Ricardo Migueláñez
La Comisión Europea dio recientemente luz verde a tres nuevas iniciativas para hacer algo de realidad el Pacto Verde. Entre ellas, además del tratamiento y traslado de residuos dentro de la UE para impulsar la economía circular, e impulsar una nueva estrategia de protección para los suelos de aquí a 2050, propuso aprobar nuevas normas para atajar la deforestación provocada indirectamente por la UE cuando importa, por ejemplo, café, cacao, aceite de palma, madera o carne de vacuno.
Aunque esta última iniciativa sea loable, como recalcan las organizaciones agrarias y cooperativas europeas (COPA-Cogeca), hay una montaña de dudas de que la misma vaya o pueda ser factible de llevar a cabo en el corto plazo-medio plazo. Ya ha habido críticas sobre que su aplicación pueda ser una estrategia más de proteccionismo del mercado interior, contraria a las actuales normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), salvo que también cambien las reglas de esta institución multilateral para adaptarse a lo planteado por la Unión Europea. Algo harto difícil.
El sector productor agrario comunitario recuerda a Bruselas, en primer lugar, lo “fundamental que es que las ambiciones políticas de la UE en este ámbito coincidan plenamente con la legislación actual y con sus intenciones de contar con un comercio justo y una competencia equitativa.”
La Unión Europea, en su calidad de miembro de la OMC, debe cumplir por completo las normas de esta organización y asegurar un sistema de comercio multilateral abierto, equitativo y transparente. Sin embargo, cita el COPA-Cogeca, “la propuesta actual relativa al sistema de referencias, mediante el cual se cataloga a los países, no es compatible con dichas normas” (de la OMC) y, esta incompatibilidad, puede acarrear graves consecuencias en futuras relaciones comerciales y distorsionar la competencia tanto en la UE, como en el mercado global.” ¿Ha pensado la CE en tales consecuencias? Nos imaginamos que sí.
Probablemente, los comisarios europeos, encabezados por el todopoderoso Frans Timmermans, lo que buscan en primer lugar es provocar un debate y una reacción al respecto, sin renunciar a sus convicciones, para continuar trabajando sobre las mismas tanto con los países productores, que podrían verse afectados, apoyándoles a atajar las verdaderas causas de la deforestación, como en el marco internacional (OMC, FAO, OCDE…) con la idea de fortalecer la cooperación internacional con los principales países consumidores, y que sus normas se apliquen y extiendan cada vez más por todo el Planeta.
La propia Comisión, al proponer un nuevo reglamento para atajar la deforestación y la degradación forestal provocadas (con sus importaciones de productos agrarios y no agrarios) por la Unión Europea, pero no solo, recuerda que entre 1990 Y 2020 se han perdido 420 millones de hectáreas de bosque en el mundo, una superficie mayor que el territorio de la UE.
Por ello, el objetivo último que se persigue con las nuevas normas propuestas es que los productos que los ciudadanos europeos compren, utilicen y consuman en el mercado comunitario no contribuyan a la deforestación mundial y a la degradación forestal.
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El papel de los bosques
En muchos casos, la expansión de las tierras agrícolas ligadas a la producción de materias primas (soja, aceite de palma, carne de vacuno, madera, café, cacao, caucho y algunos productos derivados) está contribuyendo a esa deforestación y a la degradación de los bosques, que son un importante sumidero de carbono y tienen un papel de absorción de CO2 que es fundamental para intentar frenar las negativas consecuencias del cambio climático.
El reglamento propuesto establece normas obligatorias de diligencia debida para las empresas que deseen comercializar estas materias primas en el mercado comunitario y su fin es garantizar que solo llegan al mercado de la UE productos legales y que no contribuyen a la deforestación.
¿Y cómo se pretende hace eso? Pues la Comisión Europea quiere utilizar lo que denomina un “sistema de evaluación comparativa” para precisamente evaluar los países y su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal, derivada de las materias primas contempladas en el Reglamento.
Para los agricultores y cooperativas de la UE, el reglamento comunitario debería sustentarse mediante medidas concretas, que garantizaran que su aplicación se lleve a cabo de forma gradual y, además, debería proveer al colectivo de una amplia variedad de soluciones, junto a un plan europeo para la producción de proteínas, con vistas a reducir la dependencia de las importaciones.
