Prisas, encuestas y de rodillas en Torre Tagle
Por Herbert Mujica Rojas
En uno de los párrafos de la Circular que, sin fecha ni firma, transmitida por José García Belaunde a todos sus colegas de Cancillería, se lee: "En momentos que la Comisión inicia, con una nueva conformación, sus labores del presente período legislativo, he creído conveniente conocer la opinión de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre aquellas modificaciones en debate". Con dicho propósito se envió una encuesta que debió ser absuelta y devuelta a más tardar el 31 de agosto a las 12 horas de Lima. Si se trata de prisas, pareciera que alguien las tiene por ponerse de hinojos ante el nuevo líder de la Comisión congresal que preside Santiago Fujimori Fujimori. Como ocurriera años atrás: ¡la diplomacia de rodillas!
Dos hechos resaltan: el plazo perentorio vía una encuesta a los funcionarios para que opinen sobre un debate inconcluso y, la aquiescencia servil de Torre Tagle al status quo.
No dice nada el canciller sobre cómo vergonzosamente esta semana, y el tema se ha ocultado vía cortinas de humo y concertación periodística notoria, llegó a Lima, en fecha aniversaria de la reincorporación de Tacna a la heredad nacional, un grupo senatorial chileno para condecorar al nuevo Fabián Novak, Javier Velásquez y por una ignota "destacada trayectoria".
¿No sería más interesante que se ocupara Torre Tagle de la corrupción en su seno y de los funcionarios que cobraban doble sueldo y que hoy hacen cuanto les es posible para la formulación de un papel indecoroso en las justas internacionales? ¡Qué desfachatez la del señor García Belaunde!
El 2007 publicamos, a propósito de la discusión que embarga al Establo el artículo que se lee a continuación. (hmr)
¿Degollina en Torre Tagle? 31-8-2007
Pocos días atrás, en documento enviado por fax, tomó conocimiento el presidente de la CIDH en Washington de inminentes sucesos que habrían de tener lugar en la Cancillería peruana. No sólo se los enuncia inequívocamente:
"Más aún en el colmo de la audacia y de la desvergüenza se pretende una vejación más, por el momento aparentemente detenida. Un nuevo cese de funcionarios diplomáticos, apelándose a la reducción de las edades para el retiro, proyecto que presentó el actual Presidente del Congreso de la República. Con él se pretende perjudicar nuevamente a algunos funcionarios, mientras a otros, los sinvergüenzas e inmorales que fueron sindicados por la Comisión Especial de Alto Nivel, creada por Resolución Ministerial No 0172-2002-RE, de 20 de febrero de 2002, encargada de investigar el cese arbitrario y otros actos inconstitucionales e ilegales cometidos en la década del noventa, como "gestores, ejecutores y colaboradores del ilícito, se les premia con importantes cargos en el extranjero."
Sino que sus aparentes fautores, son lo que se huelgan con frecuencia de ser defensores de los derechos humanos y tienen aparatos mediáticos con ese propósito creando o, más bien, fabricando imágenes que pretenden barnizar de prohombres a indudables mediocres que nadie entiende cómo son soportados en la Cancillería. No es que solamente, como sostiene el autor de la larguísima carta al funcionario de la CIDH, se atente contra el "querido y prestigioso Torre Tagle", así llamadas por el embajador, por entendibles razones funcionales, pero para el común de la ciudadanía, virtudes inexistentes o clandestinas, sino que hay en ciernes, como él mismo sostiene, una razzia en camino, una degollina, muy similar e infame como la ocurrida durante el régimen delincuencial de Kenya Fujimori que también tendría el camino mañoso de invitación "al retiro".
¿Qué dicen los mandamases, el titular, que de titular sólo tiene el nombre, porque no manda nada, no ve nada, no entiende nada; el real poder tras el trono cuyo único mérito consiste en haber pasado los 2 mts. de altura, mediocre entre los mediocres y autor de ningún libro o producción intelectual de valía; o el embajador político, robusto y gracioso que se desvive procurando demostrar en la OEA que en Perú se vive una calma chicha y todo está sobre ruedas?
