Herberth Cuba García*
Sistema de atención vigente favorece a minorías y discrimina a las mayorías.
La exclusión de los ciudadanos a la atención médica alcanza hoy al 23% de la población, cifra que probablemente persistirá en el tiempo sino se da una verdadera reforma. La llamada reforma de la salud ha complicado el problema al fortalecer la discriminación y la desigualdad en el trato a los ciudadanos con un idéntico daño a la salud. Veamos.
El segmento de ciudadanos pobres y vulnerables se atiende con el Seguro Integral de Salud (SIS), con planes de atención médica con amplias exclusiones y con derecho a cubrir sólo enfermedades baratas y comunes.
La población que trabaja y está en planilla pero tiene ingresos medios y bajos es atendido en Essalud, con atenciones médicas sin exclusiones y con derechos completos para todas las enfermedades.
La que está en planilla con ingresos altos o labora en grandes empresas, goza, además de Essalud, de un seguro médico privado complementario, sin exclusiones, con derechos que cubren todas las enfermedades y con servicios de clínica privada.
La población trabajadora informal no-pobre se atiende con el dinero de su propio bolsillo a través de servicios médicos públicos y privados. Estos pueden pertenecer a los municipios, regiones, hospitales públicos o clínicas privadas. Las exclusiones para este segmento dependen de la cantidad de dinero que tenga el usuario. No gozan de ningún derecho a la salud, salvo el que le permita su propio bolsillo.
La población militar y policial se atienden en sus propios servicios sanitarios y con las exclusiones que están señaladas en sus reglamentos. Han perdido el derecho a la atención integral de todos los daños y en todo el territorio nacional porque también se ha introducido en este segmento la lógica de los planes o paquetes de seguros.
Este sistema de atención de salud está, además, fragmentado. Esto significa que cada institución que brinda servicios a un sector de la población es cerrada y autónoma. Cada una tiene sus propias normas y criterios de inclusión/exclusión, sus modelos de prestación de servicios, sus formas de financiamiento y su propia red de establecimientos de salud.
El sistema también está atomizado porque se han separado las funciones de una misma institución en funciones normativas, financieras y prestadoras. Además, se han transferido las funciones de salud pública a las regiones y en Lima Metropolitana al Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Es decir, 26 pequeños ministerios de salud autónomos y dependientes de su propio gobierno regional. Todo se ha dividido en partes muy pequeñas sin ningún centro articulador y coordinador.
La separación de las funciones de prestación de las financieras permite que las instituciones de salud públicas tengan facilidades legales para comprar servicios privados, pero con impedimento de comprar servicios públicos. Esta discriminación en la ley solo permite la modalidad del trueque entre instituciones públicas. Aún así, ni el trueque se aplica porque la norma es engorrosa y burocrática. Sin embargo, la Ley señala que estas instituciones tienen la obligación legal de otorgar un plan esencial o mínimo de atenciones médicas, sin embargo, estas solo se realizan en cada fragmento o instituciones para sus propios afiliados.
Si el trueque o intercambio prestacional no funciona, es imposible que tenga alguna utilidad ya que impide que el ciudadano se atienda en cualquier establecimiento de salud fuera del que le corresponde a su propio segmento poblacional. Asimismo, sólo el SIS y los seguros médicos privados lo usan como referencia, porque Essalud y los demás seguros médicos sobrepasan ese plan mínimo o esencial.
Finalmente hay que considerar que el concepto de plan esencial (mínimo) de aseguramiento, llamado PEAS, es inconstitucional y francamente violatorio de los derechos humanos. No se puede omitir asistencia sanitaria a nadie. Este modelo, atomizado, segmentado y fragmentado favorece a las minorías y solo atiende las enfermedades baratas y comunes de las mayorías. Es un modelo que genera exclusión y viola el derecho a la salud, en modo integral, universal y solidario. ¡Hay que reformar la reforma!
ASOCIACION MEDICA PERUANA
27 de febrero del 2015
