INDECOPI inmoviliza fondos de editoriales acusadas de coimas
Ordena inmovilización de cuentas para asegurar devolución de dinero a los padres de familia
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) anunció esta mañana las primeras medidas tomadas, en menos de 48 horas, contra las cuatro editoriales implicadas en la denuncia periodística que da cuenta de infracciones contra los consumidores, padres de familia, en la comercialización de textos escolares.
Según anunció el presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, Hebert Tassano Velaochaga, luego de un intenso trabajo emprendido desde el domingo, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección del Consumidor del INDECOPI ordenó, como medida cautelar, la inmovilización de los fondos de las editoriales Bruño, Santillana, Corefo y Hilder. Esta decisión tiene como finalidad, asegurar la devolución del dinero pagado en exceso, en caso se compruebe la infracción.
Tras explicar los alcances de las competencias del INDECOPI, en cuanto a la fiscalización de la campaña escolar del presente año, Tassano Velaochaga indicó que la institución que preside ha realizado en Lima 197 fiscalizaciones (al 25 de enero del 2012), verificándose la existencia de presuntas infracciones, tales como: cobro de cuotas extraordinarias, suspensión del servicio educativo ante el retraso en el pago de las pensiones, cobro de pensiones por adelantado, entre otros. Por ello, se iniciarán los respectivos procedimientos sancionadores.
Por otro lado, en regiones, la institución ha fiscalizado a 162 colegios privados, de los cuales 122 habrían incurrido en infracciones a los derechos del consumidor. Hasta el momento se ha formalizado procesos sancionadores a 20 planteles. Las infracciones más frecuentes fueron: monto de matrícula mayor a la pensión, compra obligada de seguros en los colegios, compra obligada de útiles en un proveedor predeterminado, exigencia de una determinada marca de uniformes, entre otras.
En cuanto a los resultados de las fiscalizaciones del año 2011, el INDECOPI informó que en todo el país se detectaron 1414 centros educativos infractores. Las infracciones fueron: direccionamiento en la compra de útiles y uniformes, monto de matrícula mayor a la pensión, exigencia de la totalidad de útiles al inicio del año escolar, cancelación de exámenes ante el retraso en el pago, entre otras.
Tassano Velaochaga indicó que, precisamente, previendo los problemas que se han venido suscitando durante las campañas escolares anteriores, el INDECOPI trabajó arduamente en la propuesta del Código de Protección y Defensa del Consumidor, norma que en la campaña del año 2012, dará un mayor respaldo legal para emprender acciones sancionadoras y correctivas contra las empresas que cometieran infracciones que atentaran contra los consumidores.
En este contexto, al amparo del Código de Protección y Defensa del Consumidor y con la publicación de la lista de precios otorgada por la Cámara Peruana del Libro, el INDECOPI ha propiciado un escenario más transparente que permite detectar irregularidades como las denunciadas por la prensa.
El presidente del INDECOPI dijo que se viene realizando un requerimiento de información a los colegios, sobre el proceso de selección de textos escolares.
El INDECOPI dio cuenta de estas acciones luego que la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor se reuniera el día de ayer con representantes de la Cámara Peruana del Libro, entidad que en diciembre pasado suscribió con el Consorcio de Colegios Católicos y la Asociación de Colegios Particulares Amigos, una declaración de “Prácticas éticas en la comercialización de textos escolares en el Perú”. En dicho texto, los firmantes se comprometían a propiciar que los colegios respeten los derechos de los consumidores en la elección de textos escolares para sus alumnos basados en criterios estrictamente pedagógicos.
Asimismo, el INDECOPI informó respecto de las reuniones sostenidas con la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación.
Respecto a su rol, Hebert Tassano recordó que el INDECOPI en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, trabaja intensivamente en velar por los derechos de los consumidores. En este caso, coordina acciones con varias entidades competentes en la fiscalización en la cadena de comercialización de textos escolares. Específicamente, en el caso del Ministerio de Educación, encargado de fiscalizar la política educativa y la elección de los textos escolares por parte de los centros educativos públicos y privados, proceso en el cual debe primar el criterio pedagógico.