¿Se repite la historia? ¿se quiere tener una Cancillería llave en mano y con los réprobos autores de mil y un trapacerías muy a salvo en las embajadas en el exterior, como son los casos de Eduardo Ponce, Jorge Voto-Bernales, Alfonso Rivero Monsalve, Jorge Valdez, acreditados militantes del poder genuino que decide, guillotina, destroza y trabaja como quintacolumna en contra del Perú y premiados por el gobierno del señor Alan García Pérez?
¿A esta pandilla y socios coyunturales, ha entregado Perú la defensa de sus límites marítimos, terrestres o aéreos o de cualquier índole? ¡Qué situación tan abominable frente a la que todos callan!
Leamos el siguiente documento:
Lima, 21 de agosto de 2007
Señor Doctor FLORENTIN MELÉNDEZ Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Organización de los Estados Americanos (OEA) Washington D.C 2006 - 4499 Estados Unidos de América. Faxes: (202) 458-3992 y (202) 458-6215
Ref: Caso 11.277 Eduardo Carrillo H. y Otros
Honorable Señor Presidente:
Me es grato dirigirme a usted para expresarte mi más atento saludo, al tiempo que me permito adjuntar al presente un breve resumen sobre nuestro antiguo caso, con el fin de lograr su generosa y pronta atención.
Como es de su conocimiento, el caso 11.277 fue iniciado en el año 1993 por los diplomáticos peruanos Eduardo Carlos Carrillo Hernández, Ministro en el SDP, Amalia Wahibe Mariátegui Succar, Ministra en el SDP y Rodolfo Hugo Castro Valcárcel, Segundo Secretario en el SDP; quienes fuimos cesados del Servicio Diplomático de la República el 29 de diciembre de 1992, en forma ilegal, injusta y arbitraria por el autoritario y corrupto gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, junto con otros 114 colegas. No hubo fundamentación personal alguna para dicho cese. Sólo difamaciones colectivas expresadas por el Primer Mandatario.
Luego de interponer acciones de amparo o de garantía o tutela por la violación de sus derechos constitucionales contra la estabilidad laboral, el derecho de defensa y el honor, que duraron más de tres años, Mariátegui Succar y Castro Valcárcel fueron al fin reincorporados; algo que no ocurrió con Carrillo Hernández, que en ese entonces desempeñaba el cargo de Sub Inspector General del Ministerio de Relaciones Exteriores y llevaba a cabo junto con el Inspector General una investigación que comprometía a importantes personajes de la Institución, quien no sólo no fue reincorporado, sino que se le volvió a cesar aplicándosele para ello una causal que legalmente no era procedente. Debemos destacar que la Cancillería peruana, que ya inicialmente había incurrido en la irregularidad de no resolver los recursos de reconsideración interpuestos por sus funcionarios afectados por el despido masivo, posteriormente mintió al Poder Judicial alegando una falsa reincorporación del diplomático en cuestión. La ansiada reincorporación al Servicio Diplomático de la República recién fue posible para Carrillo Hernández-y la mayoría de sus colegas, con el gobierno del Píesídente Alejandro Toledo Manrique, el 09 de diciembre de 2001. Es decir 9 años después. Este caso fue debidamente ilustrado por el prestigioso periodista César Hildebrandt en su Programa de televisión "La Clave", cuyo video se encuentra en poder de la Comisión Interamericana.
Los innumerables daños y perjuicios, tanto morales, de salud, económicos y psicológicos ocasionados por la violación de nuestros derechos humanos y constitucionales, durante estos largos e interminables años a nosotros, a nuestros cónyuges y menores hijos y por qué no decirlo, a nuestros padres y familiares cercanos fueron motivo el 09 de junio del año 1993 de un severo Pronunciamiento Institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que sentenció que las Acciones de Amparo de los tres funcionarios denunciantes se encuentran justificadas en la Constitución Política del Estado y en la Ley. Asimismo, la situación de Carrillo Hernández motivó el 25 de octubre de 1999, un detallado Informe evacuado por la Comisión Ejecutiva de Defensa de los Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el que también fue remitido oportunamente a la citada Comisión Interamericana.
