¿Qué sabemos de la Unión Nacional de Transportistas, además de que Javier Marchese es aparentemente su presidente y Martín Ojeda el secretario ejecutivo? Responder a esta pregunta es importante, porque el gremio referido ha sido, nada menos, el organizador del paro indefinido de transportistas de carga pesada que debió empezar el lunes 27 de junio y nadie puede asegurar si estamos ante una entidad formal, constituida según las normas, o si se trata de un organismo fantasma que opera de acuerdo con intereses que no son necesariamente los de sus supuestos agremiados. Para empezar, no tiene una página web, y registra solo una actividad mínima y personal en las redes sociales.
Durante la semana anterior al inicio del paro indefinido, la exposición en los medios de comunicación nacional de Marchese y Ojeda fue intensa para explicarnos que la medida sería acatada “por más de 31 gremios” (que agruparían nada menos que 187 000 empresas) dado que se habían agotado todas las fases de diálogo tras un mes de conversaciones con tres ministros de Transportes y Comunicaciones: Juan Silva, Nicolás Bustamante y Juan Barranzuela. “Ahora, la única opción que nos queda es la huelga”, señalaba Marchese enfáticamente.
El pliego de reclamos era muy denso y, de buenas a primeras, traslucía la necesidad de negociaciones complejas que demandaban mucha paciencia y tolerancia a los que formaban parte de la mesa. Entre otros puntos estaba la restitución del transporte de mercancías como servicio público, la reducción del precio del diésel, el control de la competencia desleal que originan los transportistas bolivianos y ecuatorianos, y la regulación de peajes.
Además, como agregado, estuvieron las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, durante la conferencia de prensa del 24 de junio, en la que afirmó que si se procede a esta medida de fuerza solo sería de “algunos sectores de transportistas” y, probablemente, no habría el anunciado paro, luego de una reunión que los transportistas sostuvieran con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela.
Mientras las negociaciones se empantanaban, los medios de comunicación nacionales daban como un hecho la medida de fuerza y sugerían medidas a la población. Como era de esperar, la difusión (¿campaña?) mediática se centró en el probable desabastecimiento de alimentos en Lima que podría llegar, según estas advertencias previas, al 60% del total que ingresa diariamente a los mercados mayoristas.
Desde el lado gubernamental, también se daba por descontado el paro programado. El Ejecutivo declaró el “estado de emergencia” en la Red Vial Nacional durante 30 días, restringiendo derechos constitucionales como el libre tránsito por las carreteras y ordenando que “la Policía Nacional del Perú mantenga el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas” en las zonas en emergencia, mientras se suspendían las actividades escolares presenciales en distintas regiones del país.
La declaración se produjo tras el fracaso de las negociaciones, el domingo 26 de junio en la noche, aunque el ministro de Economía, Óscar Graham, el único presente en la mesa de negociaciones, anunció que el Ejecutivo sí logró un acuerdo con el sector de transportistas interprovinciales, que agrupa a unos 100 000 conductores de autobuses, que también amenazaba con paralizar sus labores.
Con estos antecedentes y habiendo «calentado el ambiente» durante toda la semana previa, los medios de comunicación nacionales —impresos, radiales y televisivos— prepararon la cobertura del primer día del paro. En efecto, el lunes 27 de junio iniciaron sus transmisiones bajo la seguridad de que se estaba escenificando un paro impactante en todo el territorio nacional. Sin embargo, rápidamente empezaron a mostrar su desconcierto. Sus reporteros difundían la inexistencia de novedades, algo que no estaba en las pautas y guiones que debían seguir las redacciones ese día. Para su confusión, varios gremios como la Asociación de Transportes de Carga Pesada de Nasca, señalaban su desacuerdo con la fecha del paro y convocaban para el 18 de julio.
¿Qué había pasado? Según dijo el vocero de los transportistas, Marlon Milla, en un confuso mensaje, el gobierno había aceptado una de sus demandas, el fondo de estabilización, aunque faltaban resolver otras, agregando que “hay varios temas que están en el tintero y que estamos a la espera de que se nos remitan las normas que se van a presentar para evaluarlas lo más pronto posible con nuestros asociados y poder tomar una decisión final”. Para Javier Marchese, la situación era diferente porque, según él, pese a los acuerdos y “debido a la cantidad de ministros que están cambiando” no habían llegado a una solución.
Por su lado, el gobierno anunció que el paro nacional había sido suspendido, luego que el ministro Barranzuela conversara con Javier Corrales, vocero de la Asociación de Transportistas del Perú, la cual tampoco registra actividad gremial, como la entidad que preside Marchese: “Hemos convenido y concertado que el paro queda suspendido, tenemos situaciones concretas que ya estamos trabajando y se las hemos mostrado”, señaló Barranzuela.
La situación vivida a propósito del paro de los transportistas es fiel reflejo de nuestra «institucionalidad»: un gobierno que cambia hasta tres veces de ministro en el MTC, gremios sin rastros de registro formal y medios de comunicación concertando para promover hechos que no suceden, alineándose con consignas políticas que buscan debilitar aún más a un gobierno que, con todos sus grandes errores y pecados, fue legal y legítimamente constituido a pesar de los discursos sobre el fraude que encontraron su cajón de resonancia desde entonces en muchos de los medios.
desco Opina / 1º de julio de 2022
