Mg CPCC Luis Alberto Latínez Carpio*
El inefable Contralor General de la Republica, Nelson Shack Yalta, en su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de desastres COVID-19 del Congreso de la República, manifestó que se han generado diversos informes de control, alertando y procurando que se evite el vencimiento de las vacunas adquiridas, entre ellas del laboratorio Astrazeneca.
En el caso de las vacunas Astrazeneca, dijo que se han emitido trece (13) informes de control que alertaron próximos vencimientos y detectaron vacunas vencidas en distintas regiones del país. El primero fue el mes de diciembre de 2021, en el que advirtieron que el 28 de febrero de 2022 iba a vencer un lote de 1´366,370 dosis de la vacuna en los almacenes del Cenares, indicándole al Ministerio de Salud que tome las medidas correctivas inmediata.
Agregó que el 7 de febrero del 2022 se emitió el segundo informe sobre vacunas de Astrazeneca realizado al Ministerio de Salud (Minsa) y se advirtió de una brecha de 237, 182 vacunas pendientes de registrar en los sistemas de información correspondientes, lo que generaba el riesgo de no contar con información sincerada y actualizada de personas vacunadas con estas dosis.
En el mismo mes de febrero del 2022, emitieron otro informe donde alertaban que Cenares tenía 2 millones 473 mil 400 de vacunas que vencían el 28 de febrero y 31 de marzo. Y en marzo, advirtieron que Cenares contaba con 2 millones 052 mil 800 dosis de vacunas Astrazeneca que igualmente vencían el 31 de marzo”, detalló.
Shack Yalta enfatizó que pese a la preocupación de la Contraloría por evitar que las vacunas de Astrazeneca lleguen a vencer, se detectó que 8,580 dosis de estas vacunas vencieron en las Direcciones Regionales de Salud de San Martín, Tacna y Madre de Dios. También encontraron 310 dosis vencidas en el establecimiento de salud Andrés Araujo en Tumbes e incluso había casi 30 mil vacunas por vencer en abril.
Ante estos hechos, anunció que en mayo próximo se iniciarán diversas acciones de control posterior, para evaluar el cumplimiento de la estrategia de vacunación respecto de los hechos revelados y el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales que corresponda en cada caso.
De acuerdo al comportamiento de la Contraloría General de la República (CGR), desde que fue intervenida en el año 1992 por el gobierno de Fujimori hasta la fecha, dudo que deslinde las responsabilidades del caso y recomiende denunciar penalmente a los responsables por el perjuicio económico ocasionado a nuestro país.
También, existen vacunas por vencer de Pfizer.
Se ha seguido adquiriendo vacunas, para aplicar la 4ta dosis, que ya se ha aplicado al personal de salud. La Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur, inicio el proceso de vacunación de la cuarta dosis contra la Covid-19 en todo el personal asistencial y administrativo que laboran en la institución bajo la modalidad, CAS, nombrado o prestador de servicio. Esta irresponsabilidad del Misterio de Salud ha traído como consecuencia que los especialistas se pronuncien, argumentando que no debió aplicarse la 4ta dosis.
La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda aplicar la 4ta dosis.
Aquí, también, existe perjuicio económico al país, pues no debieron adquirirse.
Recuerden que en el gobierno de Vizcarra se inició la adquisición de las vacunas y cuando se le preguntaba a la Sra. Mazzetti, Ministra de Salud de ese gobierno, a cuánto ascendía el importe de las adquisiciones, no informaba, guardándose dicha información como “secreto de Estado”
De lo expuesto, se concluye que existen evidencias de corrupción en la adquisición de vacunas, pues las mismas se han adquirido sin ninguna planificación, las cuales deben ser investigadas. Esta investigación deberá comprender a los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo.
Se aprecia que la CGR no interviene oportunamente, pues hay vacunas que han vencido en febrero del 2022, marzo del 2022 y abril del 2022. Debiendo haber programado acciones de control inopinados, para determinar las responsabilidades administrativas y penales.
Tampoco ha investigado las adquisiciones de las vacunas, donde existen sospechas de negociados, beneficiándose a terceros.
La función principal de la CGR es supervisar el correcto uso de los recursos del Estado, es decir, del dinero de todos los peruanos, y no lo viene haciendo.
* Asesor y consultor de empresas
- Especialista en Tributación
- Auditor Independiente
- Presidente del Centro de Investigaciones Contables y Tributarios
- Past-Decano del Colegio de Contadores Público de Lima (CCPL)2007-2009
- Past-Director de Defensa Profesional del CCPL 2001-2003
- Ex-Jefe SUNAT
- Ex-Presidente del Instituto de Administración Tributaria (IAT)
- Docente universitario en Pre grado y Post grado
