Por Rocío Ferrel
Son interminables los problemas, el caos y desorden, además del perjuicio causado a pasajeros, transportistas y la ciudad de Lima con la llamada Reforma de Transporte emprendida por la alcaldesa Susana Villarán, que han sobrepasado todos los límites civilizados concebibles.
Interminable cola caracol, calificada burlonamente de "civismo" por el presidente de Emape
Lo sucedido indica que no existe respeto para los vecinos, sus necesidades, para el desarrollo y orden de la ciudad, ni para los propios transportistas. El extremo es el de familias muy pobres, que ahora deben pagar tres y cuatro veces más por transportes. El clamor vecinal es unánime. “Ahora tengo que pagar 10 soles diarios, eso es el desayuno de mis hijos”, señaló por ejemplo una vecina del Rímac, declaración que no necesita más comentarios.
Cuando hay capacidad de gestión, eficiencia, honradez, buena fe y diligencia, son mínimos los marcos legales necesarios para que todo marche bien, pero como sucede ahora, la experiencia enseña que la conducción de Lima puede ser tomada por gente que defiende sus intereses personalísimos importándoles nada sus obligaciones y deberes inherentes a sus funciones.
Actualmente, las rutas de transporte se rigen por lo que disponga la municipalidad provincial de Lima (lo mismo es para otras provincias), donde los distritos comprendidos en esta ruta no tienen voz ni voto. Así, tenemos en el caso del Corredor Azul, que hay serio perjuicio para los distritos por donde discurre este tramo, desde el Rímac hasta Miraflores.
Por ejemplo, los distritos están obligados a aceptar buses viejos, contaminantes, ruidos y hasta desperdicios y desorden. Villarán promete ecología, pero los vecinos de Miraflores se quejan de la contaminación causada por los motores de los buses estacionados prendidos frente a sus viviendas y haciendo ruido, además de obstruir el paso.
Perjuicios
- Económico: la gente gasta más en pasajes al tomar más vehículos al no considerarse los tramos hacia los paraderos. Los trabajadores y empleadores sufren pérdidas por tardanzas
- Tiempo: pérdida de tiempo, pues los mismos recorridos demoran más. Los tramos hasta los paraderos no han sido cubiertos, pese a ser de hasta más de 30 cuadras. "caminen para bajar de peso"; dijo con sorna Villarán.
- Salud: la mayor emisión de gases y ruidos no sólo son molestias, sino daño a la salud, además del estrés adicional del caos. Las apretaderas en los buses también aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades como la tuberculosis.
- Seguridad: el caos suscitado también aumenta la posibilidad de robos al paso en los tumulto
Solución
Esto no puede continuar de este modo en Lima ni en ningún sitio. Sería necesario modificar la legislación para que la autorización de rutas deba darse con la participación y consentimiento de los distritos, que previamente deberían recoger un estudio de las necesidades y opinión de los vecinos, quienes tienen un marco legal en las juntas vecinales, pero hay alcaldes que ignoran a las juntas vecinales.
Así los vecinos serían los primeros interesados en vigilar a sus alcaldes y no permitir despropósitos. La ley debería obligar al alcalde distrital a recoger la opinión de los vecinos sobre sus propuestas y llevar el consenso distrital a trato con la municipalidad provincial.
Los transportistas deberían participar por ley con su voz y su experiencia (sin poder decisión para no ser juez y parte, pues deben ser fiscalizados), porque no se puede dejar de lado (fuera de los defectos que puedan tener) su conocimiento de las rutas. Una ruta existe porque ellos constataron la demanda y conocen esos lugares. Sentándolos en una mesa de trabajo muchos problemas podrían haberse evitado y con seguridad habrían aportado mucho más que las consultorías doradas contratadas por Villarán, que de nada han servido, sólo para engordar los bolsillos de consultores incapaces.
Normalmente, con esta participación más amplia se debería llegar a un acuerdo satisfactorio y razonable para todos. Pero, como en toda negociación, el equilibrio puede no llegar al punto razonable, pues podría darse el caso de que la municipalidad provincial y la(s) distrital(es) no lleguen a ningún acuerdo, que planteen visiones totalmente opuestas o que manifiesten intransigencia.
Pero para todo hay solución y ante la falta de acuerdo el Colegio de Ingenieros del Perú podría actuar de árbitro o convocar expertos para arbitraje, con una opinión técnica y final.
Los hechos están demostrando que la concentración de poder y facultades a una municipalidad provincial han devenido en atropellos dictatoriales e inhumanos, tiene que darse un viraje a una óptica más democrática y técnica.
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