Por Rafael Romero

Es deber de los medios cruzar información y seguir no uno sino varios hilos de la madeja, considerando a esta como los millonarios sobornos entregados a tres gobiernos por lo menos, entre ellos el segundo de Alan García (2006 – 2011). Para llegar a la verdad se necesita que el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción y la Comisión Lava Jato amplíen sus investigaciones a más ciudadanos vinculados al ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, y a los empleados públicos del MTC, Edwin Luyo y Miguel Navarro. Estos tres últimos, dicho sea de paso, están detenidos en prisiones del país por su relación con cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Por Herbert Mujica Rojas*

¿No es extraño que un presidente de la República otorgue sus preferencias o simpatías a una empresa que debiera ganar con licitación limpia sus negocios? Alan García afirma que él no roba o que la mención AG no está relacionada con exacciones al dinero de los contribuyentes. Proyectos que comenzaban en 1 mil millones de dólares, en otro gobierno, el de Humala, ascendían a varios miles de US$ millones. ¡Aquí mismo en nuestro Perú!

El Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que recoge la iniciativa del ministro Ídel Vexler, de extender de 70 a 75 años la edad de retiro de los docentes universitarios. Como es de imaginar, esta noticia cae muy bien a los catedráticos que se encuentran comprendidos en la norma.

Por Alfredo Palacios Dongo

En el último Informe de Competitividad 2017-2018 presentado por el Foro Económico Mundial (WEF), que evalúa los factores que fomentan la productividad y el crecimiento de 137 países del mundo, nuestro país retrocedió 5 posiciones (del 67.° al 72.°) respecto al anterior 2015-2016, pero lo más preocupante es que de los 12 pilares del índice, el mayor retroceso se ha presentado en institucionalidad (10 puestos, del 106.° al 116.°), este pilar, el primero y uno de los más importantes del informe, es analizado en 21 variables, y en más de la mitad ocupamos los últimos puestos, entre ellos: carga de regulación gubernamental (puesto 131.° entre 137.°), fiabilidad de los servicios policiales (130.°), crimen organizado (12.9°), eficiencia del marco legal en solución de controversias (129.°), confianza en los políticos (126.°), costos del crimen y violencia (122°), comportamiento ético de las empresas (121.°), desvío de fondos públicos (118.°), favoritismo en decisiones de funcionarios del gobierno (114.°), derechos de propiedad (109.°), independencia judicial (106.°), eficiencia del gasto público (104.°).

Por Germán Lench Cáceres*

5-11-2017

El Censo Nacional 2017, no es confiable y por el contrario es un mal referente, porque tiene una serie de errores en su ejecución y no cumple con el concepto de lo que es un censo a pesar que el INEI ha tenido un año o más para organizarlo planificadamente; implica que es un conteo y recuento de la población del país cada cierta cantidad de tiempo, comúnmente, los censos deben ser efectuados cada 10 años, este estudio demográfico brinda datos importantes para las universidades e instituciones de estudios, a fin de constatar la cantidad de personas que hay y qué necesidades o características tienen las viviendas en las que habitan.

Tras el voto de confianza a Mercedes Aráoz, el Gobierno dio la impresión de remontar sus malas relaciones con el Congreso de la República y lo que es más importante, logró mejorar la percepción ciudadana de su gestión. Los 83 votos obtenidos por el nuevo gabinete tras su presentación en el Congreso de la República la primera quincena de octubre y los 8 puntos que «saltó» la aprobación de la gestión presidencial, que llegó al 30% en algunas encuestas, así parecían evidenciarlo; cierto que ayudadas por la llegada de Perú al ´repechaje´ rumbo a Moscú 2018.