Raúl Allain
Los últimos y nefastos acontecimientos de la política criolla peruana son síntomas de que algo grave está pasando. A más de un año del gobierno de Pedro Castillo, simplemente podemos decir que vamos de mal en peor.
Dos casos han llamado la atención durante el período de gobierno: el secuestro de dos periodistas de América TV cuando realizaban un reportaje en Chota y la citación por parte de la Fiscalía a la primera dama para que declare en una investigación sobre presunto tráfico de influencias.
Sobre el primer caso, se conoció que la Fiscalía Provincial de Bambamarca (Cajamarca) abrió una investigación de oficio por el caso del secuestro de dos periodistas —Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo— y el conductor del vehículo que los trasladaba, de apellido Cabrera, quienes fueron retenidos por la fuerza por parte de un grupo de ronderos en el distrito de Chadín, provincia de Chota. La Fiscalía informó que la investigación incluye la presunción de los delitos contra la libertad (secuestro) y contra el patrimonio (hurto) “en agravio de dos periodistas de Cuarto Poder” (https://tinyurl.com/2p8n86m3).
En opinión del exministro del Interior Mariano González este atentado contra las libertades: “(…) categóricamente es un secuestro. Sin embargo, como lo he expresado, es el Ministerio Público quien tendrá que calificar y tipificar no solamente uno, sino probablemente varios delitos. Y es un atentado contra las libertades en general, pero principalmente en contra de la libertad de los periodistas, es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa”.
Esto ha sido calificado como un atentado contra la libertad de expresión y pone de manifiesto las presuntas desesperadas maniobras por parte del gobierno y su entorno para acallar cualquier intento de investigación o crítica sobre su conducta.
En esta misma línea, la primera dama de Perú, Lilia Paredes, declaró el viernes 8 de julio durante tres horas ante la Fiscalía Anticorrupción, en calidad de testigo en la investigación por presunto tráfico de influencias abierto contra su hermana, Yenifer Paredes.
En un hecho sin precedentes, la esposa del presidente Pedro Castillo se presentó ante el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal Jony Peña, quien solicitó su declaración luego de que se encontrara el registro de una reunión suya con Jhony Espino, el representante de una empresa constructora también implicada en esta investigación.
Según la hipótesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder: “(Lilia Paredes) autorizaba el ingreso de Hugo Jhony Espino Lucana a Palacio de Gobierno y, además, de entregar el dinero producto de las ‘coimas’ para lo cual contaba con la participación de sus hermanos Walther Enrique y David Alfonso Paredes Navarro, quienes efectuaron depósitos bancarios a favor de los investigados Hugo Jhony Espino Lucano y Anggi Estafani Espino Lucana”.
En este grupo político de la organización gobernante también se encuentran involucrados Yenifer Paredes, Walther Paredes y David Paredes (hermanos de Lilia Paredes), quienes serían los testaferros junto con Hugo Jhony Espino Lucano y Anggi Estafani Espino Lucana.
En mi artículo “Corrupción política de Estado” (https://tinyurl.com/fcedzuhj) escribo sobre la corrupción presidencial que denuncia la Asociación Peruana de Empresarios (Aspem): “Además, sostuvieron que en su reciente mensaje a la Nación, el presidente Castillo no aclaró lo sucedido, sino que dijo que se trataban de reuniones de carácter personal, lo cual sólo generó dudas y especulaciones acrecentando la inestabilidad política que tiene un efecto negativo en la economía del país”.
Como se recuerda la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y otros gremios empresariales exhortaron al presidente a asumir sus funciones con transparencia y aclarar su vinculación con actos de corrupción.
Como se sabe, el presidente de la República, Pedro Castillo asumió el cargo el pasado 28 de julio de 2021, luego de superar en segunda vuelta electoral a la candidata de la organización Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en una elección que se definió por menos del uno por ciento de los votos. Desde entonces, el Presidente del Perú viene afrontando una serie de investigaciones judiciales sobre su entorno cercano.
Las investigaciones en contra del Presidente que realiza el Ministerio Público son seis casos, cinco de los cuales son por hechos ilícitos supuestamente cometidos durante su corto gobierno. Según la última encuesta de Ipsos Perú, se revela que el 62% de peruanos cree que el presidente obstaculiza las investigaciones ordenadas por la Fiscalía de la Nación (FN) que imputan los presuntos delitos de corrupción que involucran la figura del jefe de Estado.
En lo que respecta a las investigaciones judiciales, el jefe de Estado expresa: “Lo que tenemos que hacer acá es desenmascarar toda esta patraña de que quieren hacer entender al país que Pedro Castillo ha venido a robarle al Perú, que está en actos de corrupción”.
En este sentido, los colaboradores eficaces de la fiscalía de la Nación han declarado sobre las investigaciones que se siguen contra el jefe de Estado. Esta expresión testimonial ha llevado a la Fiscalía a sostener que Castillo Terrones sería el líder de una organización criminal donde participarían familiares como su esposa Lilia Paredes y su cuñada, Yenifer Paredes.
Ante este posible escenario de corrupción e impunidad, los miembros, fiscales y policías de la Fiscalía y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional llegaron a Palacio de Gobierno para allanar los domicilios de Yenifer Paredes y otros investigados. La intervención se desarrolló con autorización del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
El día viernes 10 de agosto, Yenifer Paredes, fue trasladada desde la sede del Ministerio Público hacia la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú. Paredes tuvo 10 días de detención preliminar por presuntamente integrar una organización criminal liderada por Castillo.
Actualmente, la cuñada Yenifer Paredes de Castillo cumple con 30 meses de prisión preventiva por la investigación de los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. Una condena del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente.
Algo grave está sucediendo. En más de doce meses de gobierno, el balance inicial es desastroso. Los precios de la canasta básica familiar y los combustibles aumentan en progresión geométrica y las malas decisiones estatales están desalentando la inversión privada. La crisis económica es consecuencia de la gestión presidencial y de la crisis a nivel internacional.
(*) Escritor, sociólogo y analista político. Consultor Internacional en Derechos Humanos para la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica (VIACTEC).
