Luis Alberto Salgado T.
El doble rasero descarado empleado por Manuel Miranda, María Loayza y Edith Vargas (miembros del Jurado Electoral Especial Lima-Centro 1) para decidir que Keiko Fujimori no debe ser excluida del proceso electoral, constituye un flagrante acto de PREVARICATO (decidir contra derecho) y, eventualmente, deberán ser sancionados. El Jurado Nacional de Elecciones debe corregir con contundencia este despropósito jurídico de potencial grave consecuencia para el Perú.
Esa resolución del JEE ahonda la gravedad de un proceso electoral que ya comienza a ser percibido como dolosamente irregular para beneficiar indebidamente a algunos candidatos y perjudicar deliberadamente a otros.
Mas lo que vienen haciendo es golpear duramente las bases de esta ya endeble democracia burlándose de los pueblos del Perú y violentando el principio fundamental de la buena fe que debe inspirar y definir a los actos públicos y oficiales, más aún si ellos gravitarán decididamente en quiénes tendrán el poder político en el país, en los próximos 5 años.
Hemos dicho antes que, para evitar herir de muerte este proceso y que termine por convertirse en un sainete y el hazmerreir internacional, el JNE finalmente deberá restituir las candidaturas de Julio Guzmán y César Acuña, que debieron ser sancionados con amonestación o multa pero nunca con la exclusión del proceso pues con ello violaban el bien jurídico mayor y superior: el derecho de los ciudadanos a decidir y a elegir a sus gobernantes, que es el fundamento central de la democracia. Pues si sancionaron así a esos dos candidatos , también deben ser sancionados con igual drasticidad, K. Fujimori y Alan García.
Todo eso ha sido violado ya por el
JEE y, hasta ahora, por el JNE que es la última instancia nacional en cuanto a justicia electoral.
En síntesis, al haberse violado también el principio fundamental de que todos somos iguales ante la ley (violación perpetrada por la misma autoridad del Estado), estamos ingresando en un grave impasse jurídico y político, que tendría que empezar a resolverse por vías extralegales, que el mismo JNE debería ser el primer interesado en evitar.
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