Por Alfredo Palacios Dongo
En el último Informe de Competitividad 2017-2018 presentado por el Foro Económico Mundial (WEF), que evalúa los factores que fomentan la productividad y el crecimiento de 137 países del mundo, nuestro país retrocedió 5 posiciones (del 67.° al 72.°) respecto al anterior 2015-2016, pero lo más preocupante es que de los 12 pilares del índice, el mayor retroceso se ha presentado en institucionalidad (10 puestos, del 106.° al 116.°), este pilar, el primero y uno de los más importantes del informe, es analizado en 21 variables, y en más de la mitad ocupamos los últimos puestos, entre ellos: carga de regulación gubernamental (puesto 131.° entre 137.°), fiabilidad de los servicios policiales (130.°), crimen organizado (12.9°), eficiencia del marco legal en solución de controversias (129.°), confianza en los políticos (126.°), costos del crimen y violencia (122°), comportamiento ético de las empresas (121.°), desvío de fondos públicos (118.°), favoritismo en decisiones de funcionarios del gobierno (114.°), derechos de propiedad (109.°), independencia judicial (106.°), eficiencia del gasto público (104.°).
Tenemos innumerables problemas que demuestran una crisis de institucionalidad, entre otros: Gobierno, reducida capacidad institucional para disminuir la informalidad laboral y económica, carencia institucional de gestión y recursos para mantener la ley y el orden, para brindar educación y salud y proveer servicios básicos a los pobres; Congreso, falta de capacidad que le impide equilibrar o coadyuvar acciones del gobierno; Partidos Políticos, escasa credibilidad y bajos niveles de institucionalidad; Poder Judicial, administración de justicia endeble, de muy baja calidad y falta de transparencia.
Bajo este panorama el objetivo principal de las instituciones en la sociedad es reducir la incertidumbre y establecer una estructura estable de la interacción humana que garantice una gestión eficaz del Estado y represente el potencial de crecimiento y desarrollo del país. Por falta de instituciones fuertes todos los avances que se logren en materia económica o financiera se limitarán a mejoras marginales, requerimos de instituciones fortalecidas que garanticen la igualdad ante la ley, seguridad jurídica, respeto al derecho de propiedad y control del crimen organizado y violencia. Debemos mejorar la calidad y capacidad de nuestras instituciones y construir un entorno institucional sólido y justo priorizando las reformas del Estado, con énfasis especial en la recuperación de la capacidad del gobierno, organismos de gestión centrales, sector público en gestión e innovación, legislativo, judicial, partidos políticos, electoral, y en descentralización y participación.
EXPRESO, 04.11.2017
