Mientras los medios y la opinión nacional se encuentran concentrados en juicios y destapes de corrupción, el problema cafetalero en la selva central continúa sin solución definitiva. Así, las últimas movilizaciones de los productores de la región han puesto sobre el tapete algo más que el problema del crédito agrario, eje de los reclamos a raíz de la plaga de roya amarilla que llevaron a la crisis del sector cafetalero hace cinco años: la venta y el abandono de los predios agrícolas, la fragmentación familiar por la migración en busca de empleo, y una reconversión productiva de resultados inciertos hacia el kión, el maíz, la yuca y los cítricos, sobre los cuales hay poco conocimiento técnico, pero una alta dependencia de los acopiadores.

Por Alfredo Palacios Dongo

El tema de la corrupción es un fenómeno antiguo muy conocido por todos los peruanos porque se ha desbordado como una verdadera pandemia e incrustado en la mayoría de instituciones, sus efectos son demoledores, no solo arrebata dinero de los recursos públicos (según Transparencia Internacional se pierden anualmente S/ 12,600 millones por corrupción) sino que su misma existencia socaba la estructura social y ética de nuestra sociedad, crea desconfianza, incentiva conductas abusivas y rompe el principio de legalidad. A raíz del caso Lava Jato la corrupción en nuestro país llegó a su máxima expresión cuando se confirmó que Odebrecht pagó sobornos por US$ 29 millones para ganar licitaciones involucrando a personajes que mostraron su verdadera miseria moral, entre ellos, ex presidentes, políticos, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales, funcionarios públicos, empresarios y profesionales.

¿Qué fue lo que cambió la historia? Dicen que Alan García estaba confiado, hasta que en el camino y sin que lo intuyera apareció el reportaje de IDL Reporteros sobre los pagos desde la caja 2 de Odebrecht. Luego de que García se refugiase en la residencia del embajador uruguayo, los dirigentes apristas informaban que le dictaminarían prisión preventiva en los próximos días, según «sus fuentes».

Por Raúl Allain (*)

Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos tienen un costo social elevadísimo. Y quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, porque el saqueo de las arcas públicas impide que se puedan realizar obras de infraestructura y mejora de los servicios públicos de salud, educación, justicia y seguridad.

Por Herbert Mujica Rojas

La liza presidencial del 2016 verificó al Apra con un mísero 5.8% con ayuda. ¿AG llama a eso “gloria del aprismo que es mi única riqueza”? El personaje sí que navega por extremos, desde los más ridículos –golpe de Estado- hasta los más bobos cuando habla que para distraer la crisis económica, lo toman de pretexto.