Ley en contra de la competencia desleal frenaría compras de software ilegales

Una ley relacionada con la competencia desleal, la cual se da cuando la tecnología de información robada o apoderada indebidamente  es usada para fabricar productos vendidos u ofrecidos para la venta en este Estado.

Productos que sean creados con software ilegal no podrán ser comercializados bajo la venta del TLC con Estados Unidos, considerándolos competencia desleal.

La competencia desleal o comportamiento anticompetitivo limitaría la introducción de ciertos productos a mercados internacionales si su producción se ve vinculada a la piratería de software, tal y como se aprobó el Proyecto de Ley Sustituto de la Cámara 1495. El juego limpio llega a las filas de la tecnología demandando que la competencia se de con ventajas igualitarias.

Orlando Perea Govea, Director ejecutivo de Softline International Perú, sostiene que siempre se trata de buscar y  garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado. “Esta ley quiere subrayar que la responsabilidad cae en los fabricantes, al prometer que lo comercializado forma parte de una competencia justa y real” afirma el director.

Beneficios desleales

El Estado Peruano y las empresas privadas han registrado pérdidas de US$ 176 millones, por la venta de software adulterado, según VIII Estudio Anual Mundial sobre Índices de Piratería de Software, dificultando así el ingreso de tributos al Estado y la formación de puestos de trabajo.

El gobierno y también los fabricantes deben estar pendientes que los beneficios y estrategias de comercio se den de manera justa y completa. Conociendo que Perú presenta un porcentaje mayor del 50% en piratería, resultan preocupantes las condiciones en que los fabricantes o comerciantes presentan sus productos ante el mercado.

“Esta ley de competencia leal significa que el software que la persona utiliza sin la autorización del titular de la tecnología de información o del licenciatario autorizado por el dueño o titular esta infringiendo las condiciones por ley establecidas para el libre mercado” sostiene Orlando Perea, Director ejecutivo de Softline International Perú. Además también figura el hardware obtenido de manera irregular, pero no incluye situaciones en las que el hardware supuestamente haya sido robado.

Ante estos casos, la ley buscará que se cause perjuicio competitivo material por uso de tecnología ilegal en la fabricación, distribución, mercadeo o venta de artículos o productos sujetos a la comercialización.

A tener cuidado

Los acuerdos comerciales siempre han sido motivo de opiniones y confrontaciones a diversas medidas que para ciertos grupos de opinión resultan justas y para otros no. En este caso, Perú, siendo país latinoamericano recién abriéndose a mercados internacionales y cuya piratería aun no ha sido erradicada y las medidas para evitar la venta de software ilegal no han sido adoptadas desde las empresas mas pequeñas hasta las mas grandes, podríamos vernos afectados en varios aspectos económicos y comerciales.

“Las empresas necesitan un representante, necesitan una visión de la inversión, saber en qué están invirtiendo y por qué lo hacen, la piratería también se mantiene en el país debido a la desinformación de varias  personas que creen ahorrar en un software ilegal, pero que en el camino se ven afectadas por fallas, virus y leyes como la antes mencionada, que frenaría sus operaciones”, comenta Orlando Perea.

”El apoyo de empresas consultoras en software o hardware y empresas de renombre como Microsoft ayudarían a que las compañías que aún no se involucran o no están bien informadas de los beneficios de poseer un software legal y las desventajas que seria permanecer con un producto ilegal, pueden expandir sus visiones y modo de operación, de tal manera que bajo una guía se detalle un presupuesto y el monto de retorno que se puede obtener de optar por un operativo legal”, continúa Perea.

Sería adecuado informar y prevenir a las empresas comercializadores y exportadoras de que la competencia, en forma justa, busca un compromiso completo de parte de los participantes sin excepciones del caso. Perú podría aprovechar esta oportunidad para dar una carta de presentación limpia y asociada a las leyes, ofreciendo productos y servicios de fabricación legal.

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