A pesar que nuestros Derechos Humanos y Constitucionales, derechos que fueron vulnerados por una corrupta dictadura cívico militar fujimontesinista y que constituyen la materia de nuestra denuncia, están garantizados por las leyes peruanas y por los pactos y convenios internacionales que el Perú ha ratificado y que forman parte de su legislación nacional, sin embargo, sólo el Gobierno del Presidente Toledo Manrique- ei 22 de febrero de 2001, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por intermedio de su Ministro de Justicia, el doctor Diego García Sayán, contando con la invalorable asistencia de nuestro Representante ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en ese entonces, Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, tuvo el coraje necesario y el justo criterio de considerar el Caso 11.277 como uno de los 165 casos en los cuales el Estado peruano se comprometió a reconocer responsabilidad y a adoptar medidas para restituir los derechos afectados y/o reparar el daño causado.
Debe quedar como verdad meridiana, que una cosa es la reincorporación que lograron unos antes que otros y que nos ha permitido continuar nuestra abruptamente interrumpida carrera diplomática; en algún caso como el del suscrito después de nueve años, con algunas promociones y nombramientos al exterior; y otra, la reparación y moral que nos corresponde por los severos daños ocasionados a nosotros y a nuestros familiares más cercanos. Entre otros, complicaciones en la salud con las atenciones médicas requeridas, el tener que emigrar al extranjero con la familia para evitar represalias, con hijos menores en edad escolar, contrayendo préstamos para afrontar nuestra precaria situación económica, el sufragar costos de pasajes para venir al Perú y hacer seguimiento de las acciones judiciales incoadas ante un Poder Judicial cuestionado por la opinión pública, pagando además honorarios de abogados y afrontando en general muchas penurias económicas y malogrando nuestros promisorios Proyectos de vida. No resulta admisible que después de todos estos atropellos y daños sufridos, vuelvan en nuestros días acciones innobles y corruptas contra nosotros, algunas hasta anecdóticas por lo torpe que son, léase discriminación, ocultamiento de nombramientos; el aval ilegal de anotaciones arbitrarias con desconocimiento de la persona afectada en las Fojas de Servicios, etc. Más aún en el colmo de la audacia y de la desvergüenza se pretende una vejación más, por el momento aparentemente detenida. Un nuevo cese de funcionarios diplomáticos, apelándose a la reducción de las edades para el retiro, proyecto que presentó el actual Presidente del Congreso de la República. Con él se pretende perjudicar nuevamente a algunos funcionarios, mientras a otros, los sinvergüenzas e inmorales que fueron sindicados por la Comisión Especial de Alto Nivel, creada por Resolución Ministerial No 0172-2002-RE, de 20 de febrero de 2002, encargada de investigar el cese arbitrario y otros actos inconstitucionales e ilegales cometidos en la década del noventa, como "gestores, ejecutores y colaboradores del ilícito, se les premia con importantes cargos en el extranjero.
Honorable Señor Presidente le ruego para una mejor ilustración servirse revisar detenidamente las últimas comunicaciones nuestras, cursadas a usted y al doctor Santiago Cantón, Director Ejecutivo de la CIDH, de fechas 27 de diciembre de 2006 y 26 de abril, 22 de junio, 13 de julio, 01 de agosto y 15 de agosto de 2007.
Una vez más nos permitimos reiterar que los Derechos Humanos constituyen la base de la Democracia y del Estado de Derecho y por la tanto el actual Gobierno peruano no puede seguir eludiendo y postergando con argucias y artimañas sus responsabilidades por los hechos injustos, infamantes y vejatorios cometidos en 1992 por el propio Estado con la complicidad de malos y corruptos funcionarios diplomáticos, contra nosotros y nuestras familias. El Estado peruano debe cumplir con los compromisos contraídos con la CIDH y proceder a las respectivas reparaciones que nuestro caso amerita.
Que fácil resulta afirmar "Los Derechos Humanos son una Política de Estado" y que difícil resulta, respaldar con hechos consecuentes y transparentes la citada expresión. Qué lástima que en nuestro país todavía siga pesando más la impunidad que la justicia. No se puede permitirque un grupo corrupto de funcionarios diplomáticos, oportunamente identificado; continué teniendo una situación de privilegio en nuestro querido y prestigioso Torre Tagle.
