Por Guillermo Olivera Díaz*
El 22 del presente mes, 11.45 am, mientras conducía mi vehículo LGX-647 por la Avenida Carlos Mariátegui, después de asistir a una audiencia en un colegiado de la Sala Penal Nacional, yendo del penal Castro Castro a mi domicilio en San Borja, fui intervenido por un policía uniformado en motocicleta de tránsito, quien me refirió que mi camioneta SUBARU tenía orden de captura y que lo acompañara a la Comisaría. ¡De paso me despojó de todos mis documentos, que los pedía una tras otro, quizá suponiendo que milito en la informalidad!
Por ser un crítico, acre y punzante de la corrupción, que, en infinidad de artículos de mi autoría, he analizado-enrostrado las conductas ilícitas, de contenido penal, que se imputan a Alan García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Luis Castañeda Lossio, Alex Kouri, PPK, entre otros, como movido por un resorte imaginé que la mafia estaba moviendo a la policía para importunarme, o algo más, pues ese mismo día tenía cortados los servicios de línea telefónica e Internet que Movistar me provee, pese a estar al día en el pago, y 2 días antes se había impedido que continuara la entrevista, acerca del amparo contra el juez de García, Hugo Velásquez Zavaleta, que sostenía con Radio Libertad de Trujillo, apenas había comenzado.
El interviniente SO2 PNP Tomás Pérez Flores, llamó por radio a su central de requisitorias y confirmó que tenía vigente una orden de captura de mi citado vehículo, por la supuesta papeleta impaga N° E465052, impuesta en los tiempos del alcalde Lima, Luis Castañeda Lossio, contra quien escribí, y lo sigo haciendo, varios artículos por el espinoso y sonado Caso Comunicore. De pronto apareció otra motocicleta de tránsito con un policía más y ambos pretendían llevarme a la Comisaría del distrito, a lo cual me negué rotundamente, me identifiqué como abogado, haciéndoles notar que alguien, con horrenda turbiedad, está utilizando a la policía, ya que estaba seguro que no existía ninguna orden de captura. ¡Mi seguridad de que se trataba de una celada era absoluta, sin pizca de duda!
Por mi actitud firme, serena y respetuosa tales policías desistieron de su propósito y únicamente me dejaron una notificación escrita, que firmé su recepción y que ahora adjunto, en calidad de “intervenido”, cuyo texto, en formulario impreso, dice: “ME COMPROMETO A REGULARIZAR LA SITUACIÓN”. Lo real es que ellos, con su jefe máximo, deberían ser los que regularicen lo que tengan que regularizar, pues estoy seguro con rotundidad que mi vehículo no tiene captura alguna, ya que la misteriosa y aludida papeleta, que nunca la vi, no me la notificaron y no supe en qué lugar fue impuesta, la pagué el 29 de octubre del año 2012. Tengo el recibo conmigo.
Daré a conocer otras precisiones más adelante, que demuestren la ausencia de captura de mi vehículo. Resulta muy peligroso que la policía sirva de instrumento mafioso de persecución, realizando una captura por una multa de tránsito que fue pagada, años atrás, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que, por ende, este órgano municipal se la levantó, y, sin embargo, se la mantiene “VIGENTE”, por casi 2 años. ¿Cobra vigencia una captura levantada?
¿Quién, con hilos invisibles de corrupción, mueve a la policía también corrupta, contra un ciudadano que mora en la antípoda de ellos y los enfrenta desde siempre?
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Lima, 31 de mayo del 2014.