Esto, según el COPA-Cogeca, se aplica en particular a los piensos, pues existe el temor de que la subida del precio de estos alimentos para el ganado en el mercado europeo produzca un aumento de las importaciones de productos de origen animal desde países terceros, que no cuentan ni con las mismas normas de trazabilidad, ni con la certificación de productos obtenidos sin deforestación.
Además, añaden, “si no se lleva a cabo una transición adecuada en la aplicación de cadenas de suministros segregadas, podrían verse afectados no solo los costes y los precios, sino también la disponibilidad misma de productos agrícolas básicos conformes al mercado de la Unión.”
En otros términos, existe un claro riesgo que tiene que ver tanto con las consecuencias que la nueva reglamentación comunitaria pueda tener en el mercado internacional, como también con las advertencias sobre lo que puede suceder en el propio mercado interno si, como dice el refrán, “se pone el carro delante de los bueyes.”
Pocos días después de conocerse la propuesta de Bruselas, la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja) salió a la palestra con un duro comunicado, en el que tildaba de nada menos que “colonialista” y de “proteccionismo comercial disfrazado de preocupación ambiental” el proyecto de la UE, que persigue restringir las importaciones de productos agrícolas bajo el argumento de contener la deforestación.
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Aprosoja señaló que la normativa comunitaria puede suponer una “afrenta a la soberanía brasileña”, pues mide con la misma vara la conversión de suelo permitida por las leyes del país y la deforestación ilegal, que ya es castigada por la legislación.” Para esta asociación, “la Unión Europea debe entender que no es más la metrópolis del mundo y que Brasil y el resto de los países de Sudamérica dejaron de ser sus colonias.”
Proyecto francés
Por su parte, Francia, país que ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre de 2022, afirmó que una de sus prioridades durante este periodo será sacar adelante la propuesta para luchar contra la deforestación y prohibir la importación de productos que contribuyan a la misma y, en concreto, asegurando que la soja que se importa desde los países sudamericanos, como Brasil, no procede de selva deforestada.
El Ministerio de Transición Ecológica y la ONG Canopée han desarrollado una herramienta (www.deforestationimportee.fr/fr) para ayudar a los importadores de soja a conocer si esa materia prima básica para la fabricación de piensos procede o no de la deforestación de suelos. En principio, esa herramienta estaría disponible solo para esta oleaginosa importada de Brasil, que es la de mayor “huella” de las que dejan las materias primas importadas en términos de superficie (un 60% de toda la soja importada por la UE procede de ese país).
En la elaboración de esta herramienta se utilizó información de los satélites, que se han cruzado con datos aduaneros “anonimizados” para proteger el secreto comercial. Está previsto un desarrollo posterior, que abarcará otros países y otras materias primas, así como una actualización anual.
Inicialmente, aunque se trata de una propuesta comunitaria, la intención de Bruselas es también intensificar el diálogo con otros grandes países consumidores de soja u otros productos agrarios, para lo cual se comprometerá multilateralmente a mancomunar esfuerzos y a que la UE no actúe sola.
La CE recalca que su intención es la de promover el consumo de productos que no provocan deforestación. Algo que no tiene nada que ver con una política comercial más restrictiva, sino con su objetivo central de reducir no solo el impacto que causa la propia UE (al importar determinados productos) en la desaparición de los bosques y la degradación forestal mundial, sino también la de esperar que las nuevas normas ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la pérdida de biodiversidad.
Yendo mucho más allá, Bruselas considera que la lucha contra la deforestación tendrá también efectos positivos en las comunidades locales, incluidas las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas que dependen en gran medida de los ecosistemas forestales.
En palabras de Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, “mediante estas propuestas asumimos nuestra responsabilidad y hacemos lo que predicamos, reduciendo nuestro impacto mundial sobre la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Si esperamos políticas climáticas y medioambientales más ambiciosas de los socios, nosotros mismos deberíamos dejar de exportar contaminación y apoyar que se evite la deforestación.”
Al final, lo que entra en conflicto no es el objetivo perseguido, sino los medios o instrumentos existentes para hacerlo realidad, sin causar demasiados damnificados. Nada que objetar sobre la constante degradación de los bosques. Quizás sea necesario apuntar, como indica el COPA-Cogeca, que deberíamos centrarnos en aplicar real y fehacientemente los criterios de la actual legislación, antes de establecer criterios y definiciones de sostenibilidad, que aún se están debatiendo en la Unión Europea.
@Rmiguelanez
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