Por Alan Fairlie

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Alejandro Foxley
El Canciller chileno Foxley vuelve a la carga, amenazando y señalando de manera impertinente que si el gobierno peruano no cumple con su compromiso de congelar el tema de los límites marítimos ("agenda del siglo XIX"), no habrá un avance en los vínculos económicos y de migraciones ("agenda del siglo XXI").


La actitud no sólo refleja soberbia, sino un reclamo explícito de un compromiso que habría adquirido el gobierno peruano y que está incumpliendo. Demuestra asimismo una vez más que el tema de la creación de la Región Arica Parinacota desconociendo no sólo el problema de límites marítimos pendientes, sino también los límites terrestres definidos en el
Tratado del 29.No era un hecho aislado (como los incautos o los asalariados chilenos en el Perú se encargaron de difundir).

A la actitud cordial lindante con la patería, con la que se ha tratado el delicado tema de la relación bilateral con el vecino del sur, se ha respondido con desplantes, portazos en la cara y una actitud agresiva del que habiendo recibido todo lo exigido, quiere más. Hemos argumentado en otros artículos lo errado de los enfoques que se ilusionan con que la mayor integración "económica" (léase subordinación a la economía chilena), crearía las condiciones para el tratamiento del tema de límites, y reduciría posibilidades de conflicto. También, la política de "cuerdas separadas" que tozudamente insisten en implementar las últimas administraciones del Estado nacional.

Ayer Luchetti y hoy Gildemeister son una muestra de la influencia económica chilena y de los métodos non sanctos, que no tienen reparos en utilizar, con la condenable complicidad de funcionarios estatales locales que deberían velar por el interés nacional. Es preocupante que las declaraciones del Canciller chileno se produzcan en medio del escándalo Gildemeister, como también lo fue en su momento el respaldo del Estado chileno incluido de su presidente a los empresarios de Luchetti cuyas actividades quedaron registradas en videos del SIN.

La reacción del Canciller peruano es correcta, pero insuficiente. Esta muy bien que se recuerde que no habrá futuro armonioso en el siglo XXI sin la solución de los límites marítimos pendientes. Pero, se debe dar una respuesta digna que acompañe esa declaración, y no poner de nuevo la otra mejilla.

Esto supone rescindir los contratos con Gildemeister de inmediato, suspender las negociaciones por la ampliación de la quinta libertad a Lan Chile, descartar de plano toda posibilidad de exportación de gas a Chile y dedicar ese recurso estratégico al cambio de la matriz energética nacional, revisar la presencia chilena en sectores estratégicos (puertos, energía, transporte) y utilizar todo el poder de las compras del Estado para favorecer la industria nacional y a las PYMES, y no a proveedores del sur. Lo mismo en las importaciones de gasolina, en el abuso que se quiere hacer contra las agencias de viaje peruanas.

El gobierno tiene una nueva oportunidad para fortalecer la unidad nacional, recogiendo la bandera de defensa de los sectores productivos nacionales, su soberanía y dignidad. Ya es hora, frente a las reiteradas negativas del gobierno chileno de reconocer el problema de los límites marítimos pendientes, que el gobierno peruano lleve el caso a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. No poner en este momento en el centro del debate la polémica entre la firma de la convención del Mar o la defensa de las 200 millas, y presentar los expedientes que se han trabajado en esa instancia internacional.

También, el gobierno debería proceder a enviar para su revisión por el Congreso nacional, el malhadado TLC con Chile, que el Ejecutivo firmó apresuradamente, sin medir no sólo las consecuencias de la subordinación que este implica, sino al fracaso reiterado en su intento de una respuesta amable del lado chileno frente a los problemas pendientes.

El Canciller y el Presidente deben estar seguros que contaran con el apoyo incondicional de todos los sectores nacionales, si se decide a proceder en consecuencia. No hacerlo, no sólo dividirá al país, sino que pondrá en tela de juicio su interés y/o capacidad en la defensa de los sagrados intereses de la Patria.