El Pleno del Congreso aprobó (con 59 a favor y 14 abstenciones) el texto sustitutorio del proyecto de ley que plantea regular a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial, taxi; es decir, el servicio de taxi por aplicativo con la finalidad de combatir la informalidad y dar seguridad a los pasajeros.
Según los presidentes de la Comisiones de Transportes, Wuilian Monterola, y de Defensa del Consumidor, Miguel Elías Ávalos, se propusieron estos proyectos de ley 1505, 2218 y 2687 debido a las diversas denuncias por robo, maltrato y hasta de violación sexual en contra de taxistas que trabajan con estas empresas.
Las empresas administradoras de plataformas tecnológicas, dispone la norma, tendrán la obligación de registrarse ante los ministerios de Transportes y del Interior la relación actualizada de sus operadores logísticos y tendrán la potestad sancionadora en el marco de sus competencias y funciones.
Finalmente, estas empresas serán solidariamente responsables, en lo administrativo, ante la autoridad pública correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan a cada infractor y representante legal de la empresa.
Sistema de inteligencia nacional
Posteriormente, se aprobó (con 78 votos a favor y se le exoneró de segunda votación) el proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1141 sobre el fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
La labor de inteligencia estratégica tiene como como uno de sus objetivos aportar al presidente de la República y al Consejo de Ministros conocimiento útil para la formulación y ejecución de las políticas públicas de respeto de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra la seguridad, defendiendo la soberanía nacional y promoviendo el bienestar general y el desarrollo integral de la Nación.
Por esta norma, según el congresista Carlos Tubino, las centrales de inteligencia ya no podrán utilizar los recursos económicos reservados a libre discrecionalidad porque tendrán la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Otro de los puntos a resaltar es que las Centrales de Inteligencia serán responsables de implementar mecanismos seguros que permitan la adecuada y eficaz actuación y protección del personal de inteligencia y de su núcleo familiar. (JRG)
