Remoción de minas chilenas
Alfredo Palacios Dongo
Otro ciudadano peruano murió el pasado día 26 cuando se trasladaba en un auto entre los hitos 13 y 14 de la frontera Perú-Chile, cerca del paso fronterizo chileno de Chacalluta, al explotar una letal mina antitanque que actúa hasta en un radio de acción de 200 metros. Este caso se suma al trágico historial de 26 muertes o mutilaciones traumáticas registradas a ciudadanos peruanos causadas por minas antipersonales o antitanque, que Chile, de manera irresponsable, sembró en la frontera con Perú en la década de los 70 bajo el increíble argumento de una “estrategia defensiva” ante una inminente invasión u ocupación del Perú. Ni los mismos chilenos saben cuantas minas fueron sembradas. Según un informe de setiembre 2002 del ministerio de Defensa chileno, serían 122 mil y por datos más recientes de la Comisión Nacional de desminado llegarían 137 mil, pero según el informe de la ONG internacional Landmine Monitor 2001, habría entre 500 mil a un millón.
El desminado ha sido tratado bilateralmente desde el 2001 durante las reuniones del Comité Permanente de Consulta y de Coordinación Política (2+2), en los que Chile ratificó que desplegaría sus mayores esfuerzos para cumplir los plazos de la Convención de Ottawa para eliminarlas totalmente, acción que nunca concretó; dicho plazo vencía este año, pero Chile ha solicitado ampliación hasta el 2020. Durante los más de 30 años transcurridos desde su sembrado, no han demostrado seriedad ni interés en eliminar sus minas; con mínimo esfuerzo han desactivado una reducida cantidad (11,000).
En febrero pasado un desborde del río Seco arrastró cientos de minas hasta la ruta 5 (carretera panamericana chilena), y muchas otras llegaron al mar. Durante su extracción, militares chilenos alambraron y enrejaron una zona próxima al hito 1 de nuestra frontera originando una nota de protesta peruana. Desde este impasse, el presidente peruano Humala condicionó al tema del desminado su viaje el próximo día 6 a la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Antofagasta, pero después desistió. El presidente chileno Piñera se comprometió a contratar una empresa internacional para tal fin, sin embargo, el pasado día 29 manifestó que suscribiría un acuerdo con el presidente peruano para “desminar una zona rectangular, muy determinada”, esperando se haga “próximamente”.
Bajo este panorama, la total responsabilidad del desminado corresponde íntegramente a Chile por haber sido sembradas por ellos en su territorio, no debiendo el Perú suscribir ningún acuerdo. Basándose en los convenios internacionales y el derecho internacional humanitario, nuestro país debería presionar a Chile para que no siga dilatando la remoción total de éstos letales artefactos de guerra y culmine dicho proceso al más breve plazo para evitar más tragedias que ocasionen muertes y graves accidentes de nuestros compatriotas.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de junio de 2012
