Por Luis Alberto Salgado T.*
Tres hechos recientes han indignado, justificadamente, a la ciudadanía. Son señales graves de ingobernabilidad y de que el Perú —si no tomamos decisiones drásticas— se enrumba a ser un Estado fallido (anarquía, violencia y desorden generalizado afectando a millones de seres humanos de todas las clases sociales en todo el territorio):
1) Autoaumento grosero de ministros y burocracia dorada y congelamiento del sueldo mínimo del pueblo
A los ojos del pueblo ha sido una insolencia inaceptable el aumento desvergonzado y abusivo que el gobierno de Ollanta Humala y sus ministros han hecho en beneficio de sí mismos. Se doblaron el sueldo —30,000 soles mensuales—, mientras con desparpajo anunciaron que el aumento del sueldo mínimo vital (uno de los más bajos de América Latina) “no está en la agenda del gobierno”. Crisis de gabinete y caída del expremier Villanueva para nombrar en su reemplazo (insólitamente aceptado por el ya desprestigiado congreso) a René Cornejo, uno de los ministros con más serias denuncias de conflictos de interés contra él. Es decir, si algo quedaba de autoridad moral —base de la autoridad legítima— a un gobierno que traicionó todas su promesas de cambio y de transformación real del país —y para lo cual fue elegido—, ese algo se ha reducido, ahora sí, a su mínima expresión.
2) Región Ancash: corrupción, asesinatos e impunidad estructural
Es en la ineptitud e insensibilidad del contexto anterior —que en ese sentido es continuación de los gobiernos de García, Toledo y Fujimori—, que se produce hace 3 semanas el alevoso asesinato del señor Ezequiel Nolasco, exconsejero regional de Ancash (noveno asesinato de opositores políticos al actual presidente regional, César Álvarez, denunciado, a su vez, desde hace años, por cometer gravísimos actos de corrupción). Las denuncias fueron sistemáticamente archivadas por el Ministerio Público (el mismo fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, con otro fiscal supremo, Carlos Ramos Heredia, removieron a todos los fiscales que se atrevieron a investigar y denunciar a Alvarez). Por otro lado, tres jueces en Ancash pusieron extrañamente en libertad a los principales sospechosos del asesinato del hijo del señor Nolasco y del atentado contra él mismo (4 balazos en la zona abdominal) perpetrado en junio del año 2010. Mientras, en el Poder Legislativo, en la llamada “comisión de Fiscalización”, los congresistas Benítez y Crisólogo, con el apoyo de sus colegas Canches, Mulder y Aguinaga, haciendo mayoría, le dieron un portazo a Ezequiel Nolasco y archivaron la denuncia/informe del valiente e íntegro congresista Modesto Julca. Crónica de un asesinato anunciado.
Así, ha venido creciendo el espanto en la Región Ancash…corrupción, asesinatos, impunidad, ni estado de derecho, ni leyes, ni justicia, es la región fallida de Ancash. Se cerró el círculo del infierno. Y Ancash no es la única región…
3) Resolución prevaricadora que propicia impunidad
Está demostrado fehacientemente. No existe, absolutamente, ningún resquicio de duda que, entre los más de 3,200 beneficiados con indultos o reducciones de pena, Alan García excarceló no sólo a micro-comercializadores de droga o “paqueteros” sino a 400 miembros de bandas de narcotraficantes y, adicionalmente, a alrededor de 1,650 sentenciados por robo agravado (lesiones seguidas de muerte del agraviado). Usando su poder y condición de presidente de la República, el señor García, de puño y letra, y violando artículos clarísimos de la constitución vigente (8vo. y 118.1, 118.8 y 118.9), ordenó la libertad de peligrosos delincuentes exponiendo aún más a la sociedad y aumentando con ello, ya en ese entonces, el alto índice de criminalidad en el país. Todo esto, además, en un encadenamiento de voluntades y acciones de funcionarios y subordinados que revelan clarísimamente, la existencia de una asociación ilícita para delinquir.
Lo anterior está contundentemente demostrado. Y la comisión multipartidaria congresal que presidió Sergio Tejada, más allá de sus yerros o insuficiencias de criterio —que pueden ser materia de crítica mas no razón suficiente para anular los informes ni sus implicancias— no ha hecho sino consolidar y ordenar esa información y ponerla a disposición del pleno del Congreso. Pero un juez constitucional, Hugo Velásquez Zavaleta, optando por un formalismo abstruso que se parece mucho a una leguleyada de mala fe, no ha tenido empacho en emitir una extraña y contradictoria resolución en la cual señala que todo ello debe quedar “anulado” en lo que se refiere a García porque se habría violado su derecho a la defensa por no haberle dicho que era un “investigado” a pesar que el mismo Velásquez reconoce en su conclusión 9 que “es factible concluir que el actor ha sido considerado como investigado”. ¿En qué quedamos señor Velásquez?.
¿Qué esperan que sienta la ciudadanía al verificar que nuevamente un representante del Poder Judicial emplea el relativo poder de su cargo para obstruir el desenlace de una investigación sobre hechos muy graves que erosionan, precisamente, las bases de la Nación?
En reproducción limeña del círculo tenebroso de lo que sucede en Ancash, esta vez aparecen los congresistas Velásquez Q. y Mulder tratando de blindar al señor García, quien, como sabemos, tiene el muy dudoso “mérito” de haber destruido al otrora “Sólido norte aprista” incluido Trujillo y haber hecho - él y sus dirigentes subordinados - que al APRA se le desprecie y se le deteste en todo el país por asociarla con corrupción y por identificarla con los intereses de los poderosos. Sin embargo, habría una salida, sostienen algunos: que el Congreso amplíe la vigencia de la comisión Tejada o elija una nueva comisión que, en breve plazo, citaría expresamente como “investigado” al señor García eliminando el pretexto formal inventado por un miembro del Poder Judicial. El Congreso recuperaría en algo su alicaída imagen ante el país.
En consecuencia, por la extendida y profunda corrupción de sujetos con mucho poder, y al más alto nivel, de las llamadas instituciones del gobierno - del de hoy y de los pasados - y por la existencia de verdaderas mafias instaladas en el Estado y en gobiernos regionales, que consiguen impunidad ante la corrupción y el crimen organizado, el Perú se dirige a su progresiva desaparición como entidad nacional.
Siempre fuimos una nación fragmentada y de exclusiones estructurales y no es novedad que la oligarquía incapaz del pasado, como la plutocracia frívola de hoy, nunca creyó en un país para todos. Pero hoy, por eso mismo, el Perú comienza a tocar fondo. Comienzan a desaparecer las mínimas condiciones de soberanía, cohesión y seguridad interior para que nuestro país siga siendo considerado una entidad nacional. En estas circunstancias, hablar de decencia y de respeto a los derechos a la salud, a la nutrición, a la educación de calidad, o al trabajo digno, sonará para muchos a burla o a broma de mal gusto.
El llamado y la invocación a las fuerzas sanas del país se impone como un deber. Construir la resistencia democrática, pacífica pero enérgica del pueblo a esta avalancha del mal es un mandato de la hora presente. Por nuestros hijos y por nuestra propia dignidad.
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8-4-2014
