¡Otra vez Oscorima!
Ja
ns Erik Cavero Cárdenas; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Otra vez el Presidente Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, mal asesorado y con ego de reyezuelo, desafía la autoridad del Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) al solicitarle que levanten las observaciones que cuestionaron la irregular compra de maquinaria agrícola, a través de una exoneración inventada, y en la que no sólo existiría sobrevaluación de los bienes adquiridos, sino también colusión y faenón.
La respuesta de la Directora de Supervisión de la OSCE ha sido categórica: “Las conclusiones arribadas por OSCE subsisten a la fecha, ello, sin perjuicio de que bajo su responsabilidad se habrían ejecutado los contratos derivados de la exoneración en cuestión”. Al haberse continuado con el proceso de exoneración y al haberse firmado los contratos con las empresas beneficiadas, Oscorima ha actuado con dolo y alevosía, razón por la que debe responder al igual que sus funcionarios que avalaron una exoneración ilegal.
No le bastó al gobierno regional declarar en emergencia el sistema vial de la región, y en base a ello inventar una exoneración para comprar maquinaria pesada por 20 millones de soles; tampoco le bastó recurrir a otras exoneraciones para comprar bienes y materiales de construcción a ser empleados en la refacción del hospital regional; sino que además declaró en emergencia el agro de la región y exoneró de proceso la compra de tractores agrícolas por varios millones de soles.
En todos estos casos hay un común denominador: La incapacidad de la gestión Oscorima en la ejecución del gasto como causal de exoneración. En efecto, al término del ejercicio fiscal 2011 el gobierno regional de Ayacucho no llegó a ejecutar ni el 65% de su presupuesto institucional, razón por la que tuvo que apelar a procesos de selección exonerados para demostrar “capacidad de gestión”. Al no existir causal válida para exonerar procesos de selección, en el marco de la ley de contrataciones, tuvo que inventarse catástrofes sectoriales.
Se arguyó crisis en el sector transportes y agrario, quedando expedito el camino para gastar millones de soles. A Oscorima poco le importó el artículo 23° de la ley de contrataciones y el artículo 128° del reglamento. Es más, con un discurso demagógico, en colusión con algunos alcaldes, vulneró el marco legal. Para este innoble propósito su burocracia fue muy eficiente: Gerencia general, asesoría jurídica, Abastecimiento, Logística, todos al unísono actuaron con una rapidez que hubiera envidiado la administración Reagan o Tatcher.
¿Por qué Oscorima pidió a OSCE se levanten las observaciones acotadas? Porque ante un eventual proceso judicial la posición de la OSCE constituiría una prueba categórica que demostraría la irregularidad perpetrada. Recordemos que a mérito de la irregularidad en el proceso de exoneración para adquirir maquinaria pesada, la Fiscalía intervino al gobierno regional, incautando documentos que dieron “sustento” a una exoneración amañada.
Por todas estas razones, el procurador público anticorrupción descentralizado debe actuar, pidiendo constituirse en parte en todos los procesos que por corrupción se están ventilando en Ayacucho. Asimismo, el procurador debe demostrar carácter y firmeza para encarar procesos llevados por algunos fiscales y/o jueces “rentados” por la mafia.
Ahora Oscorima está prometiendo para Ayacucho asfaltados, carreteras, proyectos de irrigación, hospital categoría 3-I, escuelas, etc. Sabe perfectamente que cuanto mayor presupuesto tiene un proyecto o programa de intervención pública, mayor “ganancia” se puede obtener de un proveedor. Ciertamente, la única manera de evadir los plazos y la rigurosidad de procesos de selección bien llevados, amerita inventar emergencias y/o catástrofes, a través de las cuales se puede dirigir la Buena Pro a favor de empresas amigas.
Finalmente, Oscorima y sus “asesores” recurren a una estrategia típica del fujiaprismo: Persuaden a la población incidiendo en la necesidad urgente de adquirir bienes y/o servicios; recurren a sus medios de comunicación para sensibilizar a la ciudadanía; movilizan a un sector social aprovechando sus carencias; indisponen a la gente frente a autoridades nacionales, prensa crítica, y líderes de opinión que están en contra de la corrupción.
