Narcoland
Por Nelson Manrique
El escándalo desatado por el informe de Cuarto Poder y Univisión, sobre la investigación de la DEA que involucra a Keiko Fujimori y al secretario general de su partido, Joaquín Ramírez, en el lavado de 15 millones de soles, ha cambiado de un momento a otro la agenda electoral. De las denuncias sobre el autoritarismo y el uso inescrupuloso de las redes sociales, hemos sido retrotraídos a otro tema en que el fujimorismo tiene una larga historia: la corrupción y el narcotráfico.
Esta historia comienza con el involucramiento de Vladimiro Montesinos en la defensa de narcotraficantes y la edificación de una urdiembre corrupta en el interior del sistema de justicia. Este fue su aporte más importante al incorporarse al entorno del entonces candidato Alberto Fujimori, permitiéndole “solucionar” un problema que tenía con la justicia, por unos terrenos. Los negocios con el narcotráfico no fueron abandonados. Según el testimonio del colombiano “Osito” Escobar, su hermano Pablo Escobar, el máximo capo de la droga del mundo, aportó un millón de dólares para la campaña presidencial de Alberto Fujimori el año 1990.
A lo largo de los noventa, Montesinos utilizó su poder para continuar lucrando con el narcotráfico. Fue denunciado públicamente por Vaticano, el narcotraficante más importante en ese momento, por cobrar cupos y prestar el apoyo de destacamentos del ejército para facilitar que las avionetas que transportaban droga a Colombia pudieran operar sin inconvenientes. Luego vino el descubrimiento de 180 kilos de clorhidrato de cocaína en el avión presidencial; evidencias publicadas después comprobaron que se hicieron al menos cinco viajes similares transportando droga. En todos los casos, el control que Vladimiro Montesinos tenía sobre el sistema nacional de justicia permitió que se impusiera la completa impunidad. La manera como la justicia se puso al servicio de la impunidad fue detalladamente expuesta por Montesinos a la bancada de Cambio 90 en una reunión en el SIN. A la pregunta que les hizo, sobre qué sucedería si perdieran el control del aparato de justicia, la parlamentaria Luz Salgado contestó: “¡Nos matan!” (http://bit.ly/1VYN5xb).
La DEA y otras agencias gubernamentales norteamericanas tuvieron en la mira a Montesinos desde inicios de los noventa, pero este contaba con el apoyo de la CIA, que estaba encantada de tener un colaborador cercano en el círculo gobernante del Perú.
El sello mafioso no ha desaparecido. Las acusaciones a parlamentarios fujimoristas por negocios oscuros son varias y sigue sin explicación en qué quedó la investigación sobre los 100 kilos de cocaína hallados en una empresa de propiedad de Kenji Fujimori. Así llegamos al escándalo de hoy.
Los voceros fujimoristas han tratado de desacreditar la denuncia, atribuyéndola a rumores sin pruebas. Pero no es este el caso. En primer lugar, la grabación que involucra a Keiko se hizo como parte de una operación oficial encubierta de la DEA. El piloto Jesús Francisco Vázquez grabó una conversación que involucra a Keiko Fujimori en el lavado de dinero. Según explica en una carta que envió a su oficial superior en la DEA: “el Sr. Joaquín Ramírez Gamarra, un congresista de Perú muy cercano a la señora Keiko, me dijo que había lavado dinero de la señora Keiko por $ 15 millones para la compra de una cadena de estaciones de servicio (grifos) en Perú. Todas esas conversaciones fueron grabadas en secreto por mí, siguiendo sus órdenes”.
Keiko, Luz Salgado y Chlimper se han apresurado a insinuar que detrás de la acusación habría motivos oscuros, señalando como sospechoso que la denuncia se haga pública precisamente tres semanas antes de las elecciones. Pero la motivación del señor Vázquez esta transparentemente expuesta en su carta: “Necesito su apoyo para desmantelar esta banda que está a punto de tomar el control de mi país, actualmente el primer productor de coca en el mundo”.
Pasará tiempo para que se conozcan todos los detalles de la trama, pero una hipótesis fuerte hoy apuntaría a que la DEA le ha bajado, finalmente, el dedo a los Fujimori.
La República, 18.05.2016
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