Rafael Romero
En la región suramericana el Perú es el campeón en tráfico de tierras. Y la institución llamada a dar la alerta en este campo de la ilegalidad, llámese Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, no sólo ha sido abandonada a su suerte por los gobierno de Toledo, García y la actual administración humalista, sino que incluso desde el Poder Judicial se la puede maniatar, aún más de lo que está, vía las consabidas acciones de amparo.
Sin ir muy lejos en cuanto a terrenos del Estado se refiere, y diametralmente opuesta a nuestra situación surrealista, o si se quiere kafkiana, existen entidades públicas verdaderamente empoderadas a defender su patrimonio, como por ejemplo en Chile, donde funciona el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene la facultad de regularizar el dominio de un bien raíz, pero que también tiene la autoridad como para que ningún alcalde o presidente regional le baje el moño, como es en el Perú, disponiendo a diestra y siniestra de tierras del Estado para venderlas al mejor postor mediante subastas amañadas.
Sin embargo, no se trata de crear más ministerios en el Perú, a pesar de que sólo tenemos 18 y vecinos como Chile tienen 23, sino de hacer que las instituciones que existen funcionen bien y sean respetadas por otras entidades públicas. Es decir, se le debe dar todo el apoyo legal y presupuestario a fin de que nuestra Superintendencia Nacional de Bienes Estatales imponga el orden y se haga respetar, evitando que se le enmiende la plana desde el Poder Judicial, Cofopri o desde cualquier municipio administrado por alcaldes corruptos.
El desmadre experimentado en el Perú, no solo a partir de la escandalosa red Orellana, que incluso inscribía propiedades con gran facilidad en los Registros Públicos, es culpa de malos funcionarios de tercer nivel pero también de los políticos de turno, quienes sobre todo en los últimos 20 años se hicieron de la vista gorda mientras sus recomendados encaramados en el poder o su clientelaje político más cercano se infiltraba en la administración del Estado para traficar con tierras, no solo públicas sino de la propiedad privada, resultando el caso que ciudadanos decentes amanecían con la sorpresa de que su predio tenía otro titular, cuando no habían sido echados a la medianoche por matones para entregar el terreno a un supuesto nuevo propietario.
No menos culpa le asiste a malos servidores enquistados en el Ministerio Público, la Contraloría, Sunarp, Policía Nacional, entre otras instituciones del Estado.
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