Herbert Mujica Rojas
Cuando los gobernantes o todos los que tienen que ver con la cosa pública, se hacen los ciegos, sordos y mudos, es momento en que cunde la inmoralidad impune, el caco es líder y el pícaro resuelve todo a capazos.
El ciudadano pierde el respeto a sí mismo, empieza a convertirse en vulgar guarismo y “cree” todos los mamarrachos que se emiten por la televisión, la radio y los miedos de comunicación impresos.
¿No son también derechos humanos y económicos del pueblo peruano, saber en qué se emplea su dinero vía impuestos y que éste es administrado de manera honesta y limpia?
Una de las preguntas constantes que se hace la gente camina por la curiosidad de saber ¿por causa de qué las empresas poderosas, siempre asesoradas por los grandes estudios, pueden dejar de pagar los tributos a que están obligadas?
Más curiosidad e indignación genera que Sunat sí persiga a los deudores pequeños, con cartas conminatorias, advertencias de todo calibre y medidas coactivas, mientras que a los privilegiados no se les toca ni con el pétalo de una flor.
En Perú todos, menos los funcionarios públicos privilegiados, advierten sin disimulo que la maquinaria del Estado sirve, entre otras cosas, para enriquecer a burócratas que ni siquiera se preocupan de ocultar sus signos exteriores de riqueza.
Puse, años atrás, una denuncia contra supuestos delitos de tráfico ilícito de drogas. Cuando fui a dar mi manifestación ante la policía especializada, desde el décimo piso en que estaba, logré observar aparcados, por lo menos ¡10 autos de lujo! Y, de inmediato, hice una suposición que resultó profundamente errónea.
Me había hecho la ilusión que esos vehículos habían sido incautados a delincuentes. Pero sí que pertenecían a rufianes pero no iban a purgar condena alguna ¡ni qué ocho cuartos!, estaban haciendo “relaciones públicas” con malos elementos.
Como el lector puede anticipar, la denuncia quedó ¡en absolutamente nada! Luego de fundamentarla durante 4 horas, me di cuenta de la inutilidad del esfuerzo. Y ¡del riesgo!
El derecho que tiene el pueblo a que su dinero, recaudado por impuestos que paga todo el tiempo, sea pasible de un manejo cristalino, es un derecho económico y por abarcar a la ciudadanía en su integridad, comporta uno social y humano.
¿No saben esto las organizaciones que han hecho de los derechos humanos un buen filón productor de dólares? O, precisamente por eso, porque hay que estar en buenas migas oportunistas con el poder efímero de quienes están episódicamente en el gobierno, ¿conviene no pelearse ni denunciar, es decir, practicar la muy “rentable” política de ser ciegos, sordos y mudos?
Y cuando hay cobranzas coactivas, no hay pero que valga. El trato que dispensan los encargados es como si apalearan rateros, con vulgaridad, grosería en el lenguaje y afán matonesco para “demostrar” su “fuerza”.
Una prensa cortesana, lacaya, disponible al peso y valor de dólares que compra su bulla o paga su silencio, sólo representa un cáncer recurrente en la historia patria. Nadie puede llamarse a ignorancia, sobre todo, porque son documentos que circulan de oficina en oficina porque esta maravilla de Internet así lo hace posible.
No importa ¡para nada! quién sea el transmisor ocasional de cómo se conocen los hechos y temas. Eso es prescindible y a veces pura suerte. Pero no puede ser sino repugnante que sabiéndolo los auto-erigidos en “defensores de la libertad de prensa” sean invidentes adrede y mudos vocacionales.
Los abusos de los bancos y sus mastines (de los bajos fondos), disfrazados de apoyo; el pésimo servicio de luz, internet, cable y telefonía, tampoco son atajados y multados ante su deficiencia.
El cliente de todo tipo de transacción en el Perú no sólo es la última rueda del coche, es un estropajo que no tiene quién le haga caso, le defienda integralmente y le reivindique la masa monetaria a veces enajenada y negada por meses interminables.
El antipático “pague primero y luego reclame” es una ley tácita, no escrita, pero que viola los derechos del consumidor.
¡A menos que se haga respetar!
La cuenta de mi teléfono durante 1998 llegó con cifras de cobro estratosféricas. Me paré con romanticismo contra Telefónica y el primer recibo recién lo hice efectivo en ¡agosto de ese año! Le gané 6 juicios administrativas a esa empresa abusiva y me enfrenté a no pocos lacayos de la misma. ¡Pero gané!
Siempre me hice la pregunta: ¿qué tal si en lugar de un periodista bocón y reclamante, hubiéramos sido 100 mil los insurgentes? Note el año -1998- y cuánta agua ha pasado bajo el puente. ¡Y la de abusos de Telefónica!
Hacerse el ciego, sordo y mudo, es parte de la carrera del burócrata peruano.
No hay mal que dure cien años. Ni cuerpo que lo soporte.
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27.06.2023
Señal de Alerta
