Por Alfredo Palacios Dongo
Resulta realmente inexplicable e inconcebible que el Estado peruano haya permitido una severa contaminación, durante 43 años, en la cuenca del río Pastaza por derrames de petróleo y vertimientos de químicos altamente tóxicos durante trabajos extractivos en el Lote 1AB, ubicado en la Amazonía peruana en el distrito de Andoas, provincia del Marañón, cercano a la frontera con Ecuador. Este lote, el primero explotado en la Amazonía, opera desde 1970, inicialmente por Occidental Petroleum Corporation (Oxy) que durante 30 años realizó prácticas contaminantes destructivas.
Las aguas del sub suelo, con contaminantes, concentración salina y elevada temperatura eran vertidas junto con hidrocarburos y concentrados a los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, y junto con derrames de petróleo a suelos, generaron una impactante contaminación, dañando ecosistemas y afectando la biodiversidad, produciendo enfermedades y envenenamiento por plomo y cadmio a pobladores indígenas Achuar, Quichua y Urarina, afectando tierras de cultivo, matando peces en los ríos y ahuyentando animales del lugar. En 1984 la Oficina Nacional de los Recursos Naturales (Onern) declaró que el Lote 1AB era la región ambiental más dañada del país, y recién en 1993 se promulgó el marco reglamentario ambiental de hidrocarburos.
En el año 2001 Oxy vendió su concesión a la empresa argentina Pluspetrol, pero siguió usando el modus operandi contaminante. El 2002 debió presentar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y a pesar que no cumplió, se le amplió 4 años el plazo hasta 2006, y después hasta 2010 mediante un Plan Ambiental Complementario (PAC). Entre 2007 y 2010 evaluaciones e informes corroboraron graves y alarmantes contaminaciones por encima de límites permisibles, además, monitores ambientales indígenas registraron 82 derrames; actualmente existirían 112 puntos de contaminación en la cuenca del Pastaza y sus afluentes.
Bajo este panorama, por presión de representantes nativos de la zona, un grupo congresal viajó y constató la grave contaminación “con relaves de hasta 2 metros de altura cubiertos por Pluspetrol con maleza”. El pasado día 25 recién el gobierno declaró en emergencia ambiental la cuenca del río Pastaza. Esta decisión se relaciona con la programación del primer proceso empleando la Ley de Consulta Previa (LCP) a comunidades indígenas de la zona del Lote 1AB, que debió efectuarse este mes de marzo, pero falta la lista de comunidades indígenas y originarias, así como el inventario de pasivos ambientales de hidrocarburos, dispuesto hace 6 años (ley 29134). En dicha consulta se prevé un avasallador “no” contra Pluspetrol, sin embargo, según la LCP, el Estado tiene la potestad de decidir en contrario.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de marzo de 2013
