El Señor de la Sentencia
Jans Erik Cavero Cárdenas; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Cada año, en algunas ciudades del país, sale en anda el Señor de la Sentencia, congregando multitudinariamente a jueces, fiscales, abogados, y otros operadores de justicia. Durante este acontecimiento de Semana Santa se evidencia la más burda hipocresía de tantos fiscales y jueces que teniendo a la corrupción como patrón de vida, se erigen en fieles devotos y católicos puritanos. En 1 día, los corruptos se transforman en arcángeles, mostrando orgullosamente falsas aureolas.
La corrupción está presente en todos los niveles de gobierno y en sus administraciones públicas. El Ministerio Público y el Poder Judicial no son la excepción. Cierto es que no cabe – en principio – imputar corruptelas a las entidades sino a los individuos que forman parte de ellas, pero no es menos cierto que la imagen de las entidades se ve menoscabada por los actos individuales de quienes las integran. Ahora bien, ¿por qué persiste la corrupción si desde diversas instancias se vienen implementando políticas anticorrupción?
Existen muchas respuestas sobre las que no vamos a ahondar, pero sí incidir en una de las más importantes desde mi punto de vista. Parto de la hipótesis de que la Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos están “secuestradas” por el poder político que hoy es oposición. Si durante la década del 90 el Ministerio Público estuvo controlado por la dictadura fujimontesinista, a partir del 2000 –y más aún con la asunción de García al gobierno – el APRA estaría manejando esta institución con la finalidad de blindar a los corruptos que han robado sistemáticamente al Estado.
Los incentivos para controlar al Ministerio Público son atractivos para cualquier organización política que quiere impunidad. Si no hay acusación fiscal, por más que existan denuncias penales contundentes, los denunciados seguirán en las calles y en sus cargos públicos, gozando de lujos y comodidades a costa del erario nacional. Es más, tratándose de altos funcionarios del Estado que tienen la prerrogativa del antejuicio, basta mantener relaciones cordiales con la Fiscalía de la Nación.
Carlos Mesías, magistrado del Tribunal Constitucional y César Vega Vega, ex Presidente de la Corte Superior de Lima, no son los únicos apristas en tan importantes cargos. De hecho, habría más operadores de justicia incondicionales al APRA, dispuestos a sabotear todo intento de castigo a la corrupción. Se presume que el actual Fiscal de la Nación, José Peláez, sería otro operador del APRA, por lo que no sería casual la no acusación al “compañero” Fernando Barrios por las irregularidades cometidas en ESSALUD. ¿Y el tío George? También fue blindado.
Peláez estuvo en Ayacucho, donde fue condecorado por el Presidente del Gobierno Regional, Wilfredo Oscorima. Este hecho fue criticado severamente por un sector social, pues resulta inaceptable que un imputado por lavado de activos y varias denuncias por presuntos actos de corrupción otorgue una distinción al jefe de todos los fiscales. Semanas previas, Oscorima condecoró al Presidente de la Junta de Fiscales de Ayacucho, Ricardo Cornejo Alpaca, personaje seriamente cuestionado y quien inexplicablemente fue ratificado días atrás por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Quien tiene el control de la Junta de Fiscales Supremos decide quién será Fiscal de la Nación. Casualmente hoy existe una plaza vacante en dicha junta que requiere ser cubierta. Lamentablemente, los 2 candidatos que la pretenden no inspiran confianza. Me refiero a Hinostroza Pariachi y Mateo Castañeda, ambos personajes no reunirían probidad y ética para ser fiscales supremos. El primero, con serios cuestionamientos sobre su patrimonio económico y presunto enriquecimiento ilícito, aún cuando fuera absuelto; el segundo, vinculado a la desaparición de los USB del caso BTR y que la actual sentencia ha dispuesto investigarlo. Si en la ratificación de Cornejo Alpaca el CNM actuó irresponsablemente, la no selección de Hinostroza Pariachi y Mateo Castañeda hay que saludarla. Pero cuidado: Ante la no selección, ambos interpusieron procesos de Amparo ante el Tribunal Constitucional, siendo inexplicablemente amparados y ordenando a su vez que el CNM vuelva a votar.
La Junta de Fiscales Supremos está compuesta por 6 miembros. Se conjetura que 3 de ellos son “apristas” pero de tendencias opuestas y los únicos con los que se podría contar para acusar a los corruptos de corbata serían Carlos Ramos y Sánchez Talavera. Si el cupo que resta es cubierto por un fiscal de tendencia aprista, el control del Ministerio Público queda garantizado los próximos 3 años. Por esta razón, la selección de Hinostroza y Mateo no debe darse aún cuando el CNM vote de nuevo.
Si estos personajes no van a garantizar la lucha contra la corrupción desde las fiscalías supremas, el CNM debería sacar a concurso la plaza vacante y tomar en cuenta nuevas candidaturas que sí podrían estar comprometidas a recuperar la dignidad del Ministerio Público. No obstante, la selección debe ser fiscalizada y auditada, pues no sería extraño que en el interior del CNM también se “negocien” selecciones y ratificaciones. No olvidemos que Oscorima también condecoró al consejero Vladimir Paz de la Barra. ¿Por qué?
