Se ha cumplido un mes de la nueva gestión metropolitana en medio de un clima altamente polarizado, con movilizaciones ciudadanas diarias y con una Lima que de la noche a la mañana ha pasado a albergar delegaciones provenientes de varias regiones del país, que buscan hacer valer sus demandas desde la capital, considerada como el centro del poder político y económico. Frente a este contexto, ¿cuál es la agenda que el nuevo alcalde de Lima Metropolitana ha priorizado?
Quedaron atrás sus promesas por convertir a Lima en «potencia mundial», por lo menos fueron postergadas hasta un futuro muy lejano; a cambio ha decidido priorizar voces como la del premier Otárola, para hacer de la ciudad un fortín de contención política, ante la «asonada» que advertían algunos opinólogos y políticos, en un acto groseramente racista. En esa dirección puso en marcha toda una logística para cercar espacios públicos que eran lugares de encuentro y podían volverse en sitios de resistencia simbólica —cultural y política— de las manifestaciones. Hoy es imposible ingresar a plazas como San Martín, y como si ello no fuese suficiente se busca militarizar la comuna desde el sillón municipal y convertir al Centro de Lima en un lugar intangible, con un tinte peligrosamente discriminador y con un claro afán de afectar el derecho que toda persona tiene para protestar y hacer uso libre de los pocos espacios públicos que tiene esta ciudad. ¡Lima no es solo para los limeños, señor alcalde!
No podemos dejar de mencionar que en sus primeros días de gestión buscó echar por la borda una de sus principales banderas de campaña, cambiando su promesa de anular los contratos de los peajes con las actuales concesionarias, por un débil discurso de renegociación. Hoy, debido a la presión ejercida por los alcaldes de Lima Norte y los usuarios de los peajes, se ha anunciado desde el Consejo Metropolitano de Lima la culminación del contrato de concesión del Consorcio Rutas de Lima, aunque según recientes declaraciones, esta decisión podría costarle a la ciudad 1 450 808 000 soles por concepto de endeudamiento, además que en la práctica, no representaría un beneficio directo para la ciudadanía.
Parece entonces que para el señor López Aliaga la ciudad de Lima es el patio trasero de su casa, su jardín de recreo o experimento, con miras a la competencia electoral por la Presidencia de la República. Su plan para volver potencia mundial la metrópoli adolece de una mirada de derechos. No deben sorprendernos sus coqueteos y la incorporación de varios funcionarios de la administración del exburgomaestre Luis Castañeda, implicados en escándalos de corrupción graves, como Comunicore, que carecen de competencias mínimas para liderar encargos tan complicados e importantes como EMAPE o la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Recordemos que hace poco un medio local causó polémica por la emisión de un reportaje poco serio basado en las declaraciones e imágenes proporcionadas por el hoy gerente de seguridad ciudadana, Abdul Miranda, pretendiendo escandalizar a sus televidentes mostrando las «nuevas estrategias» que utilizan los brigadistas y miembros de la primera línea para hacer uso legítimo de implementos básicos de defensa, para evitar ser afectados por la represión desproporcionada de la policía durante las protestas en Lima.
Las encuestas se muestran favorables al alcalde. CPI en un último sondeo registra una aprobación del 45% y una desaprobación del 35%. Veamos cómo varían estos números en los siguientes meses, considerando que las mismas son apenas a tres semanas de su gestión y el alcalde tiene una larga lista de promesas por cumplir; algunas descabelladas como la construcción de playas artificiales en distritos sin acceso al mar o la creación de un sistema de reservistas de las FF.AA. para tareas de prevención del delito. Hay que recordar que el burgomaestre tiene aliados directos en su gestión en doce distritos de Lima Metropolitana, administrados hoy por Renovación Popular.
Toca seguir de cerca esta gestión y evitar que en Lima Metropolitana se instaure una política antiderechos, de espaldas a la realidad nacional, que termine siendo un frente de batalla político para perseguir a opositores, a quienes llaman vándalos, favoreciendo a los grupos de poder que han decidido cercar los principales distritos de la élite económica limeña, con la idea errónea que su exclusividad debe ser la regla, como si con ello pudiesen evitar que los que hoy reclaman cambios puedan ser escuchados, buscando invisibilizar por distintos medios la grave violación a derechos humanos a la que estamos asistiendo. Parece que se trataría de contribuir a institucionalizar, desde la Municipalidad de Lima, una falsa narrativa y un discurso de odio basados en fake news, con autoridades indolentes para quienes las pérdidas económicas, las piedras en las calles y las ventanas rotas valen más que la vida de un ciudadano.
desco Opina / 3 de febrero de 2023
