Jans Erik Cavero Cárdenas*
El Perú, con el fallo judicial que pretende blindar a García Pérez, se erige como el reino de la impunidad. Razón no le falta a Cotler cuando sostiene que Abimael Guzmán, Alberto Fujimori y Alan García, son los destructores del país. Si “Cholo Jacinto”, “Cojo Giovanni”, “Pampañaupa”, “Gordo Renca”, “Pitufo”, creían tener el monopolio del hampa y la titularidad de la marca “Los Destructores”, se equivocaron rotundamente. La competencia, aquélla que tiene prensa, recursos, lobbies y presencia en el aparato gubernamental, es más peligrosa.
Lo que Fujimori y García hacen, dejan de hacer, o dicen, son titulares y portadas en los principales medios de comunicación, radial, escrito y televisivo. ¿Por qué? Probablemente porque a la gran prensa le interesa vender, y en nuestro país los escándalos, la farándula, el morbo, vende, y mucho. Es lamentable que los periodistas de la capital peleen por tener la exclusividad con los autores de nuestra miseria moral, aquellos que han sido identificados pero no castigados, con propósitos incluso de dirigir el Estado. ¿Es posible que la hija del preso, el ciudadano norteamericano, y el investigado por corrupción, encabecen las encuestas?
Casualmente, un programa dominical que se transmite por el canal de los Miro Quesada entrevistó a dos abogados respecto a la intromisión grosera del Poder Judicial en el fuero parlamentario. ¿Quiénes fueron los entrevistados? Lourdes Flores Nano y Enrique Bernales Ballesteros. Para ambos, la decisión jurisdiccional resulta perfectamente válida y legal, lo que significa que han olvidado cómo funciona la práctica parlamentaria, cuál es la delimitación objetiva de la función de fiscalización congresal y cuáles son los alcances del fuero parlamentario. ¿Estos 2 personajes no fueron miembros del Parlamento?
¿Será posible que René Gastelumendi no sepa que Enrique Bernales no es abogado? En efecto, Bernales no es abogado, y por tanto no puede ser “constitucionalista”. Es cierto que para ser experto en constitucionalismo no se requiere formación jurídica, pero no es menos cierto que los politólogos tienen un enfoque distinto sobre el funcionamiento del Estado. Quizá Bernales tenga una opinión aceptable sobre el ámbito dogmático de la Constitución, no obstante, su perspectiva respecto a la parte orgánica de la Carta Magna resulta cuestionable, más aún en este caso concreto, objeto de comentario, en el que no estaría siendo neutral.
En efecto, no se puede descartar, a priori, la sólida relación amical que existiría entre Bernales y Alan García. El primero es Director de la Comisión Andina de Juristas, que tuvo entre sus filas a Carlos Mesía, aprista, ex asesor del tío George, y actual magistrado del Tribunal Constitucional. La Comisión Andina de Juristas tiene entre sus líneas de trabajo la defensa y protección de los derechos humanos, pero ¿alguna vez Bernales se pronunció enfáticamente contra las violaciones perpetradas durante el segundo gobierno de García?, ¿cuándo Bernales recriminó públicamente a García por el Baguazo?, ¿qué dijo Bernales sobre el decreto de García que criminalizó la protesta social?, ¿cuál es su opinión sobre los narcoindultos?
La comunidad académica no debe engañarse. Abogados y juristas como Aníbal Quiroga, Domingo García Belaúnde, Javier Valle Riestra, Walter Gutiérrez, etc., además de otros profesionales conocidos como Bernales, son de corazón y sentimiento aprista. Por lo tanto, sus opiniones en temas que comprometen a García no son imparciales. Más razonables son los enfoques que sobre el caso tienen Valega, Eguiguren, Landa Arroyo.
Por su lado, Lourdes Flores debería volver al Congreso para recapitular conceptos parlamentarios que ha olvidado. Habla del debido proceso sin mostrar el contenido de las citaciones que -en su condición de presidenta de comisiones investigadores- remitió a sus investigados. La emplazo a que demuestre que sus citaciones garantizaron el debido proceso, tal cual invoca la defensa de García, de quienes fueron investigados. Al parecer, su obsesión por ser Jefe de Estado ha terminado por minimizar el fuero parlamentario.
Para los abogados y amigos de García, que ni siquiera leyeron las citaciones, hubo violación al debido proceso. ¿Por qué entonces no fue cuestionada la primera citación que se remitió para abordar los colegios emblemáticos? Porque las narcoconmutaciones, según el informe de la Megacomisión, comprometen seriamente a quien conversaba con Dios antes de otorgarlas; porque los indicios hallados en BTR desnudan la interferencia política para desaparecer o alterar pruebas que desnudaban la corrupción aprista al más alto nivel.
Mientras el trabajo de la Megacomisión grafica una serie de conductas que merecen la cárcel y la inhabilitación para ejercer la función pública, Alan García pretende una segunda reelección, Aurelio Pastor pretende el Gobierno Regional de San Martín, Enrique Cornejo anhela la Municipalidad de Lima Metropolitana, Omar Quezada amenaza con tentar la reelección al Gobierno Regional de Ayacucho. Para la fiscalía y la judicatura no pasa nada. Si el escenario electoral se pinta de este modo, todos en coro: ¡En costa, sierra y selva, Mantilla Presidente!
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