Honorable señor Presidente, por el bien del Perú y por la imagen de tan importante y respetada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que usted tan dignamente preside, exigimos que se nos haga justicia de verdad y que no se dilaten más nuestras justas reclamaciones. Acabemos con el mal ejemplo de impunidad e injusticia que se da principalmente a nuestra juventud.
Muy atentamente,
Eduardo Carlos Carrillo Hernández Con copia al señor Director Ejecutivo de la Comisión, doctor Santiago Cantón."
No dice nada el canciller sobre cómo vergonzosamente esta semana, y el tema se ha ocultado vía cortinas de humo y concertación periodística notoria, llegó a Lima, en fecha aniversaria de la reincorporación de Tacna a la heredad nacional, un grupo senatorial chileno para condecorar al nuevo Fabián Novak, Javier Velásquez y por una ignota "destacada trayectoria".
¿No sería más interesante que se ocupara Torre Tagle de la corrupción en su seno y de los funcionarios que cobraban doble sueldo y que hoy hacen cuanto les es posible para la formulación de un papel indecoroso en las justas internacionales? ¡Qué desfachatez la del señor García Belaunde!
El 2007 publicamos, a propósito de la discusión que embarga al Establo el artículo que se lee a continuación. (hmr)
¿Degollina en Torre Tagle? 31-8-2007
Pocos días atrás, en documento enviado por fax, tomó conocimiento el presidente de la CIDH en Washington de inminentes sucesos que habrían de tener lugar en la Cancillería peruana. No sólo se los enuncia inequívocamente:
"Más aún en el colmo de la audacia y de la desvergüenza se pretende una vejación más, por el momento aparentemente detenida. Un nuevo cese de funcionarios diplomáticos, apelándose a la reducción de las edades para el retiro, proyecto que presentó el actual Presidente del Congreso de la República. Con él se pretende perjudicar nuevamente a algunos funcionarios, mientras a otros, los sinvergüenzas e inmorales que fueron sindicados por la Comisión Especial de Alto Nivel, creada por Resolución Ministerial No 0172-2002-RE, de 20 de febrero de 2002, encargada de investigar el cese arbitrario y otros actos inconstitucionales e ilegales cometidos en la década del noventa, como "gestores, ejecutores y colaboradores del ilícito, se les premia con importantes cargos en el extranjero."
Sino que sus aparentes fautores, son lo que se huelgan con frecuencia de ser defensores de los derechos humanos y tienen aparatos mediáticos con ese propósito creando o, más bien, fabricando imágenes que pretenden barnizar de prohombres a indudables mediocres que nadie entiende cómo son soportados en la Cancillería. No es que solamente, como sostiene el autor de la larguísima carta al funcionario de la CIDH, se atente contra el "querido y prestigioso Torre Tagle", así llamadas por el embajador, por entendibles razones funcionales, pero para el común de la ciudadanía, virtudes inexistentes o clandestinas, sino que hay en ciernes, como él mismo sostiene, una razzia en camino, una degollina, muy similar e infame como la ocurrida durante el régimen delincuencial de Kenya Fujimori que también tendría el camino mañoso de invitación "al retiro".
¿Qué dicen los mandamases, el titular, que de titular sólo tiene el nombre, porque no manda nada, no ve nada, no entiende nada; el real poder tras el trono cuyo único mérito consiste en haber pasado los 2 mts. de altura, mediocre entre los mediocres y autor de ningún libro o producción intelectual de valía; o el embajador político, robusto y gracioso que se desvive procurando demostrar en la OEA que en Perú se vive una calma chicha y todo está sobre ruedas?
¿Se repite la historia? ¿se quiere tener una Cancillería llave en mano y con los réprobos autores de mil y un trapacerías muy a salvo en las embajadas en el exterior, como son los casos de Eduardo Ponce, Jorge Voto-Bernales, Alfonso Rivero Monsalve, Jorge Valdez, acreditados militantes del poder genuino que decide, guillotina, destroza y trabaja como quintacolumna en contra del Perú y premiados por el gobierno del señor Alan García Pérez?
