Más allá de la noticia
Rafael Romero
Tribunal Supremo Militar Policial
A pesar de los numerosos atentados contra la justicia militar, nadie la puede negar; y esto es así por la funcionalidad esencial de las instituciones castrenses a lo largo de la historia y, además, en virtud de la ciencia jurídica. Quienes somos conscientes de esta verdad, y en defensa de un fuero especial, debemos respaldar a quien la representa. El presidente del Tribunal Supremo Militar Policial es el Contralmirante CJ (r) Carlos Enrique Mesa Angosto, y es quien se enfrenta hoy a un andamiaje ideológicamente perverso construido por los felipillos de la ley en los últimos veinte años, cuando menos.
Recuerdo que en una de sus presentaciones ante el Tribunal Constitucional, Carlos Mesa Angosto enfatizó: “(…) la justicia siempre ha estado al lado de los ejércitos para velar por su orden y disciplina. Este fuero existe en el Perú desde la época colonial, donde se administraba justicia mediante las ordenanzas militares españolas y éstas perduraron hasta años después de la independencia. En 1898 se promulga el primer código de Justicia Militar en el país, y desde entonces en todas las constituciones se ha mencionado a la Justicia Militar como un órgano de excepción distinto a la justicia ordinaria. Si bien es cierto que en el Perú en los años 80 se vivió momentos difíciles para su democracia y se abusaron de instituciones, entre ellas la Justicia Militar, no es ninguna razón para tratar de minimizarla o desaparecerla como pretenden algunas ONG”.
En este marco –por supuesto resumido en los cortos márgenes de un artículo−, no sólo los militares en actividad o en situación de retiro deben respaldar a nuestras instituciones como el TSMP frente a instancias internacionales antojadizas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también los civiles y en especial las autoridades gubernamentales, comenzando por el presidente Ollanta Humala, porque existen razones ineludibles para ejercer una acción convincente frente a denuncias sin fundamentos como las del IDL y a fin de evitar que continúe la persecución a los héroes de Chavín de Huántar, quienes liberaron a los rehenes de la residencia del embajador del Japón.
¿De dónde viene ese maltrato? De sectores marxistas reciclados en las ONG de derechos humanos, poseedoras a su vez de las consignas de sus mentoras con sede en EEUU o Europa. Lamentablemente hace mucho tiempo que penetraron en la estructura de la CIDH, entidad supranacional ideológicamente sesgada, judicialmente parcializada y éticamente descalificada, así como también se instalaron en nuestro sistema de justicia. Lo paradójico es que en puestos clave del Ejecutivo y en el Poder Judicial hay funcionarios vinculados o promovidos por esas ONG. Por tanto, en defensa de los fueros del Estado peruano, no dejemos al TSMP ni solo ni aislado.
