Chile: Rescatan mineros y aumentan regalías
Por Humberto Campodónico
En medio de la justificada alegría por el rescate de los 33 mineros chilenos, ha pasado desapercibida la aprobación de una nueva regalía minera por la Cámara de Diputados y el Senado de Chile a principios de esta semana. Con este nuevo “royalty”, el gobierno del empresario Sebastián Piñera busca aumentar los ingresos tributarios para financiar la reconstrucción de la infraestructura dañada por el devastador terremoto y el tsunami de principios de año.
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El punto de partida de la nueva ley —producto de un acuerdo entre el gobierno, los partidos políticos que lo apoyan y la Concertación (la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Socialista)— es que las empresas mineras están obteniendo ganancias extraordinarias, de las que también debe participar Chile.
Dice Juan Villarzú, ex ministro y expresidente de Codelco: “Las compañías mineras han tenido utilidades en 2008 y 2009 en torno a los US$12,000 millones. Han pagado impuestos, incluyendo el royalty, por una cifra en torno a los US$ 2,500 millones, es decir cerca del 20%, cifra sustancialmente más baja que la que pagan compañías similares en otras partes del mundo” (www.cooperativa.cl, 8/10/2010).
El “royalty” para los proyectos mineros nuevos será de entre el 5% y el 14% de sus ventas, de acuerdo a la evolución del Margen Operacional (MO), que se obtiene de la división entre la Utilidad Operativa y las Ventas Netas. Si el MO es de 35%, la empresa paga 5% de “royalty”, que va aumentando hasta un máximo de 14% —de acuerdo a una “tablita”— siempre y cuando se incremente también el MO (hasta un tope de 85%).
Como se aprecia, este “royalty” tiene el objetivo explícito de captar la sobreganancia: mientras más alto sea el MO, más se paga. En el Perú, podemos apreciar que las empresas de la gran minería tienen todas los MO superiores al 35%, lo que quiere decir que —con la nueva legislación chilena— el “royalty” a pagar oscilaría entre 10 y 12%, cifra muy superior al 3% —fijo— de regalía que actualmente establece la ley peruana.
Pero la ley chilena también contempla un régimen ad-hoc para las mineras que están ya en operación y que tienen un régimen de “invariabilidad” (en el Perú se llama estabilidad tributaria) hasta el 2017. Como el gobierno considera que a estas empresas no les puede cobrar el nuevo “royalty”, ha establecido incentivos para que comiencen a pagar desde el 2011. En contrapartida, se les extiende la “invariabilidad” por 8 años adicionales. Así, en el largo plazo, las empresas obtienen la misma rentabilidad total, pero comienzan a pagar desde ahora.
El gobierno calcula que esto permitirá recaudar US$ 1,000 millones en 3 años, lo que ayudará a financiar la reconstrucción. Además se va a crear un Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que recibirá US$100 millones por cada año de recaudación. Dos tercios de este fondo irán al gobierno central y un tercio a las regiones.
Las lecciones para el Perú son claras, no solamente en el terreno de la excelente labor del gobierno en el rescate de los mineros —uniendo la tecnología internacional con la experiencia de los técnicos nacionales—, sino también porque, en medio del salvataje, el Congreso siguió trabajando (nota: no viene al caso, en este artículo, resaltar las críticas que en Chile se han hecho a esta nueva ley).
Lo importante es que, sobre la base de nuestra realidad y experiencia, en el Perú se discuta y se apruebe, ya, un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras porque los recursos naturales son de la Nación. De una Nación que se respeta y no de una “republiqueta”, claro está.
www.cristaldemira.com
Dice Juan Villarzú, ex ministro y expresidente de Codelco: “Las compañías mineras han tenido utilidades en 2008 y 2009 en torno a los US$12,000 millones. Han pagado impuestos, incluyendo el royalty, por una cifra en torno a los US$ 2,500 millones, es decir cerca del 20%, cifra sustancialmente más baja que la que pagan compañías similares en otras partes del mundo” (www.cooperativa.cl, 8/10/2010).
El “royalty” para los proyectos mineros nuevos será de entre el 5% y el 14% de sus ventas, de acuerdo a la evolución del Margen Operacional (MO), que se obtiene de la división entre la Utilidad Operativa y las Ventas Netas. Si el MO es de 35%, la empresa paga 5% de “royalty”, que va aumentando hasta un máximo de 14% —de acuerdo a una “tablita”— siempre y cuando se incremente también el MO (hasta un tope de 85%).
Como se aprecia, este “royalty” tiene el objetivo explícito de captar la sobreganancia: mientras más alto sea el MO, más se paga. En el Perú, podemos apreciar que las empresas de la gran minería tienen todas los MO superiores al 35%, lo que quiere decir que —con la nueva legislación chilena— el “royalty” a pagar oscilaría entre 10 y 12%, cifra muy superior al 3% —fijo— de regalía que actualmente establece la ley peruana.
Pero la ley chilena también contempla un régimen ad-hoc para las mineras que están ya en operación y que tienen un régimen de “invariabilidad” (en el Perú se llama estabilidad tributaria) hasta el 2017. Como el gobierno considera que a estas empresas no les puede cobrar el nuevo “royalty”, ha establecido incentivos para que comiencen a pagar desde el 2011. En contrapartida, se les extiende la “invariabilidad” por 8 años adicionales. Así, en el largo plazo, las empresas obtienen la misma rentabilidad total, pero comienzan a pagar desde ahora.
El gobierno calcula que esto permitirá recaudar US$ 1,000 millones en 3 años, lo que ayudará a financiar la reconstrucción. Además se va a crear un Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que recibirá US$100 millones por cada año de recaudación. Dos tercios de este fondo irán al gobierno central y un tercio a las regiones.
Las lecciones para el Perú son claras, no solamente en el terreno de la excelente labor del gobierno en el rescate de los mineros —uniendo la tecnología internacional con la experiencia de los técnicos nacionales—, sino también porque, en medio del salvataje, el Congreso siguió trabajando (nota: no viene al caso, en este artículo, resaltar las críticas que en Chile se han hecho a esta nueva ley).
Lo importante es que, sobre la base de nuestra realidad y experiencia, en el Perú se discuta y se apruebe, ya, un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras porque los recursos naturales son de la Nación. De una Nación que se respeta y no de una “republiqueta”, claro está.
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