Alberto Adrianzén M.
La justificación de este ya conocido discurso abiertamente neoliberal es que la nueva ley es la mejor manera de combatir la “informalidad” y dar empleo.
Cuando Ollanta Humala era candidato a la presidencia en uno de sus mítines prometió que su futuro gobierno iba a “darle seguridad a los jóvenes que se incorporan al mercado” y también “respetar los derechos laborales y defender la estabilidad laboral”. Terminó su discurso con una idea redonda: “Necesitamos un trabajador del siglo XXI y no del siglo XVII”.
Hoy sabemos que esas promesas, como muchas otras, no se cumplirán. La ley laboral juvenil es el casi último paso para crear una clase trabajadora del siglo XVII en un país que, como dice el gobierno y los empresarios en la última CADE, camina al “primer mundo”. Ahora, el presidente Humala dice que los jóvenes si quieren tener un trabajo deben “pagar derecho a piso” y que ello significa renunciar a una serie de derechos laborales.
La justificación de este ya conocido discurso abiertamente neoliberal es que la nueva ley es la mejor manera de combatir la “informalidad” y dar empleo, y que ella será posible si los empresarios tienen nuevos incentivos para dinamizar el mercado laboral.
Sin embargo, la lógica de este discurso es bastante curiosa:se dice que la informalidad es responsabilidad de los actuales trabajadores formalespara encubrir, más bien, que es un sistema que ha encontrado en esa informalidad la mejor manera de proteger y aumentar los privilegios de los empresarios y de las élites.
Una nueva manera de dividir a la sociedad entre ricos y futuros “empresarios” y los demás. Una igualdad cuyo referente ciudadano es el empresario y no una ciudadanía con derechos igualitarios para todas las personas.
En realidad, el discurso de la informalidad —uno de cuyos autores es Hernando de Soto y principal responsable del desembarco del neoliberalismo en nuestro país— busca dividir el mundo del trabajo entre una minoría de trabajadores con privilegios, por lo general sindicalizados, y la mayoría de trabajadores sin privilegios o desempleados.
Según esta teoría, que los segundos no tengan un empleo estable ni derechos laborales se debe a que los primeros, al tener demasiados “privilegios”—como los empresarios llaman a los derechos— impiden que la mayoría tenga empleo.“Son muy caros”, dicen ellos.
La consecuencia para la gran masa que pugna por entrar al mercado laboral es instalarse en ese mundo informal. Una suerte de bote salvavidas para enfrentar las penurias de un sistema que les ofrece poco o nada.
A todo ello se sumó el mito del llamado “emprendedurismo” que cree que el trabajo es un derecho para tener éxito y no una ocupación para lograr con derechos una vida digna.
Este tipo de discurso legitima, como dice Byung-Chul Han, que “El neoliberalismo convierte al trabajador oprimido en empresario, en empleador de sí mismo. Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es amo y esclavo en una persona”.
La “informalidad” es la otra cara de un modelo primario exportador que se niega a industrializar el país y que requiere de una sociedad escindida, separada.
Se podría decir, si se asume todo ello, que el nacionalismo de Ollanta Humala es la etapa superior en el campo laboral del fujimorismo. Porque, en verdad, quién comenzó a destruir el sindicalismo con la flexibilización del mercado laboral y con el crecimiento de la informalidad fue, justamente, el fujimorismo en la década de los noventa.
Hoy los trabajadores sindicalizados no llegan al 7%.
A la gran mayoría se le niegala negociación por rama. Incluso, el despido arbitrario ha sido elevado a rango constitucional con un artículo absurdo que dice que la ley protege el despido arbitrario, creando una serie de normas para legalizarlo.
En este contexto no es extraño que el sindicalismo siga en crisis y que la capacidad del sueldo mínimo, a lo largo de estos años, en lugar de crecer haya disminuido y que hoy sea el segundo más bajo en América del Sur.
Y si a ello agregamos que los jóvenes que ingresarán a trabajar, bajo esta nueva ley, no percibirán CTS ni gratificaciones, tampoco seguro de vida ni asignaciones familiares —¿a qué edad serán padres estos jóvenes?—, vacaciones a medias, es más claro que el gobierno solo busca favorecer a los empresarios en esta época de crisis y de enfriamiento de la economía. Es la legalización del “cholo barato”.
Hace unos días leí en mi facebook la palabra “fujinacionalismo”. Para algunos, esta palabra puede ser exagerada y hasta equivocada. El fujimorismo es algo más complejo que una política antilaboral.
Sin embargo, no deja deser interesante. Los individuos “resignifican” la realidad según su experiencia cotidiana. Es probable que para un sector de trabajadores y de jóvenes el gobierno de Humala sea una suerte de “fujinacionalismo”, es decir, la continuidad, pero más agobiante que la etapa anterior.
Tampoco es raro que en estos días PPK, quien inicialmente aplaudió la ley y pidió se extiendan los años de los jóvenes que ingresan a trabajar bajo este sistema, y también el fujimorismo que votó a su favor en el Congreso, hoy tengan signos de retroceso por puro electoralismo. Pero más extraño es que un gobierno acorralado, débil y permisivo con la corrupción, como es el de Humala, la promulgue y que insista en defenderla.
Ello nos indica que se viene una etapa de confrontación y que, a lo mejor, al igual que al final de los años noventa, tendremos que organizar otra marcha de los Cuatro Suyos y comenzar a lavar nuestra bandera nacional.
Diario Uno, 21.12.2014
