Tras un año del nefasto derrame de petróleo ocasionado por la empresa Repsol en el mar de Ventanilla, la contaminación persiste, así como el daño a los ecosistemas, mientras la empresa se burla del Perú apelando sanción que deberá ser revisada.
Sobre este grave daño al ambiente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala:
A UN AÑO DEL DERRAME DE PETRÓLEO DE REPSOL: LA CONTAMINACIÓN TODAVÍA PERSISTE, LOS ECOSISTEMAS MARINOS NO SE HAN RECUPERADO Y LAS AFECTADAS Y AFECTADOS NO HAN SIDO REPARADOS DE MANERA JUSTA
Las organizaciones miembros del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (1), a un año de haberse producido el derrame de petróleo crudo en el terminal multiboyas N.º 2 de RELAPASAA (Repsol), queremos señalar lo siguiente:
1) Pese a que la empresa ha señalado se ha realizado la limpieza respectiva, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha establecido que existen 71 puntos de contaminación, entre playas, acantilados, áreas naturales protegidas e islas siguen contaminadas; por ello, ha dispuesto desde octubre un plazo de 12 meses para que Repsol presente un plan de rehabilitación. Ante esto se prevé un largo tiempo de espera antes de que las cosas vuelvan a la normalidad.
2) Preocupa que Repsol sostenga que todo está limpio. Entendemos que el petróleo crudo se halla situado principalmente en los sedimentos del fondo marino y en zonas rocosas, pero se desconoce si se cuenta con tecnologías aptas para limpiar el fondo marino sin causar daños y lo qué se está haciendo al respecto.
3) A pesar de la gravedad de lo sucedido, no se conoce hasta ahora cuánto petróleo se recuperó y cuánto permanece aún en el fondo marino, lo que denota una falta de transparencia y vulneración al derecho al acceso a la información de la población local afectada. Conocer estas cifras permitirá tener una idea de las dimensiones de lo que queda por hacer.
4) Si bien se ha determinado que existen daños en la cadena trófica, se requiere determinar sus dimensiones y en qué estado se encuentra exactamente la situación de la fauna marina. Urge saber cuánto tiempo demorará en recuperarse el ecosistema marino para tomar previsiones.
5) El padrón de afectados levantado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) tiene registrados a 10,300 jefes de familia, pero existen otros damnificados que quedaron fuera del padrón que, con justicia, reclaman su incorporación. Es imperante que se determine quiénes son estas personas y se las incluya. Asimismo, es importante precisar que son más de más de 50,000 personas las afectadas por dicho derrame, constituyendo un problema social.
6) Los daños sociales no están contemplados en los planes de contingencia, por ello no existe una respuesta inmediata a ellos. Además, las reparaciones son insuficientes y tardan, han sido determinadas de modo unilateral por quien generó el desastre y el Estado parece carecer de una respuesta organizada para el problema social generado.
7) Al igual que los daños ambientales, los daños a estas familias todavía no ha sido caracterizados ni cuantificados, no se ha determinado conforme a ley cómo y en qué magnitud se han visto afectadas. En enero de 2022, la empresa recibió este requerimiento de información de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), pero hasta la fecha no lo ha hecho. Producto a ello fue sancionada y hasta el momento continúa reusándose a cumplir con el requerimiento.
8) Insólitamente, sin esa información básica de las afectaciones, y sin haber determinado cuánto tiempo demorará la recuperación del mar, Repsol viene negociando una reparación “definitiva” con los afectados. Es decir que, aprovechando de su estado de necesidad, pretende imponerles la recepción de un monto que es arbitrario porque no es producto de la cuantificación de las afectaciones, vulnerando además el derecho al acceso a la información de la población local.
9) Si bien la OEFA ha realizado un gran esfuerzo en la exigibilidad de obligaciones, la verificación de su cumplimiento y proactividad en los procesos administrativos sancionadores, resta aún mucho por hacer, y es crucial que se identifique las principales trabas en el sistema de gestión ambiental que dificultan un mejor desempeño.
10) Asimismo, es importante que OSINERGMIN haga lo propio, siendo que esta entidad es quien debe determinar la causa del derrame y hasta la fecha no existe nada concluyente. Sabemos que en primera instancia se ha impuesto una sanción a Repsol por haber incumplido, antes, durante y después del derrame, medidas de seguridad y de atención a la emergencia. Sin embargo, se carece aún de un pronunciamiento concluyente sobre lo ocurrido en las instalaciones submarinas durante el derrame.
Frente a todo ello, exigimos una respuesta perentoria a las demandas de justicia ambiental, social y económica; y que se lleven a cabo los cambios institucionales necesarios para que desastres como el ocurrido no se repitan nunca más.
Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la CNDDHH
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(1) El Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la CNDDHH está conformado por 19 organizaciones: Amazon Watch, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Cuencas – Red de Asuntos Amazónicos,
Cuencas Sagradas, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), EarthRights International (ERI), Equidad Perú, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo (IDLADS), Instituto del Bien Común (IBC), Instituto Natura, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), OCEANA, Oxfam en Perú, Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), SOA, Vicariato Apostólico de Iquitos y Viernes Por El Futuro.
