lograr la captura del delincuente “El Burro”, que había fugado de la cárcel de Challapalca.
Pese a que la información es de carácter secreto, como La República admite y se jacta de ello, con todo desparpajo publicaron que una campesina de Ilave dio comida y albergue al fugitivo y finalmente avisó a la Policía para su captura.
El diario narra que el prófugo fue abandonado por su grupo y buscó alimento en una choza próxima a la frontera con Bolivia, en la comunidad de Ancomarca, distrito de Capazo, zona alta de la provincia de El Collao, Ilave.
Tras venderle comida, el delincuente , éste ofreció a la campesina mil soles para esconderlo, pero la mujer tras echarle candado llamó a la Policía.
Extrañamente, ningún medio ha salido en defensa de la campesina, cuya vida ahora corre peligro, pues los delincuentes pueden vengarse de ella con los datos proporcionados por La República.
El agravante es que la mujer, como explica el diario, es pobre e indefensa, vive una choza en un lugar poco poblado y paupérrimo, por lo cual sería fácil matarla en un lugar desolado, sin testigos. Es toda una invitación de La República a matar a la campesina.
Estos periodistas carecen de ética y del mínimo respeto por el ser humano. Con cavernícolas como estos, que fingen ser periodistas, es necesario normar y prohibir la divulgación de información sobre los ciudadanos colaboradores de la justicia. Quienes transgredan la ley deberían recibir una sanción pecuniaria ejemplar, tanto los periodistas como el medio que perpetre tal acto.
Como no se trata de su familia, los periodistas de La República, diario que alega preocuparse de los derechos humanos, expone al peligro a la campesina y con ello demuestran su desprecio por la vida de la mujer andina.
¿Cómo queremos avanzar en seguridad ciudadana si en lugar de premiar a valientes peruanos como la campesina, los castigamos exponiendo su vida, todo por ganar lectores?
¿Qué pretenden La República y el INPE, atemorizar a quien denuncia al hampa?
Por su parte, el INPE con su silencio acepta la filtración de la información sin anunciar investigación ni castigo para este acto que tiene todas las característica de filtración por soborno.
La Policía tampoco parece darse por enterada ni ha ofrecido protección a la campesina.
Ciertos autoproclamados defensores de los derechos humanos, que salen a la palestra cada vez que quieren la foto tampoco dicen algo sobre este grave problema, nunca les interesó la vida de las campesinas, ni cuando Fujimori las perseguía para esterilizarlas. Ellos sólo hablan por aquello para lo cual les pagan. ¿A quién le interesa la vida de una campesina?
