Las recientes encuestas de IPSOS y Datum coinciden en el incremento de la desaprobación de la gestión de Pedro Castillo, 76% en ambos casos, creciendo diez puntos en la primera, de acuerdo a la cual aquella crece en todo el país –entre 88% en Lima y 53% en el sur–, en todos los estratos —entre 92% en el A y 67% en el E—, así como en los distintos grupos de edad. Al Congreso de la República le va ligeramente peor, subiendo su desaprobación al 79%. En este escenario, como no puede ser de otra manera, 63% de los encuestados cree que el mandatario debe renunciar. El porcentaje de quienes piensan que se deben ir todos, que llegaba a 74% en febrero, la última vez que la encuestadora preguntó por el tema, está terminando por hacerse sentido común.
Sentido común que refuerza la convicción creciente de la gente que desde la política y los políticos no hay salida a la crisis del régimen que han producido desde buen tiempo atrás y en la que Ejecutivo y Legislativo parecen compartir el empecinamiento por durar. Como es cada vez más notorio, desde marzo pasado la calle se ha afirmado como el espacio privilegiado por la gente para expresar sus múltiples malestares. Ya ese mes, según la Defensoría, se registraron 363 acciones de protesta colectiva, largamente el número más alto de los últimos años, en un escenario donde los conflictos que fueron 208, hicieron de marzo el más conflictivo del último año.
Así las cosas, y afectados por un escenario en el que el mandatario percibe la profunda erosión de su legitimidad de origen y la pérdida cotidiana de apoyo popular, mientras el Congreso de la República, frenada la vacancia, busca otros caminos para retirarlo, surgió el anuncio de «cambio de rumbo» en el gobierno, donde Pedro Castillo aparecía mostrando su disposición a un nuevo gabinete de ancha base y a un Premier que no dependa de su entorno. El cardenal Barreto y el secretario del Acuerdo Nacional dieron esa versión a los medios tras reunirse con el Presidente, Oscar Maurtua y el congresista Bermejo. Todo indica que una vez más, el gobernante usó a sus interlocutores para generase un espacio, ganar tiempo y distraer a la opinión pública, pero también a los actores políticos.
Como no podía ser de otra manera, desde los extremos, descalificaron particularmente al arzobispo de Huancayo, mientras el primer ministro Torres, que paradójicamente registra menor desaprobación que Castillo (68%, subiendo 14 puntos desde marzo), directamente lo insultó y a imagen y semejanza del Ejecutivo y el Legislativo, insiste en sobrevivir aferrándose a su cargo, persistiendo en mencionar a Hitler y atacar a los medios de comunicación que lo cuestionan mientras fracasa en la atención a los principales conflictos sociales que enfrenta el gobierno, como lo demuestra el paro de Cusco, cuyos organizadores anuncian una paralización indefinida a partir del próximo 25 de no atenderse sus demandas.
Aunque desde el espacio del Acuerdo Nacional, con el apoyo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de distintas organizaciones sociales, se insiste en la dirección de un nuevo gabinete y un conjunto de cambios, las organizaciones políticas que integran ese espacio, mantienen su comportamiento y sus respectivas agendas, ignorando los malestares de la calle y leyéndolos instrumentalmente en función de sus intereses. Desde el Ejecutivo y sectores de la izquierda la calle exige atención a temas estructurales, responsabilidad de anteriores gobiernos, así como la defensa de una agenda de cambio asediada por la clase política; desde sectores crecientes del Parlamento, las movilizaciones responden a la incapacidad de la gestión y exigen la salida de Castillo.
En sentido estricto, ni los unos ni los otros están interesados en los malestares y las agendas de la gente. El Ejecutivo designa como asesor en el Ministerio de Salud al censurado exministro Condori, resulta incapaz de atender los conflictos en Cuajone y Fuerabamba que se prolongan peligrosamente, alienta un inútil proyecto de castración química contra los violadores y encuentra por toda respuesta a los «derrumbes» de Migraciones y las ruinas de Kuelap, la responsabilidad de gestiones anteriores. Por su parte, el Congreso y los partidos que lo integran, insisten en avanzar en la arbitraria e irregular conformación del Tribunal Constitucional a la par que hacen armas arrojadizas de distintas acusaciones constitucionales y consolidan la contrarreforma política para favorecerse en las elecciones regionales y municipales de octubre, en las que 27 exrepresentantes del período 2020-2021 competirán con sus colores en distintas regiones y otros 10 buscarán alcaldías en Lima y Callao.
Definitivamente, con su irresponsabilidad y su mediocridad, están jugando con fuego. A fin de cuentas, como lo evidencia un reciente informe regional, el 2021, Perú era uno de los tres países con menor apoyo a la democracia, apenas 21% se declaraba satisfecho con la que tenemos y ya entonces 57% prefería un gobierno de «expertos» antes que de electos. La tentación autoritaria tiene varios rostros y mientras distintos actores políticos la alientan explícitamente, todos la alimentan con su incapacidad para responder a las múltiples y cotidianas demandas de la gente.
desco Opina / 22 de abril de 2022
