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Al voto impedimento para postular a cargos de elección popular solamente a condenados por terrorismo y  violación sexual entre otros delitos graves

El Congreso vuelve a discutir los impedimentos para postular a cargos de elección popular, y, como no podía ser de otra manera con esta clase de parlamentarios, buscan que sólo se aplique el impedimento para aquellos sujetos que hayan perpetrado delitos graves, como terrorismo, tráfico de drogas, corrupción, violación sexual, homicidio y trata de personas, “hasta 20 años después de haber sido rehabilitados”.

Profesora presa por viajar a Lima a protestar, como miles de peruanos

La Junta Nacional de Justicia debe revisar el sorprendente fallo de una jueza presuntamente prevaricadora, Margarita Salcedo,que nos hace recordar a los jueces del fujimontesinismo, por imponer 30 meses de prisión preventiva alegando que una profesora, Yaneth Navarro Flor, de 36 años, quien viajó a Lima a protestar, dejó a sus hijos en casa, hecho que le hace perder arraigo, según la jueza.

Un nuevo escándalo protagoniza Alberto Otárola, protegido de la presidente Dina Boluarte, a quien ésta premió por ser responsable de las masacres de civiles en las protestas de diciembre 2022, respaldando así estos asesinatos.

La fiscal de la Nación Patricia Benavides abrió investigación por el presunto delito de colusión agravada, contra el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y la asesora II de este ministerio, Carola Rodríguez, excuñada del jefe del gabinete en el MTPE.

De nunca acabar. La congresista fujimorista Rossangella Barbarán se hizo pagar un viaje a Cajamarca, donde ahora trabaja su esposo, alegendo un “encuentro con jóvenes”. Es decir, se inventan todo tipo de actividades con tal de engullir un viaje a costa del Estado, o sea, de todos los peruanos.

Un informe de IDL-Reporteros revela cómo seis de los diez ciudadanos fueron asesinados en las protestas del 15 diciembre, impactados por disparos de militares que los persiguieron tras desalojarlos del campo de aterrizaje. Poco después, en lugar de destiruirlo, Dina Boluarte premió al responsable Alberto Otárola, ministro de Defensa, designándolo jefe del gabinete de ministros, lo cual demuestra el total aval de la mandataria a estos graves homicidios.

Aparentemente, los soldados llaman al joven indefenso  para después dispararle a matar.

El 76% de peruanos considera que la presidenta Dina Boluarte debe renunciar, mientras que el 20% cree que debe continuar con su mandato, de acuerdo con una encuesta de Ipsos. Además, más del 74% de la población no está de acuerdo con la gestión de la jefa de Estado. En esa misma línea se encuentra el Congreso de la República que llegó a una desaprobación del 82%.

Juez José Neyra señaló que esta medida fue aprobada en Acuerdo Plenario

El juez José Antonio Neyra Flores, integrante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señaló que en los últimos años la tecnología está ocupando un papel preponderante como medio de prueba en los procesos judiciales, como en el delito de extorsión en sus diversas modalidades.

La Fiscalía ha determinado que funcionarios del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) inflaron la biomasa de anchovetas, hecho que permite a las empresas pesqueras aumentar el volumen de pesca, por ello investigan si dicha alteración de cifras fue perpetrada por corrupción, para beneficiarse ellos además de estas empresas, sin importarles depredar la anchoveta.

Su régimen masacra masacra a más de 60 manifestantes y sigue matando, provoca a Puno diciendo que no es el Perú, premia a uno de los principales responsables de la masacre, Alberto Otárola, promoviéndolo de ministro a jefe del gabinete ministeria, se aferra al cargo y proclama que no renunciará, miente sobre los hechos durante las manifestaciones, bloquea calles para impedir marchas, pero la presidente Dina Boluarte dijo hoy en un mensaje televisado que promueve agenda de desarrollo y la paz.

Presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales participó en Rumbo a PERUMIN.

Recientemente la Contraloría General de la República informó que existen más de 1.800 obras públicas paralizadas en todo el Perú, en los tres niveles de gobierno, por un monto de inversión superior a los S/ 21 mil 595 millones, lo cual es preocupante en un país con enormes brechas sociales.