Fonavi: del perro del hortelano al perro muerto
Por Humberto Campodónico
¿Qué pasaría si a los acreedores extranjeros que otorgaron un préstamo se les dice que no se les va a pagar porque prestaron para el Proyecto "A" y la plata se gastó en el Proyecto "B"? El acreedor dirá que ese problema del mal uso de los fondos a él no le corresponde. Y que quiere, de todas maneras, la devolución de su dinero.
Guardando las distancias, y algunas diferencias, es lo mismo que está pasando con las contribuciones que miles de peruanos hicieron al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Según el Decreto Ley 22591 de junio de 1979, bajo Morales Bermúdez, el dinero estaba destinado, de manera inequívoca, a la construcción de viviendas para los contribuyentes a ese fondo (Art. 17).
Pero el 27 de mayo de 1992, 7 semanas después del 5 de abril, la dictadura de Fujimori expidió el Decreto Ley 25520, que deroga el Art. 17 y dice que el Fonavi "estará encargado de satisfacer en forma progresiva las necesidades habitacionales mediante el financiamiento de obras de infraestructura sanitaria, la electrificación de asentamientos humanos; (…) el desarrollo de proyectos de destugurización de viviendas y la pavimentación y/o acondicionamiento de vías locales e interdistritales" (Art. 2).
Así, el FONAVI pasó a ser fuente de financiamiento del caudillo neoliberal para "hacer obras" para que el pueblo se las atribuya a él. Lo mismo hizo con el Foncodes, el Pronamachcs, el Instituto de Infraestructura Educativa y de Salud (Infes) y el Pronaa. Cuando escaseó el dinero de Fonavi, en 1998, con la Ley 26969, Fujimori extingue el Fonavi y se crea el Impuesto Extraordinario de Solidaridad.
Pero una parte de los préstamos que el Fonavi hizo a los pobladores para obras de electricidad y que eran cobrados por Edelnor y Luz del Sur no fueron devueltos por estas empresas al Estado, como correspondía. Para el caso de Edelnor, según la Comisión Investigadora de Delitos Financieros (CIDEF) del Congreso, fueron S/. 240 millones, de los cuales, en cordial "arreglo" con el MEF de Boloña, solo se devolvieron S/. 87 millones. Para Luz del Sur, la cantidad fue S/. 126 millones, de los cuales solo se devolvieron S/. 35 millones en noviembre del 2000, cuando Fujimori había fugado.
Algo parecido sucedió con la deuda que el Estado tenía con el IPSS por los aportes pensionarios hechos durante decenas de años, por empresarios y trabajadores. También en 1998 esta deuda, cifrada en US$ 18,000 millones, fue reducida a US$ 1,031 millones con el DU 067-98. O sea que, cuando se trata del dinero de los trabajadores, hasta se reducen las pensiones. Pero cuando se trata de mejorar el salario mínimo vital, pasan años antes que consigan, por lo menos, recuperar su poder adquisitivo.
Durante años la Asociación de Fonavistas ha planteado una solución a sus demandas. Pero, tanto Toledo como García hicieron caso omiso. En la argumentación de los fonavistas, la contribución al Fonavi no es un tributo, lo que ha sido corroborado por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional. Si no es tributo, entonces el Estado no podía gastarla como quisiera y procede su devolución. También el TC se ha pronunciado a favor del referéndum, a lo que se niega el JNE, en abierto desacato a la máxima autoridad constitucional.
El fondo de la cuestión es que el Estado no quiere devolver los S/. 20,000 millones que le adeuda a los fonavistas (para algunos la cifra es mayor) porque se "afecta la Caja Fiscal". Ciertamente, se afecta. Y, para asustar, Alan García ha dicho que habría que subir el IGV en 4 o 5%, como si todo tuviera que pagarse en el cortísimo plazo. Esto equivale a caracterizar a los fonavistas como perros del hortelano, porque encarecerían los productos que consume la población, con un ánimo "mezquino" e individualista.
Pero si el gobierno comenzara por reconocer la deuda a los fonavistas (dejando de lado la política del no pago, es decir, del perro muerto), seguramente soluciones técnicas alternativas serían posibles. Por ejemplo, extender el plazo de pago a 10 o 15 años con construcción de viviendas por MiVivienda; favorecer a los fonavistas de menores ingresos y/o con mayor edad. De lo que se trata es que el Estado reconozca la deuda social que tiene con los que contribuyeron al Fonavi (y no recibieron nada), como lo hace con los acreedores externos. Nada más, pero tampoco nada menos.
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