¿A esta pandilla y socios coyunturales, ha entregado Perú la defensa de sus límites marítimos, terrestres o aéreos o de cualquier índole? ¡Qué situación tan abominable frente a la que todos callan!
Leamos el siguiente documento:
Lima, 21 de agosto de 2007
Señor Doctor FLORENTIN MELÉNDEZ Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Organización de los Estados Americanos (OEA) Washington D.C 2006 - 4499 Estados Unidos de América. Faxes: (202) 458-3992 y (202) 458-6215
Ref: Caso 11.277 Eduardo Carrillo H. y Otros
Honorable Señor Presidente:
Me es grato dirigirme a usted para expresarte mi más atento saludo, al tiempo que me permito adjuntar al presente un breve resumen sobre nuestro antiguo caso, con el fin de lograr su generosa y pronta atención.
Como es de su conocimiento, el caso 11.277 fue iniciado en el año 1993 por los diplomáticos peruanos Eduardo Carlos Carrillo Hernández, Ministro en el SDP, Amalia Wahibe Mariátegui Succar, Ministra en el SDP y Rodolfo Hugo Castro Valcárcel, Segundo Secretario en el SDP; quienes fuimos cesados del Servicio Diplomático de la República el 29 de diciembre de 1992, en forma ilegal, injusta y arbitraria por el autoritario y corrupto gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, junto con otros 114 colegas. No hubo fundamentación personal alguna para dicho cese. Sólo difamaciones colectivas expresadas por el Primer Mandatario.
Luego de interponer acciones de amparo o de garantía o tutela por la violación de sus derechos constitucionales contra la estabilidad laboral, el derecho de defensa y el honor, que duraron más de tres años, Mariátegui Succar y Castro Valcárcel fueron al fin reincorporados; algo que no ocurrió con Carrillo Hernández, que en ese entonces desempeñaba el cargo de Sub Inspector General del Ministerio de Relaciones Exteriores y llevaba a cabo junto con el Inspector General una investigación que comprometía a importantes personajes de la Institución, quien no sólo no fue reincorporado, sino que se le volvió a cesar aplicándosele para ello una causal que legalmente no era procedente. Debemos destacar que la Cancillería peruana, que ya inicialmente había incurrido en la irregularidad de no resolver los recursos de reconsideración interpuestos por sus funcionarios afectados por el despido masivo, posteriormente mintió al Poder Judicial alegando una falsa reincorporación del diplomático en cuestión. La ansiada reincorporación al Servicio Diplomático de la República recién fue posible para Carrillo Hernández-y la mayoría de sus colegas, con el gobierno del Píesídente Alejandro Toledo Manrique, el 09 de diciembre de 2001. Es decir 9 años después. Este caso fue debidamente ilustrado por el prestigioso periodista César Hildebrandt en su Programa de televisión "La Clave", cuyo video se encuentra en poder de la Comisión Interamericana.
Los innumerables daños y perjuicios, tanto morales, de salud, económicos y psicológicos ocasionados por la violación de nuestros derechos humanos y constitucionales, durante estos largos e interminables años a nosotros, a nuestros cónyuges y menores hijos y por qué no decirlo, a nuestros padres y familiares cercanos fueron motivo el 09 de junio del año 1993 de un severo Pronunciamiento Institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que sentenció que las Acciones de Amparo de los tres funcionarios denunciantes se encuentran justificadas en la Constitución Política del Estado y en la Ley. Asimismo, la situación de Carrillo Hernández motivó el 25 de octubre de 1999, un detallado Informe evacuado por la Comisión Ejecutiva de Defensa de los Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el que también fue remitido oportunamente a la citada Comisión Interamericana.
A pesar que nuestros Derechos Humanos y Constitucionales, derechos que fueron vulnerados por una corrupta dictadura cívico militar fujimontesinista y que constituyen la materia de nuestra denuncia, están garantizados por las leyes peruanas y por los pactos y convenios internacionales que el Perú ha ratificado y que forman parte de su legislación nacional, sin embargo, sólo el Gobierno del Presidente Toledo Manrique- ei 22 de febrero de 2001, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por intermedio de su Ministro de Justicia, el doctor Diego García Sayán, contando con la invalorable asistencia de nuestro Representante ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en ese entonces, Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, tuvo el coraje necesario y el justo criterio de considerar el Caso 11.277 como uno de los 165 casos en los cuales el Estado peruano se comprometió a reconocer responsabilidad y a adoptar medidas para restituir los derechos afectados y/o reparar el daño causado.
Debe quedar como verdad meridiana, que una cosa es la reincorporación que lograron unos antes que otros y que nos ha permitido continuar nuestra abruptamente interrumpida carrera diplomática; en algún caso como el del suscrito después de nueve años, con algunas promociones y nombramientos al exterior; y otra, la reparación y moral que nos corresponde por los severos daños ocasionados a nosotros y a nuestros familiares más cercanos. Entre otros, complicaciones en la salud con las atenciones médicas requeridas, el tener que emigrar al extranjero con la familia para evitar represalias, con hijos menores en edad escolar, contrayendo préstamos para afrontar nuestra precaria situación económica, el sufragar costos de pasajes para venir al Perú y hacer seguimiento de las acciones judiciales incoadas ante un Poder Judicial cuestionado por la opinión pública, pagando además honorarios de abogados y afrontando en general muchas penurias económicas y malogrando nuestros promisorios Proyectos de vida. No resulta admisible que después de todos estos atropellos y daños sufridos, vuelvan en nuestros días acciones innobles y corruptas contra nosotros, algunas hasta anecdóticas por lo torpe que son, léase discriminación, ocultamiento de nombramientos; el aval ilegal de anotaciones arbitrarias con desconocimiento de la persona afectada en las Fojas de Servicios, etc. Más aún en el colmo de la audacia y de la desvergüenza se pretende una vejación más, por el momento aparentemente detenida. Un nuevo cese de funcionarios diplomáticos, apelándose a la reducción de las edades para el retiro, proyecto que presentó el actual Presidente del Congreso de la República. Con él se pretende perjudicar nuevamente a algunos funcionarios, mientras a otros, los sinvergüenzas e inmorales que fueron sindicados por la Comisión Especial de Alto Nivel, creada por Resolución Ministerial No 0172-2002-RE, de 20 de febrero de 2002, encargada de investigar el cese arbitrario y otros actos inconstitucionales e ilegales cometidos en la década del noventa, como "gestores, ejecutores y colaboradores del ilícito, se les premia con importantes cargos en el extranjero.
Honorable Señor Presidente le ruego para una mejor ilustración servirse revisar detenidamente las últimas comunicaciones nuestras, cursadas a usted y al doctor Santiago Cantón, Director Ejecutivo de la CIDH, de fechas 27 de diciembre de 2006 y 26 de abril, 22 de junio, 13 de julio, 01 de agosto y 15 de agosto de 2007.
Una vez más nos permitimos reiterar que los Derechos Humanos constituyen la base de la Democracia y del Estado de Derecho y por la tanto el actual Gobierno peruano no puede seguir eludiendo y postergando con argucias y artimañas sus responsabilidades por los hechos injustos, infamantes y vejatorios cometidos en 1992 por el propio Estado con la complicidad de malos y corruptos funcionarios diplomáticos, contra nosotros y nuestras familias. El Estado peruano debe cumplir con los compromisos contraídos con la CIDH y proceder a las respectivas reparaciones que nuestro caso amerita.
Que fácil resulta afirmar "Los Derechos Humanos son una Política de Estado" y que difícil resulta, respaldar con hechos consecuentes y transparentes la citada expresión. Qué lástima que en nuestro país todavía siga pesando más la impunidad que la justicia. No se puede permitirque un grupo corrupto de funcionarios diplomáticos, oportunamente identificado; continué teniendo una situación de privilegio en nuestro querido y prestigioso Torre Tagle.
Honorable señor Presidente, por el bien del Perú y por la imagen de tan importante y respetada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que usted tan dignamente preside, exigimos que se nos haga justicia de verdad y que no se dilaten más nuestras justas reclamaciones. Acabemos con el mal ejemplo de impunidad e injusticia que se da principalmente a nuestra juventud.
Muy atentamente,
Eduardo Carlos Carrillo Hernández Con copia al señor Director Ejecutivo de la Comisión, doctor Santiago Cantón."
